La juez Biedma mete ‘palante’ al hermano músico de Sánchez tras rechazar su recurso

El hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha sufrido un nuevo revés judicial que le acerca definitivamente al banquillo de los acusados.

La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, Beatriz Biedma, ha desestimado el recurso de reforma interpuesto por la defensa de David Sánchez Pérez-Castejón, conocido artísticamente como David Azagra, contra el auto del pasado 28 de abril.

Esta decisión confirma su procesamiento por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias en relación con su contratación en la Diputación de Badajoz.

La magistrada ha dictado un auto este jueves 22 de mayo de 2025 en el que mantiene la apertura de juicio oral no solo contra el hermano del presidente, sino también contra el presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, y otras nueve personas implicadas en la misma causa.

Tras la publicación del auto, la jueza ha concedido cinco días a la defensa para que formule sus alegaciones y pueda presentar un recurso ante la Audiencia Provincial.

Un caso que lleva años en los tribunales

La investigación judicial se remonta a 2017, cuando David Sánchez fue contratado por la Diputación de Badajoz como Coordinador de Actividades de los Conservatorios de Música. Esta plaza fue posteriormente modificada en 2022, pasando a denominarse Jefe de la Oficina de Artes Escénicas. Según la jueza instructora, este cambio no respondió a una reestructuración funcional dentro del organigrama, sino que se trató de una creación ad hoc que presuntamente incumplió los requisitos legales para el acceso a empleos públicos.

La magistrada Biedma ha sido contundente en su auto de 18 páginas, en el que señala: «Sorprende a esta instructora, acostumbrada a resolver recursos contra Autos de Procedimiento Abreviado desde hace muchos años, el tono y contenido de los interpuestos en la presente causa, más propios de los recursos contra las sentencias condenatorias». La jueza recuerda que el procedimiento se encuentra aún en fase de instrucción, donde se practican diligencias para determinar la existencia de indicios de criminalidad.

Entre los aspectos más controvertidos del caso, destaca que en el momento de la creación del puesto, David Sánchez «carecía de empleo estable» y «se encontraba en estado de búsqueda activa de trabajo», según sus propias manifestaciones. Además, la magistrada señala en su auto que el hermano del presidente «por razón de dicho cargo y de dicha pertenencia al Partido Político, él y su entorno cercano tendrían relaciones estrechas con otros miembros del Partido en Extremadura con capacidad para influir en las personas que tenían competencia para crear el Puesto».

La sombra de las irregularidades

El auto de procesamiento ha destapado numerosas irregularidades en el proceso de contratación. Por un lado, la Diputación decidió no excluir a uno de los candidatos que ni siquiera aportó el proyecto exigido en las bases, aparentemente para «evitar posibles reclamaciones que retrasaran el procedimiento». Por otro lado, tras las entrevistas, el tribunal inicialmente barajó declarar no aptos a todos los candidatos excepto al hermano del presidente, aunque finalmente modificaron el acta para aprobar a la mitad de los aspirantes.

Un correo electrónico entre el presidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo, y la directora del Área de Recursos Humanos, Juana Cintas (también imputada), revela el interés por «acortar los tiempos» del proceso. En dicha comunicación, se hace referencia a que «si no había excluidos, no hay plazo de reclamaciones y el plazo total puede acortarse en 5 días», a lo que Gallardo respondió con un «estupendo».

Posiciones enfrentadas entre acusación y fiscalía

Las organizaciones que ejercen como acusación popular han solicitado una pena de tres años de prisión para David Sánchez por los delitos de tráfico de influencias en concurso con prevaricación y nombramiento ilegal. También piden la devolución de los salarios cobrados desde su entrada en la Diputación, estimados en más de 200.000 euros.

En contraste, el Ministerio Fiscal ha solicitado el archivo de la causa, argumentando que no existen indicios racionales de criminalidad suficientes para continuar el procedimiento. Esta petición, realizada el pasado 15 de mayo, está pendiente de resolución por parte de la Audiencia Provincial de Badajoz. Sin embargo, la jueza instructora ha optado por continuar adelante con el procesamiento tras escuchar nuevamente las declaraciones de todos los implicados.

Un caso con dimensión política

El 7 de febrero de 2025, David Sánchez presentó su renuncia unilateral al puesto de Jefe de la Oficina de Artes Escénicas, aludiendo al «impacto emocional provocado por la presión mediática y política sobre su figura». La renuncia fue aceptada por la institución, con un plazo reglamentario de tres meses para hacerse efectiva.

El caso ha adquirido una fuerte dimensión política debido al parentesco del imputado con el presidente del Gobierno. Mientras el PSOE insiste en que se trata de una causa sin base, PP y Vox denuncian un presunto uso partidista de las instituciones. La decisión de la jueza Biedma llega en un momento especialmente delicado para el Ejecutivo, que enfrenta diversos frentes judiciales.

El proceso también implica a Miguel Ángel Gallardo, quien tras incorporarse a la Asamblea de Extremadura como diputado ha adquirido la condición de aforado. Este cambio ha sido interpretado por algunos sectores como una estrategia de protección judicial, aunque él ha defendido su actuación y niega cualquier irregularidad en la contratación.

Un entramado de contrataciones cuestionadas

En el auto de procesamiento, la jueza Biedma no solo investiga la contratación de David Sánchez, sino también la del exasesor de Moncloa, Luis Carrero, para la Oficina de Artes Escénicas de la Diputación de Badajoz. Este hecho amplía el alcance de las presuntas irregularidades y refuerza la tesis de un posible patrón de contrataciones influenciadas por conexiones políticas.

La magistrada ha sido especialmente crítica con el procedimiento seguido para la contratación del hermano del presidente. En su auto, destaca que la creación del puesto coincidió con el ascenso político de Pedro Sánchez, quien había sido Secretario General del PSOE y «volvió a serlo durante el periodo de adjudicación del puesto». Esta coincidencia temporal añade un elemento controvertido al caso.

El proceso judicial continúa su curso mientras las diferentes partes preparan sus estrategias. La defensa de David Sánchez tiene ahora cinco días para presentar sus alegaciones y, posiblemente, recurrir ante la Audiencia Provincial. Mientras tanto, la jueza Biedma mantiene firme su decisión de que el hermano del presidente del Gobierno debe sentarse en el banquillo de los acusados por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias.

¿Sabías que David Sánchez utilizaba el nombre artístico de «David Azagra» en su carrera musical? Este pseudónimo, que toma el segundo apellido de su abuela paterna, le ha servido para desarrollar su faceta como músico, aunque ahora su nombre resuena más en los tribunales que en los escenarios. Curiosamente, su renuncia al puesto en la Diputación de Badajoz se produjo exactamente 8 años después de su contratación inicial, un ciclo completo que ahora podría cerrarse en los juzgados.