Montoro asegura que no hay pruebas en su contra y dice que todo es un montaje de Sánchez para tapar su corrupción y la del PSOE

A los datos, porque son relevantes.

Del ‘Equipo‘ de Montoro al ‘Acento‘ de Pepe Blanco: los grupos de interés con más y mejor acceso a las Administraciones Públicas, los que se llevan los contratos y se forran a lo bestia, suelen estar pilotados por expolíticos con experiencia en cargos de decisión.

La UE vuelve a exigir a España que regule la actividad de los lobbies, que sigue pendiente.

Lo mismo ocurre con «la falta de una estrategia nacional anticorrupción».

En la España de julio de 2025, pocas cosas levantan tanto revuelo como la palabra “corrupción”.

Y si el protagonista es Cristóbal Montoro, la expectación está servida.

El exministro ha salido al paso con contundencia: asegura que “no hay ningún elemento probatorio” contra él en la causa judicial abierta por supuestas modificaciones legislativas para beneficiar a empresas gasistas.

Pero no se ha quedado ahí. Montoro, fiel a su estilo, ha vinculado su caso al “contexto de verdaderos escándalos del Gobierno de España”, insinuando que su imputación llega justo cuando las miradas apuntan a Pedro Sánchez y sus aliados.

Las declaraciones del exministro llegan tras el levantamiento del secreto de sumario por parte del Juzgado de Instrucción nº2 de Tarragona, que le señala como investigado junto a otros altos cargos de Hacienda.

En un comunicado difundido tras romper su silencio, Montoro ha anunciado medidas legales para defender su honor, insistiendo en que desde 2008 no mantiene relación alguna con Equipo Económico, la consultora en el centro del huracán.

Radiografía judicial: ¿qué se investiga realmente?

El auto judicial desmenuza un complejo entramado donde dos cúpulas sucesivas del Ministerio de Hacienda —bajo la batuta de Montoro— habrían favorecido a empresas gasistas mediante reformas fiscales. El modus operandi descrito por el juez resulta familiar: miembros clave pasaron del sector público al despacho privado fundado por Montoro, “Equipo Económico”, y desde allí, presuntamente, influían para lograr cambios normativos a medida. El objetivo, según el sumario: asegurar beneficios económicos para clientes concretos a costa del interés general.

La acusación es demoledora. Se habla de delitos como cohecho, fraude contra la administración pública, prevaricación y tráfico de influencias. En total, 28 personas físicas y seis jurídicas están bajo el foco, todas vinculadas directa o indirectamente al ministerio durante las dos etapas de Montoro.

El reflejo en el espejo socialista: Blanco, Acento y la vieja guardia

Pero si algo caracteriza al juego político español es la rápida traslación del balón al campo contrario. Mientras Montoro denuncia una persecución política y mediática sin base probatoria, no duda en recordar que los escándalos recientes afectan —y mucho— al entorno del actual Gobierno.

Aquí entra en escena José Blanco, alias “Pepiño”, otrora ministro socialista y hoy arquitecto del lobby Acento. Según grabaciones e informes policiales recogidos por la UCO, Blanco habría tejido una red de influencias para colocar a personas de su máxima confianza en puestos estratégicos dentro del Ministerio de Transportes durante los mandatos socialistas. El objetivo: facilitar adjudicaciones públicas para empresas clientes de Acento.

Lo curioso —y no exento de ironía— es que Blanco nunca antes había pisado el mundo empresarial. Sin embargo, en tiempo récord, su firma entró en el top de los lobbies madrileños gracias a décadas de agenda política e interlocutores privilegiados como José Luis Ábalos o Teresa Ribera. No faltan testimonios ni mensajes incriminatorios recogidos por los investigadores; tampoco cartas donde presume abiertamente ante grandes empresas sobre su capacidad para abrir puertas ministeriales.

De Bono a Zapatero: el círculo virtuoso (o vicioso) del lobby patrio

Si uno rasca un poco más allá de las portadas, descubre que este fenómeno trasciende siglas. No hay diferencia esencial —sostienen varios analistas— entre el lobby que rodea a Montoro y los que han hecho millonarios a figuras como Pepe Blanco, José Bono o incluso José Luis Rodríguez Zapatero.

Este último ha visto cómo las investigaciones sobre negocios internacionales salpican su entorno cercano. Se habla abiertamente —y cada vez con más datos— de mediaciones con regímenes como el chavista venezolano para recuperar fondos o facilitar operativas con petroleras estatales. Algunos reportes periodísticos apuntan incluso a comisiones millonarias gestionadas por hombres fuertes del zapaterismo en operaciones opacas ligadas al crudo venezolano o intereses chinos.

Un ejemplo reciente lo ilustra bien: según fuentes investigadoras, parte del negocio habría consistido en traer petróleo venezolano camuflado vía República Dominicana para sortear sanciones europeas. La jugada permitió —según estas informaciones— obtener enormes beneficios y evitar controles fiscales por centenares de millones.

Un tablero sin inocentes: paralelismos y consecuencias

Resulta paradójico escuchar a dirigentes socialistas exigir explicaciones rápidas y ejemplares al Partido Popular cuando emerge un caso como el de Montoro. Lo cierto es que los dos grandes partidos españoles parecen condenados a verse reflejados mutuamente en los mismos espejos rotos: tráfico de influencias, puertas giratorias y una red densa donde lo público y lo privado se mezclan hasta volverse indistinguibles.

Los paralelismos son tan evidentes como incómodos:

• Tanto Montoro como Blanco han transitado sin solución de continuidad entre ministerios clave y consultoras privadas.
• Los lobbies (llámense Equipo Económico o Acento) florecen en torno a figuras con pasado ministerial.
• Las acusaciones cruzadas entre PP y PSOE sobre quién inventó antes la “red de favores” son ya parte del folclore nacional.

Y mientras tanto, las instituciones tratan —con desigual fortuna— de restablecer una confianza ciudadana cada vez más erosionada.

Curiosidades y datos poco conocidos sobre este vodevil político

• En 2013 y 2018 se aprobaron las rebajas fiscales objeto ahora de investigación; casualmente, ambas impulsadas durante etapas ministeriales bajo sospecha.
• La consultora Acento fue fundada en 2019 por Pepe Blanco junto a Alfonso Alonso… ex portavoz parlamentario ¡del PP!. Nada mejor que una alianza transversal para captar clientes.
• Entre los nombres salpicados por estos escándalos aparecen cargos cuya longevidad política hace palidecer al mismísimo Cid Campeador: Belén Villar sigue ocupando puestos clave desde 2009 pese a denuncias sindicales reiteradas.
• En un giro digno del mejor realismo mágico español, algunos informes policiales recogen conversaciones sobre comisiones mensuales superiores al medio millón de euros… gestionadas desde filiales domiciliadas fuera del país para mayor discreción financiera.
• El propio Montoro ha anunciado su baja como afiliado del PP tras estallar el escándalo judicial; una jugada preventiva que busca blindar su imagen mientras se resuelve el sumario.

En definitiva, España asiste estos días a un espectáculo tan viejo como la política misma: unos niegan pruebas mientras otros reparten acusaciones; todos insisten en defender el honor propio mientras vigilan —con calculadora en mano— los balances ajenos. Si alguien pensaba que el verano traería calma institucional… bienvenido otra vez al circo nacional.