¡Begoña puede dormir hoy en prisión! ¡España pendiente del juez Peinado!

En ‘La Retaguardia’ de este lunes 6 de octubre de 2025 nos volcamos con la sexta llamada del juez Peinado a Begoña Gómez a asistir a los juzgados.

El reloj en la esfera política española señala las 17:30 de este lunes en Madrid, hora en la que la consorte del presidente del Gobierno vuelve a ser llamada por el juez Juan Carlos Peinado en el marco de una investigación que ya se extiende por año y medio. Pero la última, ni asistió.

En esta ocasión, el motivo es significativo: le comunicarán que, si el caso llega a juicio, será un jurado popular quien decida su futuro, no solo por presunta malversación, sino también por otros delitos investigados como tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo profesional.

Gómez no estará sola durante este trámite. La acompañan Cristina Álvarez, su asesora en Moncloa, y Juan Carlos Barrabés, un empresario vinculado a adjudicaciones públicas bajo sospecha. Esta citación —la sexta para Gómez— se ha convertido casi en un ritual: en las dos primeras ocasiones guardó silencio; en las siguientes solo respondió a su defensa; y en la última ni siquiera se presentó, delegando su representación en su abogado, el exministro socialista Antonio Camacho.

Aunque a decir verdad también es una probabilidad que vuelva a ausentarse. Lo que sí parece una exageración propia del periodismo patrio es que Begoña pueda dormir hoy en prisión, pero estaremos atentos a lo que pase en ese juzgado.

Repasamos todo ello de la mano de la alcaldesa de Torrelodones, Almudena Negro, y del redactor de Periodista Digital, César Sinde.

El papel del jurado popular y las posturas encontradas

El avance hacia un juicio con jurado popular representa un punto crucial. Según establece la legislación española, este tribunal ciudadano tiene competencia para juzgar delitos como malversación y tráfico de influencias. Además, el Supremo ha determinado que si los delitos están conectados deben ser juzgados conjuntamente por el mismo jurado.

• Las defensas —incluida la de Gómez— insisten en solicitar el archivo del caso argumentando la carencia de indicios sólidos y criticando lo que consideran una “persecución mediática y política”.
• Por otro lado, la Fiscalía ha mantenido reservas desde el inicio del proceso. Mientras tanto, las acusaciones populares organizadas por plataformas como Hazte Oír intensifican su estrategia e insisten en profundizar hasta esclarecer todos los detalles del asunto.

La vista programada para este lunes no constituye un interrogatorio formal; es más bien un trámite legal destinado a concretar la imputación y definir cómo continuará la causa. Sin embargo, existe una gran expectación. No se descarta que los investigados decidan no comparecer personalmente nuevamente y opten por delegar esta responsabilidad en sus abogados, amparados por una circular de la Fiscalía que permite dicha opción durante estos trámites.

Repercusiones políticas y posibles escenarios

Este caso ha trascendido lo judicial para convertirse en el centro del debate político y mediático español. Se alimentan teorías sobre cómo podría afectar a la estabilidad del Gobierno y sobre si se está utilizando la justicia como arma arrojadiza.