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Retratado.
El periodista Carlos Alsina ha dejado a la altura del betún al presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, por su Plan de Acción por la Democracia, a la que hemos bautizado como ‘Ley Begoña‘, porque con ella que pretende ajustar cuentas con la prensa crítica por el ‘atrevimiento’ de informar los escándalos de corrupción que cercan a su Ejecutivo, a su partido y, especialmente, su círculo íntimo.
“Si los medios críticos, aliados del mal, no le dan el gobierno hoy el menor margen de confianza, al final, cosecha lo que ha sembrado. Pareciera que los medios afines esperaban algo más que veintiocho folios de enumeración de intenciones la mayoría de las cuales requieren, para traducirse en algo, de una mayoría parlamentaria que el gobierno no tiene amarrada”.
En este sentido, considera que las intervenciones del ministro de Presidencia, Félix Bolaños o el de Cultura, Ernest Urtasun, fueron solo una declaración de intenciones, que si bien retrata el talante autoritario de este gobierno y que deben generar alerta, no tienen fácil aplicación.
“Cada vez que ayer un ministro dijo ‘vamos a reformar tal o cual ley’ lo que estaba diciendo era en realidad era ‘queremos meterle mano a tal o cual ley pero ya veremos si tenemos los diputados suficientes para hacerlo’”.
El presentador de Más de Uno recuerda que a diferencia del ‘adanismo’ enarbolado especialmente por Urtasun, ya existen regulaciones sobre quién puede optar a una licencia de radio, qué publicidad pueden incluir los periódicos, qué contenidos se pueden difundir según el horario, sobre la protección de la intimidad, el derecho al honor, el derecho de rectificación o el delito de difamación.
“Debe de ser porque cayó todo esto un día del cielo sin que nadie supiera por qué, no porque antes de que gobernara Sánchez y antes de que existiera este partido menguante, y muy minoritario, de nombre Sumar los parlamentos en España hubieran hecho política mediática”.
Alsina reflexiona sobre las medidas anunciadas y desarma el relato oficial al proponer unas medidas que el propio Sánchez y su gobierno podrían implementar inmediatamente para predicar con el ejemplo, sin necesidad de aprobar ni modificar ninguna ley.
“Ruedas de prensa obligatorias del presidente todos los meses en las que puedan preguntar todos los medios acreditados. Y que sean dirigidas por asociaciones profesionales de la prensa, no por un empleado del presidente, como ocurre ahora.
Obligación de quien ejerza la portavocía del Gobierno a responder a lo que se le pregunta en lugar de soltar mítines contra el líder de la oposición en la Moncloa.
Obligación de difundir cuántos minutos de su tiempo ha dedicado el gabinete del presidente a gobernar y cuántos a distribuir munición contra la oposición entre medios y opinadores en las tertulias. Especificando en qué norma, ley o reglamento está escrito que una de las funciones del gobierno sea denigrar cada día a la oposición.
Obligación de conceder entrevistas a todos los medios de comunicación en igualdad de oportunidades y en lugar de sólo a aquellos a los que el gobierno quiere privilegiar informativamente, como hace ahora.
Obligación de difundir, con toda transparencia, las comunicaciones habidas entre el personal de la Presidencia del Gobierno y medios de comunicación: quién ha llamado a quién y para qué.
Así, si el presidente llama al director de un medio para presionarle con el fin de que no publique una información que le incomoda, todos podríamos saberlo y sacar conclusiones”.
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