Eduardo Garzón ‘sentencia’ sin quererlo a CCOO por su ruina económica

Se acaba el chiringuito.

La Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CCOO) en Castilla y León, ha declarado la ‘emergencia’ por su falta de liquidez ante el fin de las subvenciones del Ejecutivo regional.

El fin de las ingentes cantidades de dinero público ha hecho que CCOO haya iniciado un proceso de Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) a más de la mitad de la plantilla en la Comunidad Autónoma.

Si bien en principio se hablaba de hasta el 60% de la plantilla, ahora estiman que se aplicará ‘solo’ al 50% de los trabajadores.

Ante la ‘dramática situación’, la organización sindical de izquierdas ha emitido un comunicado para entre cosas denunciar que los “400.000 euros recibidos en abril de 2023” por parte de la Junta castillo leonesa “no son suficientes”.

Además, acusan al partido de Bambú de aplicar “políticas antiobreras y vulneración de derechos de las personas trabajadoras”.

Cabe recordar que la Consejería de Industria, Comercio y Empleo de la Junta de Castilla y León, dirigidas por Mariano Veganzones (VOX), redujo en más de 20 millones de euros el aporte que realizaba el Ejecutivo regional a los sindicatos y patronales.

Hace unos meses, Veganzones indicó que iba a reducir hasta en un 38,9% la partida para la Dirección General de Riesgos Laborales hasta alcanzar los 26,5 millones de euros indicando que se buscaba una “gestión más eficiente y eficaz” del dinero de todos los contribuyentes.

A esta reducción de las subvenciones, se añade el problema presupuestario en el Servicio Regional de Relaciones Laborales (SERLA), que amenaza la viabilidad de un organismo que vive de las ‘paguitas’ del Estado.

En este punto, desde CCOO señalan incluso que deberían ampliar la plantilla para garantizar el buen servicio del SERLA y cumplir con “la responsabilidad de servicio público que tiene asignado”.

Inciden que el SERLA, que comenzó sus actividades tramitando conflictos colectivos en el año 2000, que en este 2023 van a atender más de 5.000 conflictos individuales, además de los colectivos, con siete personas en la plantilla. “Este año lleva tramitados, y va a tramitar, el número más alto de procedimientos desde sus inicios”.

Esta situación de CCOO, dependiendo solo del dinero público y no del aporte de sus miembros como debe funcionar un sindicato, termina siendo criticada por el comunista Eduardo Garzón sin quererlo.

El hermano del ministro de Consumo y líder de Izquierda Unida, Alberto, aseguró en la red social X, antes Twitter, que si una empresa no es capaz de pagar un salario, debe cerrar.

«Si una empresa no puede pagar unos míseros 950 euros al mes, mejor que desaparezca. Ya hará la misma actividad otra empresa o institución más capaz y competitiva».

Esta afirmación la hizo como defensa de la subida del Salario Mínimo. En ese entonces, el que también fuera asesor económico en el Ayuntamiento de Madrid con Manuela Carmena criticaba a las empresas que se quejaban por no tener ingresos suficientes para aplicar la medida.

“¿De verdad queremos un país en el que las empresas sólo puedan salir adelante pagando salarios inferiores al nivel mínimo necesario para subsistir?».