El capitán Bonilla demanda al ministro Óscar López y le exige 350.000 euros por intentar mancharlo con el bulo de la bomba lapa

Juan Vicente Bonilla, excapitán de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil y figura clave en operaciones anticorrupción que han sacudido al Gobierno de Sánchez, ha presentado una demanda por vulneración del derecho al honor contra Óscar López, ministro de Transformación Digital.

La cantidad solicitada en concepto de indemnización es de 350.000 euros. El motivo: López difundió desde su cuenta oficial en redes sociales un bulo que relacionaba a Bonilla con la colocación de una bomba lapa bajo un vehículo.

La historia la destapó la periodista Ketty Garat en The Objective, el mismo medio al que Pedro Sánchez descalificó desde la tribuna del Congreso como «tabloide amarillo» cuando sus informaciones resultaron incómodas para La Moncloa. El mismo medio que luego demostró que tenía razón.

En 2025, Óscar López publicó en sus redes sociales una supuesta noticia que señalaba a Bonilla como responsable de haber colocado un artefacto explosivo bajo un coche. La información era completamente falsa: no existen pruebas ni documentos que vinculen al excapitán con ningún acto de esa naturaleza. López, que como ministro de Transformación Digital tiene entre sus responsabilidades formales la lucha contra la desinformación, amplificó el bulo sin verificación elemental desde su cuenta oficial, dotándolo de la credibilidad institucional que un cargo ministerial confiere.

El tuit fue posteriormente borrado. Las capturas lo han inmortalizado.

Bonilla no es un ciudadano anónimo que pueda ser difamado sin consecuencias mediáticas. Es un exmilitar condecorado que ha participado en operaciones contra la corrupción que han generado los informes de la UCO más demoledores para el Gobierno: los que documentan las conversaciones de Ábalos preguntando por sus comisiones, los que describen el sistema de sobornos del caso Koldo, los que han llevado a peticiones de 24 años de prisión para el exministro de Transportes.

Según argumenta la demanda, la difusión del bulo por parte de López le ha causado daños concretos y cuantificables: pérdida de contratos, acoso en redes sociales y daño a su entorno familiar. Los 350.000 euros solicitados no son solo una compensación económica: son un mensaje dirigido a detener la práctica de usar cargos institucionales para destruir la reputación de quienes investigan la corrupción.

El caso Bonilla-López no es un episodio aislado. Es la expresión más reciente de un patrón que el Gobierno de Sánchez ha aplicado sistemáticamente contra quienes lo incomodan: el ataque a la credibilidad de la fuente como sustituto de la refutación de los hechos.

Cuando los informes de la UCO documentaron las grabaciones del caso Koldo, La Moncloa habló de montaje policial. Cuando The Objective publicó informaciones sobre Adif que resultaron ser ciertas, Sánchez la llamó «tabloide amarillo» desde la tribuna del Congreso. Cuando Montero fue confrontada con las pruebas contra su número tres en Hacienda, habló de «bulos» y «pseudomedios». Cuando Iker Jiménez cubrió asuntos incómodos para el Gobierno, Sánchez lo calificó de «periodismo basura».

La mecánica es siempre la misma: no refutar los hechos sino atacar a quien los publica o investiga. Óscar López, el ministro que debería ser el guardián de la verdad digital en España, aplicó esa mecánica con el excapitán Bonilla desde su cuenta oficial, con el peso institucional de un cargo ministerial detrás de cada tuit.

Las consecuencias posibles

Si la demanda prospera, las consecuencias van más allá de la indemnización económica. Sería la primera vez que un ministro del Gobierno de Sánchez es condenado judicialmente por difundir desinformación desde un cargo institucional, con todo lo que eso implica en términos de precedente político y credibilidad personal.

El PP ya ha movido fichas en el Congreso ante este asunto, con interpelaciones sobre el uso de redes sociales por parte de los ministros y propuestas de reformas éticas para la comunicación oficial.

Ketty Garat, autora del reportaje que destapó el caso, lo resume con la precisión de quien lleva tiempo documentando este Gobierno: «Datos comprobables, no bulos». En sus intervenciones en Onda Cero ha señalado la ironía de que Sánchez critique la desinformación desde la tribuna mientras sus ministros la practican desde sus cuentas oficiales.

Bonilla lleva veinte años después de su paso por la UCO siguiendo tramas que ahora salpican al PSOE. El ministro que lo difamó gestiona la política digital de un gobierno que ha convertido la batalla contra los «bulos» en uno de sus principales argumentos de campaña.

La demanda pregunta, con 350.000 euros de por medio, quién verifica al verificador.