¡Begoña y su empleada deben ser puestas en busca y captura y detenidas inmediatamente!

En La Retaguardia de este martes 30 de septiembre, Eurico Campano analiza con Ángeles Ribes y Daniel Lacalle el aluvión de informaciones sobre la corrupción de Begoña Gómez y cómo se ha prevalido de su condición de esposa del presidente del Gobierno para hacer negocios gracias al cargo de su marido.

Y es que la investigación judicial que involucra a Gómez y a su asesora más cercana en Moncloa, Cristina Álvarez, ha cobrado fuerza con la aparición de numerosos correos electrónicos y la inquietante sombra de la malversación de fondos públicos. Este asunto no solo afecta al núcleo duro del Gobierno, sino que también amenaza con minar la confianza ciudadana en las instituciones y reavivar las disputas entre diferentes poderes.

Las acusaciones son serias. Según la investigación en curso, Álvarez, quien ocupa el cargo de asesora en la Presidencia desde 2018, habría utilizado gran parte de su jornada laboral pagada con dinero público para gestionar los negocios de Gómez, especialmente relacionados con la Cátedra de Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense de Madrid. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha presentado al juez Juan Carlos Peinado un informe exhaustivo que desmiente la versión de “favores esporádicos” y revela una dedicación sistemática a actividades ajenas a su función pública.

La relación entre Álvarez y Gómez no se limita a una simple colaboración institucional; parece haber cruzado límites éticos y legales. Los correos analizados muestran que Álvarez actuaba como una auténtica gestora de los intereses privados de Gómez. Negociaba cláusulas contractuales con empresas patrocinadoras como Mercadona, Indra o Reale Seguros, e incluso firmaba documentos en nombre de Gómez desde cuentas personales. En este sentido, hay ejemplos claros donde se gestionaban donaciones, se organizaban conferencias y se redactaban alos índices de los convenios universitarios.

Llama especialmente la atención episodios como el intento de convencer a la empresa Mindway para que cediera el 10% de sus beneficios a la cátedra bajo la amenaza de no poder explotar sus contenidos. También se incluyen gestiones relacionadas con certificados fiscales para empresas colaboradoras. Todo esto, según la UCO, se llevó a cabo durante horas laborales utilizando recursos públicos, lo cual podría constituir un claro caso de malversación y abuso de poder.

El juez Peinado no ha dudado en imputar a ambas figuras y citarlas como investigadas por estos hechos. Tras el informe de la UCO, la versión de la defensa de Gómez se torna ahora más surrealista. Y es que según lo acreditado por la Guardia Civil no cuadra que la asesora no ayudase en sus actividades profesionales y que apenas le pidiera el envío ocasional de algún mensaje. Hay al menos 130 correos electrónicos que desmienten que la asesora realizase esas funciones.

La repercusión mediática y política ha sido inmediata. Desde la Comunidad de Madrid, el consejero Miguel Ángel García Martín ha acusado a Gómez de realizar una “gran espantada” al no presentarse personalmente para declarar. Por su parte, Isabel Díaz Ayuso ha denunciado presiones sobre el sistema judicial y exige explicaciones al presidente Sánchez. En el Congreso, Alberto Núñez Feijóo lidera las demandas por responsabilidades e incluso pide la dimisión del presidente ante lo que califican como “el lodazal” judicial que rodea su entorno familiar y político.

¿Hasta dónde llegará la tormenta?

La gravedad del caso es tal que si se formalizan las acusaciones podría ser juzgado por un jurado popular; una situación que incrementa tanto la presión como el dramatismo del proceso. La Fiscalía Europea ha destapado irregularidades relacionadas con los contratos adjudicados a Juan Carlos Barrabés por un importe de nada menos que 10 millones de euros. Barrabés es un empresario tan cercano a Gómez, que la esposa del presidente del Gobierno envió cartas de recomendación a los ministerios del Gobierno de su marido para que contratasen con sus empresas. Esas cartas podrían ser el pago de Gómez a lo invertido por Barrabés en su cátedra de la Complutense. Esto complica aún más cualquier defensa por parte del Ejecutivo.

El constante intercambio de declaraciones, junto con filtraciones informativas y un silencio institucional notable han convertido esta situación en un verdadero culebrón político mediático. Cada movimiento se examina al detalle; cada correo electrónico tiene potencial para convertirse en dinamita para la estabilidad del gobierno.

Curiosidades y detalles llamativos

• El informe elaborado por la UCO indica que Álvarez llegó incluso a firmar como “Begoña Gómez” utilizando cuentas personales de Gmail; algo insólito para alguien en un alto cargo gubernamental.
• Los correos analizados superan el centenar; según los investigadores evidencian una dedicación exclusiva planificada hacia intereses privados lejos del simple ámbito personal.
• Este caso podría convertirse en uno de los primeros grandes procesos por corrupción en España donde una primera dama es protagonista directa ante un jurado popular.
• El Gobierno defiende que el borrado de metadatos en contratos públicos responde a una práctica automatizada por razones de seguridad; mientras tanto, la Fiscalía Europea apunta a posibles intentos por dificultar el seguimiento adecuado de las adjudicaciones.

A medida que avanza esta investigación y crece la expectación social, muchos se preguntan si este episodio marcará un antes y un después en cómo se percibe la relación entre poder político y transparencia en España. Y si las asesoras en Moncloa podrán pasar también a formar parte del elenco principal en novelas políticas dignas del mejor drama contemporáneo.