Sánchez y tres ministros ‘corruptos’, en el punto de mira del Consejo de Europa tras el varapalo del informe GRECO

Duro y en la cabeza.

Ni la canícula estival ni los discursos triunfalistas han conseguido que el último informe del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) pase desapercibido en Madrid.

Muy al contrario, el documento publicado el 1 de agosto por este órgano dependiente del Consejo de Europa ha colocado bajo los focos, con una crudeza inusual, tanto al presidente Pedro Sánchez como a tres de sus ministros.

El hartazgo europeo con el ritmo —o mejor dicho, la ausencia de ritmo— de las reformas anticorrupción en España no es nuevo, pero esta vez la reprimenda llega con nombres y apellidos, y con un rosario de advertencias que difícilmente pueden ser tachadas de retórica diplomática.

El informe no solo pone en entredicho la voluntad política del Ejecutivo del marido de Begoña para cumplir con las 19 recomendaciones fundamentales que GRECO viene formulando desde 2019; también subraya que, pese a los reiterados avisos, España sigue sin cumplir plenamente ninguna de ellas.

De hecho, el texto oficial habla sin ambages de “falta de acción decisiva” y “ausencia de resultados tangibles” en cuestiones tan sensibles como los aforamientos, la regulación del lobby o las puertas giratorias.

Unas recomendaciones que caen en saco roto

Desde 2019, GRECO martillea al Gobierno español con una lista precisa: 19 recomendaciones para blindar las instituciones frente a los riesgos de corrupción. Se trata de medidas concretas: limitar los aforamientos, regular la transparencia de los asesores gubernamentales, controlar las puertas giratorias entre sector público y privado o reforzar la independencia y medios de la Oficina de Conflictos de Interés. Sin embargo:

• Ninguna recomendación se ha cumplido íntegramente; tres siguen sin abordarse en absoluto y otras dieciséis solo avanzan “parcialmente”.
• La regulación de lobbies sigue pendiente pese a promesas repetidas; la ley está empantanada en fase parlamentaria y aún no obliga a publicar agendas ni reuniones relevantes.
• Los aforamientos, ese escudo jurídico que protege a altos cargos ante posibles delitos, permanecen intactos a nivel estatal. El Consejo lamenta que solo se haya avanzado algo en entidades autonómicas.
• La transparencia sobre asesores tampoco despega: más de 900 asesores siguen sin un control efectivo ni rendición pública clara sobre sus funciones o retribuciones. El propio informe cita como ejemplo negativo el caso del jefe de gabinete Óscar López, que debía haber aprobado controles para los asesores en los primeros meses de 2025… y nada.

El Plan de Acción para la Democracia y la futura Ley de Administración Abierta son mencionados como señales positivas… pero todavía están lejos de materializarse en cambios reales. Es decir: proyectos anunciados, textos en borrador y buenas intenciones no bastan para convencer ni al GRECO ni al resto de socios europeos.

Ministros señalados y una Moncloa acorralada

El varapalo internacional señala directamente al núcleo duro del Gobierno: además del presidente Sánchez, aparecen mencionados por su responsabilidad política los ministros Félix Bolaños (Presidencia), Fernando Grande-Marlaska (Interior) y Pilar Llop (Justicia). Son los encargados directos —por área competencial— del cumplimiento o no cumplimiento de las recomendaciones europeas.

La reacción oficial ha oscilado entre el mal disimulado fastidio y un discurso optimista sobre “avances parciales”. Desde Presidencia se insiste en que España “avanza” en 16 recomendaciones e incluso se subraya que la situación heredada era peor tras dos legislaturas previas “de inacción”. Sin embargo, el propio informe desmonta ese relato: reconoce algunos progresos legislativos pero lamenta explícitamente que ninguno se haya traducido todavía en reformas efectivas o resultados medibles.

Las críticas van más allá: el GRECO denuncia que “la falta de acción institucional supone institucionalizar la corrupción por pasiva”, una frase demoledora que ha hecho fortuna entre partidos opositores y titulares periodísticos estos días.

El hartazgo del Consejo de Europa: paciencia agotada

No es casualidad que el secretario general del Consejo, Alain Berset, haya enviado una carta personal al ministro Albares exigiendo “acciones determinadas” para lograr avances “tangibles” antes del verano de 2026. En Estrasburgo cunde ya una percepción clara: España juega al despiste con reformas aplazadas sine die mientras los escándalos salpican periódicamente a figuras relevantes —desde el caso Ábalos-Cerdán hasta las investigaciones sobre conexiones familiares en el entorno presidencial—.

La sensación no es solo política sino también social. Entre bastidores se reconoce un cierto cansancio europeo ante lo que muchos consideran excusas reiteradas:

• Promesas legislativas sin fecha cierta.
• Anteproyectos eternos sin tramitación definitiva.
• Medidas cosméticas para contentar titulares internacionales… pero sin alterar los equilibrios reales del poder.

Mientras tanto, España mantiene su posición rezagada respecto a otros países europeos que sí han implementado buena parte —o incluso todas— las recomendaciones anticorrupción exigidas por GRECO desde hace años.

Consecuencias políticas e institucionales

La publicación del informe ha provocado un terremoto político inmediato:

1. La oposición ha solicitado la comparecencia urgente del ministro Bolaños para explicar ante el Congreso los motivos reales por los cuales el Ejecutivo ignora desde hace años las exigencias europeas.
2. Los grupos parlamentarios piden revisar el sistema actual de asesores —más numeroso incluso que en anteriores legislaturas— e implantar controles efectivos sobre su acceso y funciones.
3. Organizaciones civiles reclaman una reforma urgente del régimen jurídico para altos cargos y ex altos cargos (puertas giratorias), así como límites estrictos al aforamiento.

Además, se abre un nuevo frente reputacional internacional: España corre riesgo real de ser catalogada como país renuente a combatir eficazmente la corrupción institucional justo cuando Bruselas endurece su vigilancia sobre fondos europeos y gobernanza democrática.

Curiosidades y datos llamativos

• España tiene uno de los mayores ratios de asesores políticos respecto a funcionarios públicos entre los grandes países europeos.
• El GRECO lleva desde 2019 reiterando exactamente las mismas demandas; algunos expertos ya denominan sus informes sobre España como “el día de la marmota” institucional.
• El término “aforamiento”, tan peculiarmente español, sigue siendo un misterio jurídico para buena parte del resto de Europa Occidental.
• En 2025 solo tres países miembros siguen acumulando tantos incumplimientos como España según las tablas comparativas internas del propio Consejo.

Así pues, mientras la política patria debate si todo esto es ruido mediático o un toque serio de atención internacional, lo único seguro es que Estrasburgo seguirá mirando con lupa cada paso —o cada siesta legislativa— desde ahora hasta el próximo verano.