Feijóo acusa a Sánchez de «incompetencia y mala fe» en la pifia de las pulseras antimaltrato

La escena se repite cada vez con mayor frecuencia: Alberto Núñez Feijóo sube al estrado, ajusta el micro y dispara contra el Gobierno de Pedro Sánchez.

Esta vez, el blanco es el sistema de pulseras antimaltrato, un mecanismo supuestamente infalible para proteger a las víctimas de violencia machista que ha terminado generando polémica y un terremoto judicial.

A día de hoy, 19 de septiembre de 2025, la política española vive una nueva convulsión.

El líder del Partido Popular acusa abiertamente al Ejecutivo de «incompetencia y mala fe» por los recientes fallos detectados en la gestión y funcionamiento de las pulseras antimaltrato, que han desembocado en varias absoluciones judiciales inesperadas.

Feijóo ha ido más allá en su crítica: «Un gobierno que ya solo tiene la cabeza en los juzgados y en las cárceles ha acabado por no darse cuenta de que ha liberado de ellas a depredadores sexuales».

Como ironizaba recientemente un columnista de Periodista Digital: «Si las pulseras fallan más que un coche viejo… igual va siendo hora de pasarles la ITV».

Un guiño cargado de verdad para un problema tan serio como urgente.

Cómo funcionan las pulseras antimaltrato

Las pulseras antimaltrato, técnicamente conocidas como sistemas de control telemático, buscan garantizar que los agresores con órdenes de alejamiento no puedan acercarse a sus víctimas. El dispositivo consta de dos partes:

• Una pulsera que lleva el agresor.
• Un receptor para la víctima.

Ambos aparatos están conectados por GPS y alertan a la policía si se incumple la distancia mínima impuesta por orden judicial. En teoría, una medida avanzada que coloca a España entre los países europeos más comprometidos con la protección efectiva frente a la violencia machista.

Cifras oficiales: ¿cuántas mujeres las usan?

Según datos recientes del Ministerio del Interior, actualmente hay más de 3.000 mujeres protegidas mediante este sistema en todo el territorio nacional. Sin embargo, como han destacado medios como 20 Minutos y Periodista Digital, la cifra dista mucho del total de víctimas potenciales: apenas un 3% del total de mujeres con medidas cautelares cuentan con este recurso.

Este bajo porcentaje se explica por la estricta aplicación judicial del mecanismo: solo se instala en casos considerados especialmente graves o con alto riesgo de reincidencia.

El fallo que lo cambió todo

El escándalo saltó cuando varios tribunales absolvieron a agresores tras detectar errores técnicos y administrativos en la gestión de las pulseras. Los dispositivos habían dejado lagunas en el registro geográfico o no estaban correctamente sincronizados con los sistemas policiales. Esto ha provocado situaciones insólitas:

1. Algunos agresores han sido absueltos porque los datos aportados por las pulseras no eran fiables.
2. En otros casos, las alertas no llegaron a tiempo o directamente no se activaron.
3. Además, se han producido problemas en la cadena custodia digital, lo que pone en entredicho la validez probatoria del sistema.

El propio Consejo General del Poder Judicial ha solicitado una revisión urgente del protocolo tras constatarse que el fallo técnico puede dejar sin protección real a cientos de mujeres.

La respuesta política: acusaciones cruzadas y clima crispado

En pleno debate parlamentario, Feijóo aprovechó para denunciar no solo una «gestión negligente» sino también una «falta total de voluntad política». A su juicio, el Ejecutivo está más ocupado «defendiendo a sus ministros ante los tribunales» que protegiendo a quienes realmente lo necesitan.

Desde Moncloa, sin embargo, se insiste en que los fallos son puntuales y ya se está trabajando en una actualización tecnológica del sistema. No obstante, sindicatos policiales han alertado repetidamente sobre la obsolescencia de parte del parque tecnológico destinado al control telemático.

¿Qué consecuencias puede tener este escándalo?

Las ramificaciones son notables:

• Revisión judicial inmediata: Se están revisando sentencias dictadas sobre la base del control telemático.
• Presión social: Asociaciones feministas exigen explicaciones públicas y soluciones urgentes.
• Credibilidad institucional: El caso erosiona la confianza ciudadana tanto en el Gobierno como en el sistema judicial.
• Debate mediático: La polémica copa tertulias televisivas y columnas políticas.

En paralelo, voces críticas recuerdan que España sigue liderando la implantación tecnológica contra la violencia machista, aunque advierten que ningún sistema es infalible si falta mantenimiento o supervisión.

• El primer sistema piloto con pulseras antimaltrato se implantó en Madrid hace casi veinte años.
• A pesar del bajo porcentaje sobre el total nacional, España es pionera europea en control telemático aplicado a agresores.
• Algunos informes internos señalan que casi un 20% de los dispositivos presentan fallos técnicos menores cada año.
• En 2024 se destinaron más de ocho millones de euros al mantenimiento y mejora tecnológica del sistema.