Alfonso Rojo: «¿¡Cómo hemos podido llegar a esto!?»

Cierren los ojos, damas y caballeros, y reflexionen conmigo.

¿Cómo es posible que una banda integrada por un portero de puticlub, un viciosillo aparatchik socialista aficionado a las ‘pilinguis’, un electricista ambicioso con la mano tan larga como dura y una recua de paniaguados, dirigidos por el amoral yerno de una familia de proxenetas, se haya hecho con España?

Y no de forma breve, porque llevan más de siete años controlándolo todo y siguen, indiferentes a la ley, la lógica o la Justicia.

Aunque nosotros, desde Periodista Digital, confundiendo quizá deseos con realidades, apostamos a que esto revienta y tendremos elecciones generales antes del verano, son mayoría quienes creen que al trilero Sánchez no lo sacamos de La Moncloa ni con disolvente, por lo que seguirá perpetrando tropelías hasta finales de 2027.

La última, que apesta a cortina de humo destinada a intentar tapar su responsabilidad criminal en la muerte de 46 personas por el descalabro de los trenes, es el decreto pactado con Podemos para regularizar a mogollón a medio millón de inmigrantes ilegales. Incluyendo, por supuesto, a los delincuentes que todavía no hayan sido condenados en sentencia firme.

No voy a entrar en detalles, porque el marido de Begoña es muy capaz de arrojar a patadas a esos desventurados al mar, si mañana le viene bien y necesita los votos de los xenófobos de Junts o de los peseteros del PNV.

Prefiero centrarme en esa memez que repiten como loros los soplagaitas de la Brunete Pedrete mediática, de que no hay que politizar el dolor de las víctimas ni señalar culpables. hasta que no haya un informe técnico definitivo de lo que sucedió en Adamuz.

En una democracia decente, cuando sucede una tragedia como la que acabamos de sufrir, la responsabilidad política es inmediata.

El Gobierno Sánchez es el regulador y gestor del sistema ferroviario español.

Es quien decide sobre el estado de las vías, el número de trenes que circulan por ellas, qué compañías pueden hacerlo, así como las frecuencias y condiciones en las que se viaja. También quien organiza y trufa de enchufados las empresas que se encargan de ello y supervisa la labor de las compañías privadas que realizan obras o mueven convoyes.

Incluso en el caso de un sabotaje, tendría que rendir cuentas por su error en el sistema de seguridad o en los controles.

Estoy seguro de que ni Sánchez ni Puente ni Marlaska ni Montero querían matar a nadie, pero hay 46 cadáveres sobre la mesa y los políticos deben asumir la culpa.

Y no dentro de unos años, sino ya.