La socialista Armengol, en capilla: la UCO alista un informe demoledor sobre contratos de mascarillas ‘fake’ y adjudicaciones millonarias

Esta Francina Armengol ‘en capilla‘, que es lo que se decía de los los condenados a muerte, cuando pasaban sus últimas horas rezando o preparándose espiritualmente antes de la ejecución.

La expresión evolucionó para aplicarse a contextos más generales de espera angustiosa, que es lo que debe estar haciendo ahora la socialista.

En las últimas 48 horas, la socialista Armengol —actual presidenta del Congreso y expresidenta del Gobierno balear— ha visto cómo el suelo bajo sus pies políticos tiembla.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ultima un informe que podría marcar un antes y un después en la investigación sobre la compra de mascarillas defectuosas durante la pandemia, una operación que ya es conocida como uno de los mayores escándalos sanitarios de la crisis del COVID-19 en España.

Lo más jugoso del asunto no es solo el supuesto sobreprecio pagado —3,7 millones de euros por 1,4 millones de mascarillas FFP2 que resultaron ser fraudulentas—, sino también los nuevos mensajes entre Armengol y Koldo García, exasesor de Ábalos y pieza clave en la ya célebre “trama Koldo”.

No es poca cosa: fuentes jurídicas advierten que este informe podría ser el principio del fin para la carrera política de Armengol, poniendo incluso en cuestión su continuidad como presidenta del Congreso.

El contrato bajo sospecha: cronología y anomalías

El expediente se remonta a abril de 2020, cuando el Servicio de Salud balear (IB-Salut) recibió el cargamento de mascarillas procedentes de Soluciones de Gestión SL, empresa vinculada a la trama investigada. Curiosamente, el material se entregó antes siquiera de firmar el contrato ni emitir una factura válida, detalle que ha hecho saltar todas las alarmas en la Guardia Civil. Para más inri, el Govern balear avaló formalmente la calidad del producto dos meses después de recibir informes internos que advertían que las mascarillas no cumplían los requisitos técnicos exigidos para protección sanitaria.

• El 27 de abril se recibe el material; el 29 se solicita la tramitación urgente; el 4 de mayo se formaliza todo por escrito.
• Agosto: IB-Salut emite un certificado positivo sobre la empresa proveedora… aunque ya sabía que las mascarillas eran defectuosas.
• Solo cinco días después, Armengol facilita a Koldo el teléfono privado de su consejera de Salud para nuevas gestiones sanitarias.

Así pues, no solo hubo precipitación en los pagos; también una confianza casi ciega en los intermediarios recomendados por Koldo García. De hecho, según ha trascendido, los mensajes entre ambos muestran una relación directa y fluida respecto a las adquisiciones.

Más allá de las mascarillas: contratos millonarios y mordidas

El escándalo no acaba aquí. La UCO también investiga otra adjudicación bajo sospecha: 10,4 millones concedidos a Levantina Ingeniería y Construcción, propiedad del empresario José Ruz. Según los informes policiales, Ruz está imputado por pagar supuestas comisiones ilegales (“mordidas”) dentro del entramado empresarial vinculado al PSOE. Este contrato estaba destinado a la construcción de una residencia pública para mayores en Son Dureta (Palma).

Ambos expedientes comparten patrones preocupantes:

• Pagos acelerados sin garantías ni documentación suficiente.
• Recomendaciones internas desoídas sobre la calidad del material.
• Intervención directa o indirecta de altos cargos políticos en las gestiones.

El estado actual: “Armengol en capilla” y posibles escenarios

A día 16 de julio de 2025, Armengol no está formalmente imputada. Sin embargo, fuentes judiciales reconocen que si del informe emergen indicios sólidos contra su gestión —o incluso su posible implicación directa— solo su aforamiento como presidenta del Congreso podría frenar una citación inmediata ante el juez instructor. Cualquier avance serio exigiría elevar actuaciones al Tribunal Supremo.

• La Audiencia Nacional ya solicitó este informe específico a la UCO tras recibir toda la documentación desde Fiscalía Europea.
• El informe —que podría publicarse en cuestión de días— será clave para decidir si hay base suficiente para imputar a Armengol o a otros altos cargos.
• Si se confirman las irregularidades, se abre un escenario inédito: nunca antes un presidente/a del Congreso habría sido llamado ante el Supremo por corrupción relacionada con compras públicas.

Humor político (y negro): cuando “vale cariño” es más peligroso que un virus

La política española no suele defraudar en materia de escándalos. En esta ocasión, lo más comentado entre bambalinas es ese “Vale cariño. Te mantengo informada” con el que Koldo respondía a Armengol tras recibir el contacto directo para nuevas gestiones sanitarias. Quién le iba a decir a nuestra protagonista que esa frase quedaría grabada para siempre en los anales del periodismo judicial.

Por si fuera poco, hay quien ya compara el almacén balear lleno de mascarillas fake con un museo contemporáneo del despilfarro público. Y no falta quien propone exponerlas junto al retrato oficial de algún exministro caído en desgracia.

Curiosidades y datos singulares

• Las mascarillas nunca llegaron a usarse: quedaron almacenadas tras constatarse oficialmente su inutilidad.
• Baleares tardó tres años en iniciar siquiera las reclamaciones para recuperar el dinero público gastado.
• El Gobierno balear certificó “sin incidencias” a Soluciones de Gestión… cuando ya constaba por escrito que había incumplido los requisitos técnicos esenciales.
• Los contratos investigados fueron financiados parcialmente con fondos europeos; por ello intervino también la Fiscalía Europea antes de derivar todo a la Audiencia Nacional.
• El nombre completo implicado en los mensajes clave es José Manuel “Koldo” García Pérez, mano derecha durante años del exministro socialista José Luis Ábalos.

En definitiva, lo único seguro es que este verano promete emociones fuertes para los cronistas políticos. Mientras tanto, las mascarillas “fake” siguen acumulando polvo… y alguna que otra ironía mordaz entre quienes vigilan la salud democrática española.