Era previsible.
El Gobierno de Pedro Sánchez ha propuesto a Teresa Peramato Martín como nueva fiscal general del Estado, tras la controvertida salida de Álvaro García Ortiz, condenado a dos años de inhabilitación por revelación de secretos.
Peramato, actual Fiscal de Sala Jefa de la Sección Penal del Tribunal Supremo y experta en violencia contra la mujer, ha sido respaldada por el Ejecutivo como una figura de «reconocido prestigio». Sin embargo, su designación no ha estado exenta de polémica: Peramato es conocida por su firme defensa de la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, impulsada por la exministra de Igualdad Irene Montero y popularmente conocida como la ley del ‘solo sí es sí’, que ha sido duramente criticada por facilitar la excarcelación de más de 126 agresores sexuales y la rebaja de penas a 1.233 condenados desde su entrada en vigor en 2022.
La propuesta llega en un contexto de alta tensión política, coincidiendo con el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Fuentes del Ministerio de Justicia destacan la experiencia de Peramato en la Fiscalía contra la Violencia sobre la Mujer, donde entre 2021 y 2025 impulsó informes y protocolos para proteger a las víctimas. No obstante, desde PP y Vox han calificado el nombramiento de «continuismo ideológico», recordando que Peramato fue presidenta de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), la misma asociación de la que proceden sus predecesores Dolores Delgado y García Ortiz.
La sombra más alargada sobre Peramato es su respaldo explícito a la ley de Montero, a la que describió en 2023 como una norma con «muchísimas cosas buenas» que representa «un paso adelante para proteger a las víctimas».
Para analizar esta y otras cuestiones, Josué Cárdenas pasa revista a la actualidad política del momento en una nueva edición de ‘La Burbuja’.
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