Sánchez y Bolaños mueven ficha: la ‘ley Koldo’ para blindar a los suyos ante las grabaciones de la UCO

En plena canícula política, Pedro Sánchez y su equipo han decidido tomar la iniciativa ante uno de los mayores escándalos recientes que salpican a su Gobierno: el conocido como caso Koldo, tal y como cuenta ‘The Objective’.

El Ejecutivo ha puesto sobre la mesa un anteproyecto de ley orgánica que, si prospera, podría cambiar radicalmente las reglas del juego sobre el uso judicial de grabaciones privadas, especialmente aquellas que no cuenten con autorización judicial previa.

En otras palabras, se prepara lo que muchos ya denominan la ‘ley Koldo’, una normativa a medida cuyo objetivo es frenar los efectos devastadores de los audios recogidos por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en su último informe sobre presuntas mordidas y amaños en contratos públicos que involucran a pesos pesados del PSOE como José Luis Ábalos, Santos Cerdán y el propio Koldo García.

El movimiento del Gobierno no llega por casualidad. El terremoto mediático y judicial provocado por las filtraciones y el contenido explícito de las grabaciones ha dejado muy tocada la imagen del Ejecutivo y del partido en un momento especialmente delicado, con varias investigaciones abiertas y la oposición pidiendo cabezas. Si en política el timing lo es todo, Sánchez parece dispuesto a evitar un otoño negro recurriendo al BOE antes de que los jueces dicten sentencia.

¿Qué dice realmente la ‘ley Koldo’? Claves del anteproyecto

El borrador legal, debatido este mismo jueves en la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios (CGSEyS), plantea una ampliación significativa del concepto de “intromisión ilegítima” en los derechos al honor, intimidad y propia imagen. El artículo 7 establece que se considerará intromisión ilegítima cualquier “emplazamiento o utilización de sistemas de escucha o cualquier otro medio apto para conocer, grabar o reproducir la vida íntima” de una persona. Es decir, no solo se prohíbe grabar sin permiso judicial; también se pretende invalidar cualquier material obtenido por métodos similares, aunque sea relevante para una causa penal.

Eso sí, el texto introduce una excepción: las actuaciones autorizadas por jueces o policías seguirán siendo legales. Pero aquí está el quid: buena parte de los audios clave del caso Koldo fueron realizados sin ese paraguas judicial, lo que podría abrir la puerta a su anulación como prueba en procesos futuros.

La disposición transitoria única añade más leña al fuego: los procedimientos judiciales ya iniciados seguirían bajo las normas vigentes, pero todo lo que esté pendiente podría verse afectado si entra en vigor la nueva ley. Las dudas jurídicas están servidas.

El trasfondo: Ábalos, Koldo y Cerdán en el ojo del huracán

El escándalo comenzó a escalar cuando se hicieron públicos los audios grabados por Koldo García, exasesor de Ábalos y figura clave del entramado. En estos archivos —ocho grabaciones principales según los informes filtrados— se escucha a Koldo hablar abiertamente con Ábalos sobre pagos pendientes por adjudicaciones públicas y con Santos Cerdán sobre gestiones internas relacionadas con esos supuestos cobros. Según los investigadores, solo en comisiones ilegales ligadas a contratos con Acciona se habrían movido hasta 620.000 euros entre los principales implicados.

No es solo cuestión de cifras. En uno de esos audios, Ábalos reconoce haber recibido 210.000 euros y admite que quedan otros tantos pendientes. Las grabaciones, almacenadas celosamente por Koldo —que según crónicas recientes habría continuado grabando hasta este mismo año— incluyen además conversaciones con miembros destacados del PSOE e incluso detalles sobre negociaciones delicadas con otros partidos.

Un PSOE cercado: estrategia defensiva… ¿o huida hacia adelante?

La aprobación de esta ley supondría un giro copernicano en las reglas del juego judicial para los casos de corrupción política. Los críticos —desde la oposición hasta juristas independientes— ven detrás del anteproyecto un intento claro de blindar judicialmente a quienes puedan verse afectados por investigaciones futuras, más aún cuando las pruebas estrella sean audios comprometidos obtenidos sin orden judicial.

Desde Moncloa se insiste en que solo buscan proteger derechos fundamentales y evitar “abusos” mediáticos o judiciales mediante grabaciones ilícitas. Sin embargo, nadie escapa al contexto: el propio Sánchez despidió fulminantemente a Ábalos tras firmar este su último contrato bajo sospecha… horas antes de que estallara el escándalo definitivo.

Mientras tanto, Koldo García mantiene bajo llave más grabaciones comprometedoras según fuentes próximas al entorno socialista, con conversaciones aún inéditas que podrían sacudir todavía más al partido gobernante si ven la luz pública.