Ximo Puig, cazado: su novia y Consejera de Justicia obstaculizó la investigación del caso Azud

Se lo venimos contando en Periodista Digital. El caso Azud, de presunta corrupción y financiación millonaria irregular del PSPV, ya afecta de lleno a Ximo Puig.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha centrado sus trabajos en la desaladora de Moncófar, una de las plantas dependientes en última instancia de la entonces ministra y actual presidenta del PSOE de Pedro Sánchez, Cristina Narbona, y cuya adjudicación -conocida con anticipación por el extesorero del PSPV, José María Cataluña– fue a manos de una UTE de la empresa FACSA. Y FACSA fue la pagadora final de parte de los gastos de campaña de las primarias de 2008 de Puig. Y en ese punto, lo cierto es que el Juzgado de Instrucción que lleva el caso no ha contado con excesiva ayuda del Gobierno de Puig.

Tal y como publica Libertad Digital, el Juzgado número 12 que investiga Azud del PSOE pidió más medios y la consejera de Justicia y pareja de Ximo Puig, Gabriela Bravo, se los negó el pasado mes de junio.

La trama Azud conecta con el caso Acuamed, ya en la Audiencia Nacional. La investigación abarca desde, al menos, el año 2004 y llega, con un entramado inacabable de ramificaciones y sociedades, hasta, de nuevo, al menos el año 2008. Se han analizado infinidad de datos contables y movimientos de cuentas y reuniones. Y la falta de medios de la Justicia ha mostrado ya sus costuras en el Juzgado encargado de esta labor.

Realmente es ya una macrocausa de presunta financiación ilegal del PSOE y el pasado mes de junio, el Juzgado en cuestión se puso en contacto por lo cauces oficiales con el organismo competente en materia de refuerzo de medios de la Justicia para solicitar ayuda y más recursos. Ese organismo no es otro que la Conselleria de Justicia de la Generalitat que gobierna el propio Ximo Puig. La responsable es Gabriela Bravo. Bravo es la pareja de Ximo Puig. Y ella rechazó el pasado verano reforzar los medios de ese Juzgado que ha llegado ya con sus investigaciones hasta la misma orilla del presidente autonómico, jefe y pareja de Gabriela Bravo.

Desde el propio Juzgado se señaló en aquel momento que su capacidad era muy inferior a la de un caso de esta magnitud. La Audiencia Nacional, por poner un ejemplo, sí está habituada a este volumen de información y trabajo. Y el Ministerio de Justicia pone a disposición de sus jueces medios adicionales, por ejemplo, telemáticos para que todos los afectados por la causa puedan acceder desde una nube a la documentación judicial. Pero en este caso Azud no ocurrió así. El juzgado pidió ese mes de junio la misma ayuda a Gabriela Bravo y la respuesta fue un rotundo no.

El juzgado, además, había solicitado ya un refuerzo por la carga de trabajo en dos ocasiones. Y el órgano encargado de este tipo de cuestiones, la Sala de Gobierno, rechazó igualmente la solicitud. Ante la insistencia, la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat (TSJCV), Pilar de la Oliva, aceptó en un acuerdo destinar a un miembro recién salido de la Escuela Judicial para reforzar esta labor. Eso sí, la persona en cuestión acudió con un encargo temporal.