Ni una novela negra lo habría imaginado mejor: el sistema de pulseras antimaltrato, diseñado para mantener alejados a los agresores, se convierte en el epicentro de una tormenta política. A día de hoy, 18 de septiembre de 2025, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, enfrenta una ofensiva sin precedentes del Partido Popular (PP), que exige su dimisión inmediata por lo que califica como una “irresponsabilidad criminal” tras los graves fallos detectados en estos dispositivos, dejando a numerosas víctimas de violencia de género en situación vulnerable durante meses.
La polémica no es menor: según denuncias policiales y judiciales, durante al menos cuatro meses, las pulseras telemáticas —herramienta clave para garantizar el cumplimiento efectivo de las órdenes de alejamiento— funcionaron deficientemente, dificultando el trabajo policial y judicial e impidiendo el registro correcto de pruebas esenciales en casos abiertos. El asunto ha adquirido tintes políticos y sociales, generando un debate sobre la gestión y la responsabilidad institucional en la protección de las víctimas.
Advertencias ignoradas y cambio polémico de proveedor
El problema se remonta al cambio de proveedor del sistema. Hasta finales de 2023, el servicio estaba gestionado por Telefónica; sin embargo, la nueva licitación fue adjudicada a Vodafone, compañía sin experiencia previa en este tipo de dispositivos. La expresidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, María Ángeles Carmona, asegura que ya en enero de 2024 se advirtió a Ana Redondo sobre los riesgos del nuevo contrato. Incluso se llegó a constatar que algunas pulseras procedían “de AliExpress”, cuestión que ha alimentado el estupor entre los profesionales del sector.
Las consecuencias no tardaron en aparecer: mujeres que alertaron directamente a la policía porque sus agresores estaban cerca y las pulseras no emitían señal alguna; dispositivos hallados abandonados sin notificación; y un descenso en la confianza judicial en estos sistemas, hasta el punto de que algunos jueces han dejado de considerarlos fiables para proteger a las víctimas.
El PP toma la iniciativa y exige responsabilidades
La respuesta del PP ha sido fulminante. Su portavoz en el Senado, Alicia García, ha reclamado no solo la dimisión inmediata de Ana Redondo sino también la comparecencia urgente de la ministra ante el Pleno del Senado, programada para finales de septiembre. Los populares acusan al Gobierno central —y en particular al Ministerio de Igualdad— de haber ignorado avisos reiterados sobre deficiencias técnicas y haber “jugado con la vida” de las mujeres protegidas por el sistema.
En palabras del propio PP:
- Se exige saber cuántas mujeres se han visto afectadas.
- Cuántos casos judiciales han quedado comprometidos.
- Cuánto tiempo exacto han estado desprotegidas las víctimas.
- Cuántos agresores se han beneficiado del caos administrativo.
No solo se señala a Redondo: desde filas populares consideran que todo el Ejecutivo debería asumir responsabilidades. Para añadir un toque irónico —y no exento de verdad— Alicia García llegó a declarar que “cualquier Gobierno decente pediría perdón y dimitiría en bloque, pero no lo van a hacer”.
La denuncia policial y las consecuencias jurídicas
El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha elevado la voz con contundencia: “El Ministerio llevó a cabo la licitación del nuevo sistema sin prever mecanismos de auditoría ni continuidad en un servicio tan sensible”. El resultado: decenas o centenares de mujeres quedaron desprotegidas y el trabajo policial se vio seriamente obstaculizado. Los propios agentes describen situaciones insostenibles, con un solo policía atendiendo más de cien víctimas. La falta de datos precisos por parte del sistema complicó atestados y procesos judiciales, generando sobreseimientos provisionales e incluso absoluciones por ausencia o defecto probatorio.
Por si fuera poco, desde hace meses se arrastraban advertencias internas sobre fallos recurrentes. Sumar y BNG solicitaron explicaciones parlamentarias tras recibir denuncias desde los propios centros gestores del sistema Cometa. El Ministerio despachó entonces los problemas como “incidentes recurrentes”, minimizando su gravedad ante el Congreso.
El Gobierno responde: matices y explicaciones
Desde el Ejecutivo central se intenta rebajar la tensión. La ministra Ana Redondo ha calificado lo sucedido como un “incidente técnico”, asegurando que todas las mujeres estuvieron protegidas y restando importancia al alcance real del problema. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha defendido públicamente que Igualdad ya ha dado explicaciones suficientes y ha descartado responsabilidades políticas directas.
Sin embargo, esa defensa choca con la percepción generalizada entre sindicatos policiales, asociaciones judiciales y colectivos feministas, quienes insisten en reclamar mayores garantías tecnológicas y transparencia informativa para evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse.
Datos curiosos y paradojas del caso
- En agosto había activos cerca de 5.000 dispositivos telemáticos; sin embargo, algunos jueces han dejado progresivamente de usarlos por falta de confianza técnica.
- Se llegó a detectar que ciertos dispositivos fueron adquiridos a través del popular marketplace chino AliExpress.
- Durante meses, los juzgados recibieron información incompleta o errónea sobre movimientos e incidencias relevantes para dictar medidas cautelares.
- En algunos casos extremos, fueron las propias víctimas quienes alertaron telefónicamente porque el sistema no funcionaba mientras tenían al agresor delante.
En definitiva, una crisis tecnológica convertida en terremoto político cuyo desenlace aún está abierto… Y cuyo eco promete seguir resonando tanto en los pasillos parlamentarios como en los despachos ministeriales.
