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La fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, declaró este jueves ante el Tribunal Supremo como investigada, junto al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en el caso de la filtración del correo electrónico del abogado de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso.
A diferencia de García Ortiz, Rodríguez respondió las preguntas de su defensa, que al igual que la del fiscal general corre a cargo de la Abogacía del Estado, y a las del juez instructor. Siguiendo la línea de su jefe, tampoco contestó a las formuladas por las acusaciones.
En su comparecencia, que duró alrededor de una hora, Rodríguez negó rotundamente haber filtrado información y se desvinculó de las acusaciones que la señalan como coautora del comunicado oficial difundido por la prensa de su Departamento, el día 14 de marzo de 2024, con datos reservados de González Amador.
Sin embargo, la fiscal confesó que recibió instrucciones por parte del Fiscalía General del Estado para acceder y remitirle el expediente de la causa contra González Amador, pero que no le dio explicaciones detalladas sobre la solicitud ni para qué iba a usarlo. Ha afirmado que solo envió información a García Ortiz y que no sabe qué hizo él con ella.
“Cuando me da una instrucción tengo que actuar, no cuestionarlo», ha asegurado.
Para intentar quitar responsabilidad a su jefe, afirmó que hasta 500 personas pudieron tener acceso directo a la denuncia de Fiscalía, y que al menos 60 personas tuvieron acceso al contenido del correo. Incluida la “señora de la limpieza”, señaló con ironía.
Rodríguez dijo que tampoco “cuestionó” la urgencia para conseguir el expediente. La premura le llevó a sacar de un partido de fútbol al fiscal Julián Salto, que investigaba a la pareja de Ayuso, para que le remitiera los correos intercambiados con la defensa de González Amador para ser usados en la redacción de la nota de prensa, difundida el 14 de marzo, para contrarrestar una información publicada en ‘El Mundo’ en la que se aseguraba que fue la Fiscalía quien ofreció un acuerdo para concluir el proceso.
El testimonio de Rodríguez complica a su jefe ya que al afirmar que solo a él le reenvió los correos recibidos, fortalece los indicios expuestos por el magistrado Ángel Hurtado que instruye la causa de que García Ortiz difundió los correos a la prensa afín al sanchismo y a la Presidencia del Gobierno.
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