La ministra Robles pierde el oremus, se despista e insinúa que el fiscal general debe dimitir

Se ha despistado o se le ha ido el oremus.

Porque seguro que Sánchez le va a dar un tirón de orejas de esos que te levantan del suelo.

En la política española, donde la lealtad de gabinete suele ser más férrea que el acero de las fragatas de la Armada, Margarita Robles ha decidido, a finales de julio de 2025, romper el guion.

Durante una comparecencia pública, la titular de Defensa ha dejado entrever que la dimisión del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, sería «una decisión personal» ante las últimas controversias judiciales, desmarcándose así de la línea oficial de Pedro Sánchez y abriendo una grieta inédita en el Consejo de Ministros.

Es la primera vez que una ministra del núcleo duro del Gobierno expone con tal claridad sus diferencias y pone el foco en la responsabilidad individual del fiscal, en un contexto donde las presiones políticas y mediáticas arrecian.

El episodio, lejos de pasar inadvertido, ha generado un revuelo instantáneo en los corrillos políticos del Congreso y en las tertulias, donde ya se especula con el “despiste calculado” de Robles.

La ministra, veterana de mil batallas judiciales y políticas, no se caracteriza precisamente por perder el hilo.

Por eso, sus palabras, con esa mezcla de ambigüedad y puntería, han sido interpretadas como un toque de atención, no sólo al fiscal sino también a la propia Moncloa.

Y es que la crisis de confianza en torno a la Fiscalía llega en un momento especialmente delicado, con la gestión de los contratos públicos bajo la lupa y la reputación de varias instituciones en entredicho.

El Tribunal de Cuentas destapa el descontrol en Defensa: facturas fantasma y criterios vaporosos

Por si la polémica política no fuera suficiente, el Tribunal de Cuentas ha publicado un informe demoledor sobre la gestión de los contratos públicos en el Ministerio de Defensa. El organismo fiscalizador ha detectado «importantes irregularidades» en un centenar de contratos de Defensa, Justicia y Exteriores, con adjudicaciones por más de 363 millones de euros. Entre las perlas del informe destacan:

• Falta de justificación en los expedientes y argumentaciones “vagas y genéricas” para externalizar servicios.
• Errores en los cálculos de los presupuestos y ausencia de información sobre los costes salariales y convenios colectivos aplicables.
• Deficiencias graves en los juicios de valor para la adjudicación de contratos, con el uso de criterios subjetivos que dificultan la transparencia.
• Falta de facturas y documentación que acredite el gasto real, poniendo en jaque la trazabilidad del dinero público.

El Tribunal alerta, además, sobre la utilización de umbrales de puntuación en la valoración de criterios subjetivos, un mecanismo que, lejos de aportar rigor, permite a los responsables esquivar la supervisión técnica y dirigir los contratos según conveniencia. El riesgo de que estos “juicios de valor” sirvan para beneficiar a empresas afines no es menor, y la sombra del pago de comisiones planea sobre algunos expedientes.

Robles, entre la espada de la transparencia y la pared de la coalición

En este contexto, la ministra Robles se enfrenta a un doble fuego cruzado. Por un lado, su propio ministerio está señalado por la falta de control y la opacidad en la adjudicación de contratos; por otro, su decisión de desmarcarse de la posición oficial respecto al fiscal general evidencia las tensiones internas de un Gobierno que, hasta ahora, había hecho gala de unidad de mensaje.

La posición de Robles tiene un doble filo: mientras algunos la ven como una muestra de independencia y coraje político, otros interpretan su actitud como una maniobra para salvar su imagen en un momento en que las críticas al Ejecutivo arrecian por la gestión del gasto público y las sospechas de favoritismo en las adjudicaciones.

El hecho de que Robles sea la primera ministra en desmarcarse abiertamente de Sánchez en un asunto tan sensible como la continuidad del fiscal general indica que la cohesión del gabinete podría estar resquebrajándose. El propio Sánchez, que ha optado por un perfil bajo en esta polémica, se enfrenta así a la incómoda realidad de que su núcleo duro ya no es monolítico. La crisis de confianza amenaza con tener un efecto dominó en otras áreas del Ejecutivo, especialmente en aquellas bajo escrutinio del Tribunal de Cuentas.

El foco sobre la transparencia y el futuro de las adjudicaciones públicas

El informe del Tribunal de Cuentas no sólo pone en entredicho la gestión del Ministerio de Defensa, sino que reabre el debate sobre la transparencia y el control en la administración de fondos públicos. Las irregularidades detectadas —falta de facturas, errores de cálculo, criterios subjetivos— afectan de lleno a la credibilidad del Gobierno y su capacidad para justificar ante la ciudadanía el uso del dinero de todos.

• La fiscalización afecta a contratos de 2020, pero el eco de las irregularidades sigue vigente, especialmente en un contexto de creciente desconfianza hacia las instituciones.
• Las recomendaciones del Tribunal incluyen reforzar los mecanismos de control, exigir mayor justificación en los expedientes y limitar los criterios subjetivos en la valoración de ofertas.
• El uso de argumentos genéricos para externalizar servicios es, según los expertos, una puerta abierta a la discrecionalidad y el amiguismo.

Cabe recordar que, en paralelo, otras investigaciones judiciales —como el caso Koldo— han puesto de manifiesto la existencia de tramas que operaban aprovechando las debilidades del sistema de adjudicaciones públicas. El clima político, por tanto, no es precisamente propicio para errores o “despistes” ministeriales.

Curiosidades y datos llamativos del caso

• El informe del Tribunal de Cuentas fiscalizó más de un centenar de contratos sólo en 2020, cifra que da idea de la magnitud de la tarea pendiente en materia de transparencia.
• La expresión “perder el oremus”, aplicada a Robles, ha hecho fortuna en redes sociales, donde los usuarios no han dudado en ironizar sobre el “despiste” de la ministra, recordando que en política los lapsus suelen estar más calculados de lo que parecen.
• El uso de criterios subjetivos en la adjudicación de contratos públicos ha sido objeto de críticas recurrentes por parte de organismos independientes, que advierten de que estos mecanismos pueden convertirse en un coladero para la corrupción.
• Pese a la gravedad de las irregularidades detectadas, la ministra Robles ha mantenido un perfil institucional, evitando la confrontación directa con el Tribunal de Cuentas y apelando a la necesidad de mejorar los controles internos.

Así, la política española suma un nuevo capítulo a su inagotable crónica de tensiones internas, informes demoledores y ministros que, entre despistes y desmarques, intentan salir airosos del vendaval. Eso sí, en los pasillos del Congreso ya se escuchan apuestas sobre quién será el próximo en “perder el oremus” y dejar caer, siquiera de manera velada, una dimisión incómoda.