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Ni en los mejores guiones de suspense político faltaría una escena en la que un expresidente socialista viaja a Suiza —por segunda vez en tres semanas— para reunirse con un líder independentista huido de la justicia.
Así se desarrolló este 18 de septiembre, cuando José Luis Rodríguez Zapatero se desplazó discretamente fuera de España para encontrarse con Carles Puigdemont, el hombre que decide si el Gobierno de Pedro Sánchez sobrevive o se precipita al abismo.
Mudaron las conversaciones del PSOE y Junts de Suiza a Bruselas, según han confirmado fuentes conocedoras del encuentro.
La reunión se celebró al mediodía en un intento del PSOE de salvar la legislatura de Sánchez.
La cita, envuelta en hermetismo y rodeada de incógnitas logísticas, tenía un objetivo claro: negociar el apoyo de Junts per Catalunya a los Presupuestos Generales del Estado de 2026 y evitar que el llamado “Gobierno Frankenstein” agonice antes de tiempo.
Sobre el contenido concreto de la reunión poco se sabe.
Sí que ha participado Jordi Turull, habitual en este tipo de encuentros.
También que el próximo lunes Puigdemont ha convocado a la permanente del partido en Waterloo para evaluar la reunión, lo que permite valorar la importancia que la cúpula de la formación independentista da al encuentro.
La conclusión es que, lo que podía haber sido un gesto de distensión. acabó en una prórroga con condiciones.
Junts deja vivir al Ejecutivo socialista, pero sin facilitarle las cuentas públicas.
Así transcurre este pulso político donde cada reunión internacional añade suspense a una legislatura marcada por la incertidumbre… y donde hasta los viajes diplomáticos son dignos de novela negra.
Los mensajes cruzados: paciencia agotada y exigencias renovadas
En la mesa internacional no solo se habló de números. Los independentistas trasladaron al enviado socialista que se les «ha acabado la paciencia». La portavoz parlamentaria, Míriam Nogueras, lo resumió con contundencia: “No queremos palabras, sino hechos”. El ambiente era áspero; los siete diputados de Junts se han convertido en la llave que puede abrir o cerrar cualquier puerta en el Congreso.
Entre las demandas, destaca el traspaso integral de competencias en inmigración a Cataluña. Junts ha forzado una votación sobre esta cuestión, marcando así su hoja de ruta frente a los socialistas. Pero no es el único frente abierto: Puigdemont también amenaza con tumbar la reforma judicial impulsada por el ministro Félix Bolaños, dejando claro que cualquier intento de apaciguar las aguas será arduo.
El propio Zapatero asumía el rol negociador que hasta hace poco ejercía Santos Cerdán, ahora apartado por problemas judiciales. Le acompaña un equipo renovado, con figuras como Juan Francisco Serrano, que conocen bien los entresijos del diálogo con Waterloo. La interlocución se mantiene fuera del país por razones evidentes: Puigdemont sigue siendo prófugo, amnistiado pero aún perseguido por la justicia española.
El contexto político: legislatura atada con alfileres
A día de hoy, 19 de septiembre de 2025, la legislatura española está atada con alfileres. Sánchez navega en minoría y depende del juego cambiante de apoyos parlamentarios. El bloque independentista no solo rechaza los Presupuestos; pone sobre la mesa la aplicación efectiva de la ley de amnistía y reclama avances tangibles —como la oficialidad del catalán en la Unión Europea— que siguen sin materializarse.
La debilidad gubernamental es palpable. El PSOE intenta sacar adelante leyes sectoriales para justificar su continuidad, mientras Junts recuerda que no ha obtenido nada relevante: ni competencias plenas en inmigración ni transparencia fiscal ni protagonismo en el nuevo modelo de financiación autonómica. La tensión se refleja incluso en las relaciones internas entre independentistas; ERC acapara espacios negociadores y Junts teme perder peso en futuras elecciones autonómicas.
Consecuencias inmediatas: bloqueo presupuestario y legislativo
El principal resultado del encuentro internacional es claro: Junts permite respirar al Gobierno, pero le niega los Presupuestos. Esto implica que Sánchez podrá aguantar unos meses más —quizá hasta completar parte del calendario legislativo—, pero sin margen para nuevas políticas expansivas ni grandes reformas económicas. El bloqueo presupuestario amenaza inversiones y proyectos sociales clave.
Además, Junts se reserva el derecho a torpedear iniciativas del Ejecutivo. La reforma judicial propuesta por Bolaños está en el punto de mira; cualquier intento socialista podría naufragar si los siete diputados independentistas deciden alinearse con PP y Vox. El traspaso migratorio tampoco cuenta con consenso suficiente entre los socios parlamentarios del PSOE.
Un tablero internacional y judicial impredecible
La aplicación total de la ley de amnistía sigue empantanada en los tribunales. Puigdemont juega su baza ante el Tribunal Constitucional para suspender su orden de detención y regresar a España sin sobresaltos legales. Mientras tanto, Moncloa recurre a discretas reuniones internacionales para evitar filtraciones inoportunas.
En paralelo, el Partido Popular denuncia que Sánchez “mendiga una vida extra” mientras el Gobierno parece estar en “game over”. La vicepresidenta María Jesús Montero pide discreción absoluta para que las conversaciones puedan avanzar sin sobresaltos mediáticos.
Curiosidades y datos singulares sobre el caso
- Los encuentros entre Zapatero y Puigdemont suelen celebrarse fuera de España; Bruselas y Suiza son escenarios recurrentes por la situación judicial del líder independentista.
- La interlocución socialista ha cambiado varias veces: primero Santos Cerdán (ahora preso), luego Zapatero, acompañado siempre por colaboradores próximos a Waterloo.
- Junts ha logrado forzar votaciones simbólicas —como la cesión migratoria— aunque sin apoyos suficientes entre otros partidos nacionalistas o regionalistas.
- El número dos independentista, Jordi Turull, participa activamente en todas las citas clave; tras cada reunión convoca a la cúpula permanente del partido para evaluar estrategias.
- Las demandas nacionalistas incluyen publicar las balanzas fiscales y entrar en negociaciones sobre financiación autonómica, donde ERC sigue marcando terreno.
- La última aparición pública de Puigdemont fue hace más de un año en Barcelona; desde entonces su regreso está supeditado al desenlace judicial.
- El Gobierno sobrevive gracias a acuerdos puntuales; cualquier desliz puede precipitar nuevas elecciones o abrir una crisis institucional.
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