Cerdán implora a Pumpido que le ‘ampare’ con el Constitucional y lo saque de prisión, porque lo tienen entre rejas ‘para hacerle confesar’

Se suda mucho entre rejas a estas alturas del verano en la prisión de Soto del Real.

Y al socialista Santos Cerdán se le hacen eternos los días.

En los pasillos del Tribunal Supremo se respira expectación y en Ferraz, inquietud.

Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE y uno de los nombres más reconocidos del socialismo español, protagoniza desde hace semanas una saga judicial que amenaza con prolongarse hasta bien entrado 2026.

A día de hoy, 30 de julio de 2025, Cerdán permanece en prisión provisional, según su defensa, “para hacerle confesar”, una situación que ha llevado a sus abogados a implorar la intervención del presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, en busca de amparo y libertad.

La petición no es menor: la defensa sostiene que se han vulnerado sus derechos fundamentales a la defensa y a la libertad.

El argumento central es que la prisión preventiva se está utilizando como herramienta de presión, en un contexto donde la instrucción judicial parece no tener fin.

El propio Cerdán habría trasladado a su entorno que siente estar “entre rejas para obligarle a hablar”, una percepción que añade dramatismo —y algo de tragicomedia— al episodio político-judicial del verano.

La prórroga infinita: el Supremo amplía el caso otros seis meses

La decisión del juez Leopoldo Puente de prorrogar la instrucción del ‘caso Koldo’ hasta marzo de 2026 ha sido recibida con resignación por los investigados y con cierto estupor en círculos políticos y mediáticos. El magistrado justifica la extensión por el “muy significativo volumen de material intervenido”, incluyendo más de 10 terabytes —el equivalente a 65 millones de páginas— fruto de registros y escuchas telefónicas. Este caudal informativo obliga a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a seguir analizando documentos, grabaciones e informes.

No es para menos: el sumario incluye desde conversaciones entre empresarios hasta datos fiscales obtenidos recientemente por la Hacienda Foral de Navarra. Entre las nuevas diligencias, sobresale la revisión de expedientes administrativos sobre licitaciones públicas, con especial atención a adjudicaciones presuntamente amañadas en obras públicas donde aparecen nombres como Ábalos, Koldo García y el propio Cerdán. El procedimiento, según estipula la Ley de Enjuiciamiento Criminal, debe prorrogarse cada seis meses una vez transcurrido el primer año si persisten diligencias pendientes.

Derechos vulnerados y estrategia procesal

La defensa del exsecretario socialista ha elevado un recurso ante el Tribunal Constitucional en el que denuncia una “violación flagrante” de los derechos fundamentales. Aseguran que ni el derecho a la defensa ni el principio de presunción de inocencia han sido respetados desde su ingreso en prisión provisional hace más de un mes.

• Alegan que las pruebas que motivaron su encarcelamiento no justifican la medida extrema.
• Critican la extensión indefinida del proceso como “una condena sin juicio”.
• Solicitan al Constitucional medidas cautelares urgentes para suspender su prisión.

Mientras tanto, en paralelo al frente judicial, el PSOE observa con preocupación cómo uno de sus históricos dirigentes permanece tras los barrotes mientras se multiplican las incógnitas sobre el futuro político inmediato.

Contexto: una trama con ecos nacionales

El llamado ‘caso Koldo’ ha salpicado los cimientos del socialismo español. Se investiga una supuesta red corrupta dedicada al cobro de comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones públicas. En el centro del huracán:

• Santos Cerdán: exsecretario socialista, figura clave en la maquinaria electoral del partido.
• José Luis Ábalos: exministro y mano derecha en anteriores Ejecutivas.
• Koldo García: exasesor ministerial convertido en protagonista indeseado.
• Empresarios como Víctor de Aldama, vinculados a empresas adjudicatarias.

El magistrado Puente insiste en que aún hay muchos cabos por atar: quedan pendientes testificales, periciales e informes periciales relacionados con supuestos sobrecostes en obras públicas (como en Albal, Valencia) o irregularidades administrativas detectadas por organismos como la Agencia Valenciana Antifraude.

Consecuencias políticas y jurídicas

Más allá del pulso judicial, este caso tiene derivadas directas sobre el tablero político nacional:

• El PSOE asiste a un desgaste reputacional continuado, con dirigentes históricos bajo sospecha.
• Los partidos rivales aprovechan para exigir explicaciones públicas y mayor transparencia.
• La prórroga indefinida puede diluir las responsabilidades políticas hasta después del próximo ciclo electoral.

En términos jurídicos, el riesgo es evidente: mantener durante meses —o años— una prisión provisional sin sentencia firme tensiona los límites constitucionales y alimenta acusaciones sobre posibles abusos procesales.

El Constitucional ante un dilema

El Tribunal Constitucional se enfrenta ahora a una situación incómoda: debe decidir si interviene para garantizar derechos fundamentales o respalda las tesis garantistas del Supremo respecto a la complejidad e ingente volumen probatorio. La decisión marcará un precedente relevante sobre los límites temporales y materiales de la prisión preventiva en macrocausas políticas.

Mientras tanto, desde su celda provisional —y rodeado por decenas de cajas con folios— Cerdán espera noticias mientras sus abogados insisten en denunciar lo que consideran un “encierro preventivo” motivado más por razones políticas que estrictamente jurídicas.

Curiosidades y datos llamativos

• El material intervenido supera los 10 terabytes; si se imprimiera ocuparía 65 millones de páginas.
• La hermana de Cerdán figura como receptora de transferencias clave según informes policiales recientes.
• La causa incluye grabaciones (más de 22.000) localizadas en el domicilio del exasesor ministerial Koldo García.
• Las prórrogas judiciales deben justificarse cada seis meses según exige expresamente la ley procesal española.
• La instrucción suma ya casi dos años activos y amenaza con eclipsar cualquier debate político serio hasta bien entrado 2026.

En definitiva, mientras Ferraz contiene el aliento y Génova afila argumentos, el pulso entre jueces y políticos mantiene viva una historia donde cada capítulo supera al anterior. Si alguien pensaba que agosto sería tranquilo este año… Que pase el siguiente expediente.