La sucia maniobra de Pedro Sánchez para salvar a Ximo Puig y tapar la corrupción socialista

La rebaja del delito de malversación, una modificación del Código Penal a la carta de los socios independistas del Gobierno de Pedro Sánchez, no solo va a beneficiar a los indultados del ‘procés’.

Sánchez es un especialista en cortinas de humo y mientras la opinión pública mantiene el foco informativo en las rebajas de condenas a los malversadores dirigentes entonces de la Generalitat catalana, en otro Palau, en otra Generalitat, la valenciana, están atentos y esperanzados con esa rebaja de las penas…

Y es que ese recorte de la carga penal puede provocar que se dé carpetazo judicial a las investigaciones, sobre la presunta trama de financiación irregular y comisiones ilegales de los socialistas valencianos, que tan brillantemente están desarrollando los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil porque la rebaja de las penas por malversación lleva aparejada una rebaja también del periodo de prescripción de estos delitos.

La modificación del Código Penal podría provocar el archivo y fin de las actuaciones e investigaciones del llamado caso Azud. Una maniobra de Sánchez que salvaría al PSOE de Ximo Puig, salpicado de lleno por esta red presuntamente corrupta que incluso, tal y como les hemos contado en Periodista Digital, llegó a financiar la campaña de primarias del ahora presidente valenciano contra Jorge Alarte, su entonces rival para liderar el PSPV.

En este sentido, tal y como recoge Libertad Digital, el artículo 131 del Código Penal recoge la clave a esta última trampa del Gobierno de Sánchez. Ese artículo regula que «los delitos prescriben: A los veinte años, cuando la pena máxima señalada al delito sea prisión de quince o más años. A los quince, cuando la pena máxima señalada por la ley sea inhabilitación por más de diez años, o prisión por más de diez y menos de quince años».Hasta ahora, la malversación agravada recogía una pena de inhabilitación de hasta 20 años, por lo que la prescripción establecida quedaba en 15 años.

Al borde de la prescripción

Los últimos documentos recabados por la Guardia Civil en el caso Azud de presunta financiación ilegal del PSOE datan del año 2008. La investigación de este año comenzó en 2017, aunque no fue hasta abril de 2019 cuando se realizaron las primeras detenciones.

LD incide en que esto significa que el cómputo de los hasta ahora 15 años de prescripción del delito de malversación se interrumpió desde aquel 2017. Por lo tanto desde el año 2017 hasta el año 2008 habrían transcurrido 9 años y nada estaría prescrito. Todo ello, contando con que los documentos encontrados en 2008 -los menos generalizados- se terminaran probando y certificando como parte de un delito continuado.

Y concluye esta información apuntando que en el caso Azud el cambio es drástico y muy benéfico para el PSOE. El artículo 131 del Código Penal señala que la prescripción se cumple «a los diez, cuando la pena máxima señalada por la ley sea prisión o inhabilitación por más de cinco años y que no exceda de diez.

A los cinco, los demás delitos, excepto los delitos leves y los delitos de injurias y calumnias, que prescriben al año». Eso supone, literalmente, que si se acaba observando una posible condena por malversación no agravada en el caso Azud, no se podrá condenar. Porque la prescripción habría pasado a ser de cinco años. Y desde 2008, los cinco años se habrían cumplido en 2013, por lo que la instrucción habría llegado con el delito ya prescrito.