La decisión del Ministerio de Igualdad bajo la dirección de Irene Montero de optar por pulseras antimaltrato más baratas, adquiridas a través de AliExpress, ha desatado una tormenta política y social.
La elección permitió reducir el coste mensual por dispositivo de 591 a 384 euros, un ahorro de cerca de 200 euros mensuales por pulsera.
Chocante es que se preocupase la mujer de Iglesias por el gasto, porque destinó la friolera de 50 millones a las pulseras que dan fallos cuatro meses antes de ser destituida.
Sin embargo, esta supuesta optimización presupuestaria ha tenido consecuencias directas sobre la protección de miles de mujeres víctimas de violencia de género, ya que los dispositivos resultaron defectuosos y, en muchos casos, inoperativos.
Los tremendo es que la socialista Ana Redondo avaló la pifia cuando llegó al Ministerio.
Las advertencias sobre el mal funcionamiento del sistema de pulseras telemáticas para el control de maltratadores llegaron a Igualdad desde el primer día en que Telefónica y Securitas Direct , encargadas del gestionar los datos de los dispositivos, transfirieron la información a las nuevas empresas.
Y la ministra de Sánchez miró a otro lado durante ocho meses, aunque conocía de primera mano el fallo.
El escándalo continúa creciendo tras conocerse que casi 5.000 mujeres recibieron la recomendación oficial de “extremar la precaución” porque las pulseras asignadas fallaban.
Las víctimas, lejos de sentirse protegidas, han estado expuestas a sus agresores por un sistema que Montero defendió pese a las advertencias internas y los informes técnicos que desaconsejaban su implantación.
Un doble escándalo: dispositivos defectuosos y pérdida de datos
El escándalo no se limita a la compra de pulseras defectuosas. El Ministerio de Igualdad, avalado por el PSOE, ignoró las alertas sobre las deficiencias del plan de migración de datos del sistema de seguimiento de maltratadores. El proceso obtuvo una calificación de 3,6 sobre 10 en los informes técnicos. Pese a ello, la adjudicación siguió adelante. El resultado: la pérdida de datos sensibles sobre los agresores y las víctimas, dejando desprotegidas a miles de mujeres.
El plan de migración, según fuentes del propio ministerio, ya había mostrado fallos graves en las pruebas iniciales. Aun así, Igualdad decidió avanzar, minimizando los riesgos y desoyendo recomendaciones de expertos en ciberseguridad y protección de datos. La consecuencia inmediata fue la necesidad de pedir a casi 5.000 mujeres que extremaran precauciones porque no se podía garantizar el correcto funcionamiento de las pulseras ni la localización de sus agresores.
Impacto en la vida de las víctimas
La repercusión de este fracaso institucional ha sido devastadora para las víctimas. Varias organizaciones han denunciado que, durante el periodo en que las pulseras fallaban, muchas mujeres vivieron en un estado de alerta constante, temiendo por su integridad física. La confianza en el sistema de protección se ha visto gravemente dañada.
El propio Ministerio reconoció la necesidad de medidas extraordinarias mientras se solucionaban los errores, lo que implica una aceptación tácita del fallo del sistema. Miles de mujeres han estado expuestas, algunas sin saber que el dispositivo no funcionaba correctamente.
Por su parte, asociaciones de víctimas y expertos en seguridad han señalado que la prioridad debió ser la fiabilidad y no el ahorro.
