El Gobierno tiene medios para multar a conductores desde el aire pero no para detener la avalancha de inmigrantes ilegales

La Dirección General de Tráfico tiene 11 helicópteros operativos para vigilancia de las carreteras y sanción de los conductores que realicen cualquier conducta contraria al Código de la Circulación.

Estos aparatos cuestan 3,4 millones de euros la unidad a los que es preciso sumar otros 170.000 euros del radar Pegasus. Con este equipamiento, el organismo de Pere Navarro es capaz de imponer multas a conductores con aeronaves situadas estando hasta a un kilómetro de distancia y hasta a 700 metros de altura con respecto al vehículo a sancionar.

Para mantener estas cajas registradoras operativas los próximos 38 meses, el Ejecutivo ha adjudicado tiempo atrás un contrato por valor de 51 millones. Y es que una sola hora de vuelo de estos helicópteros cuesta en torno a 3.000 euros.

Por si los 11 helicópteros no fueran suficientes para la vigilancia y la imposición de multas, la DGT tiene también 39 drones sobrevolando las carreteras. De ellos, 23 aparatos tienen capacidad sancionadora.

Pero, a diferencia de los helicópteros Pegasus, los drones no multan por exceso de velocidad. Su función principal es sancionar por uso del teléfono móvil al volante, no llevar cinturón de seguridad o hacer mal uso de él o transportar niños sin sistemas de retención infantil. Los drones también sancionan por adelantamientos incorrectos o por no respetar las normas de prioridad de paso. Estas aeronaves suelen volar a una altura de 120 metros y operan en un radio de acción de aproximadamente 500 metros respecto al piloto. Su autonomía de vuelo ronda los 20 a 40 minutos dependiendo del modelo.

¿Y para defender nuestras costas? Nada.

El despliegue de medios de vigilancia en las carreteras y la eficacia conseguida para multar contrasta notablemente con la falta de vigilancia de nuestras costas y aguas jurisdiccionales y de las rutas de llegada de inmigrantes ilegales hacia Canarias o Baleares. La ausencia de mecanismos de control impide hacer volver a sus puertos de salida a los barcos que remolcan pateras o cayucos e impedir así la llegada de inmigrantes ilegales.

Tanta vigilancia de las carreteras con esta profusión de medios aéreos contrasta con la ausencia de vigilancia de nuestras costas y aguas jurisdiccionales.

Los cayucos que llegan a Canarias arrastrados por Salvamento Marítimo, en realidad salen remolcados por barcos nodriza desde Senegal o Mauritania a 1.400 kilómetros al sur de Canarias, como acreditan vídeos de FRONTEX.

Cuando están relativamente cerca de territorio español, los inmigrantes ilegales dejan el buque nodriza, se pasan a la patera o cayuco y el barco principal se va. Es en ese momento cuando las mafias llaman a Salvamento Marítimo para que vayan a buscarles y les remolquen a territorio español.

Ante este modus operandi, el Capitán de la Armada Miguel Ángel Garat ya explicó el método de control de los fliujos migratorios que salen de África rumbo a las Islas Canarias, Baleares o la Península. La disposición de medios áreos de vigilancia y de buques de la Armada para hacer volver a puerto a los barcos remolcadores de cayucos y de esta manera, conseguir evitar la llegada de ilegales a Canarias o Baleares.

Sin embargo, el Gobierno prefiere enviar a Salvamento Marítimo a remolcar a las embarcaciones de inmigrantes ilegales, llevarlos a Canarias y de ahí trasladarlos a la Península para alojarlos en hoteles o centros de menas a cargo del bolsillo de los españoles y gastando millones de euros.