Inda vuelve a hacer morder el polvo judicial a Pablo Iglesias mientras que Irene Montero se lleva un revés en el Supremo

No corren buenos tiempos para los ‘marqueses de Galapagar‘.

Pablo Iglesias e Irene Montero acaban de llevarse dos buenos revolcones en diferentes instancias judiciales.

Por partes, que diría Jack El Destripador, el fundador de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, se vuelve a estrellar ante el periodista Eduardo Inda al que la Justicia, una vez más, le da la razón frente a los caprichos del picapleitos morado.

La Audiencia Provincial de Madrid desestimó el 15 de noviembre de 2023 el recurso de apelación interpuesto por Iglesias y Podemos contra la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia número 33 de Madrid que negaba que Eduardo Inda hubiera vulnerado el honor del ex líder podemita al acusar a su partido de financiarse ilegalmente con fondos procedentes de los gobiernos venezolano e iraní.

Esas afirmaciones del director de ‘OkDiario‘ fueron vertidas en ‘El Programa de Ana Rosa’ de Telecinco. En la sentencia, los magistrados de la Audiencia Provincial defendieron la veracidad de lo afirmado por el periodista navarro y dictaminaron que «no puede considerarse que el requisito de veracidad no concurra en el presente caso».

Pero tampoco obtuvo mejores resultados la ya exministra de Igualdad en el ámbito judicial.

El Tribunal Supremo condenó en costas a Irene Montero tras presentar un recurso de oposición a la ejecución de la sentencia por llamar «maltratador» a la pareja de María Sevilla, expresidenta de Infancia Libre.

Aunque la política populista cumplió la sentencia en el límite del plazo impuesto de 20 días teniendo que pagar 23.400 euros, borrar el mensaje colgado en Twitter y publicar la sentencia, ya había presentado recurso en el Tribunal Supremo y había solicitado amparo ante el Tribunal Constitucional.

Sin embargo, en la primera instancia, varapalo para Montero, ya que quedó desestimada la oposición a la ejecución planteada por la Abogacía del Estado, en la representación que ostenta y manda seguir adelante con la ejecución despachada. Además se le imponen las costas del incidente a la parte ejecutada.