Ana Rosa le ‘toca los huevos’ a Sánchez por derrochar 1,6 millones en la campaña de Paco León y no en pulseras antimaltratadores

Colosal.

En su editorial de este lunes 22 de septiembre de 2025, Ana Rosa Quintana ha criticado sin pelos en la lengua que la ministra Ana Redondo se haya fundido 1,6 millones de euros en la campaña de propaganda woke titulada “Por Huevos” mientras ha puesto en peligro la seguridad de las mujeres amenazadas por la chapuza de no gastar adecuadamente el dinero en la gestión chapucera de las pulseras telemáticas.

En su arranque, Ana Rosa ridiculizaba al Gobierno más presuntamente feminista:

Por huevos. Este es el lema de una campaña del Ministerio de Igualdad. Una campaña que aboga por una masculinidad más diversa. Una campaña que ha costado un huevo: nada menos que 1,6 millones de euros. Unos millones de euros que el Ministerio de Igualdad no se gastó en las pulseras antimaltrato. Unos dispositivos que el Gobierno compró en los chinos. Ahora la ministra de Igualdad, Ana Redondo, asegura que es un bulo que las pulseras antimaltrato no funcionasen y que lo que pone en verdadero peligro a las mujeres no es que no funcionasen las pulseras, que funcionaban, sino que es el bulo en sí mismo lo que pone en peligro a las mujeres maltratadas.

Ante este intento de negar la chapuza por parte de la ministra Redondo para proteger a las mujeres, Ana Rosa sentenciaba:

Que se lo digan a las mujeres a las que se les presentaba su maltratador en la puerta sin que saltasen las alarmas. Que se lo digan a los jueces. Este Gobierno instalado en la mentira asegura que es un bulo que recibieran un aviso del Consejo General del Poder Judicial pero La Razón publica hoy que las actas en las que los magistrados avisan de los problemas con el centro COMETA encargado del seguimiento del servicio con localizaciones erróneas y manipulaciones de los maltratadores.

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La Fiscalía General del Estado, que depende del Gobierno, también avisó de los fallos, en este caso de la pérdida de datos y de información que generan una gran cantidad de sobreseimientos y absoluciones. Ahora la ministra de Igualdad carga contra la Fiscalía señalando que hizo una valoración sin datos que ha generado alarma. Como dice la campaña de Igualdad tiene huevos como para hacer una tortilla de patata para un barrio entero.

El demoledor editorial de Ana Rosa Quintana se produce tras varias jornadas donde hemos ido conociendo todo tipo de detalles a cada cual más chapucero sobre lo mal que se han gestionado estos dispositivos básicos para proteger a mujeres amenazadas.

Pulseras telemáticas, crónica de una mega chapuza

El detonante de esta crisis se remonta a una decisión tan ideológica como polémica: la sustitución de la empresa israelí que, durante 15 años, suministró pulseras fiables y tecnológicamente avanzadas. El cambio de proveedor no obedeció a razones técnicas ni de coste, sino a una consigna política: dejar de trabajar con empresas de Israel por motivos relacionados con el conflicto en Gaza. Así lo reconocieron responsables del propio Ministerio de Igualdad y la exdelegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, quien manifestó su incomodidad con el origen de los dispositivos.

El resultado fue la adjudicación del contrato a una unión temporal de empresas (Vodafone y Securitas), que desde su llegada ha acumulado problemas como fallos en la transmisión de datos históricos, con un “vacío informativo” desde marzo de 2024. Además, los dispositivos nuevos no notifican alertas o se pueden manipular con facilidad, generando falsas alarmas o, peor aún, permitiendo a los agresores retirarlos sin consecuencias inmediatas.

También ha causado escándalo que en los equipos por los que se sustituyeron las pulseras israelíes, se pudiera dar una congelación de la ubicación que tuvieran errores de posicionamiento por GPS y que los centros de supervisión de las pulseras no estuvieran equipados con personal suficiente para monitorear los equipos. Todo esto ha provocado desprotección para las víctimas y la consiguiente angustia. Unos fallos, además, que se han producido a pesar de los 35 millones de euros gastados. Para rematar la jugada, la empresa israelí trabajaba con datos encriptados que garantizasen la seguridad de los mismos y la nueva adjudicataria no supo desencriptarlos, lo que ha supuesto la pérdida de información fundamental para procesos judiciales abiertos.