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Esta semana, el Congreso fue escenario de uno de esos debates que marcan un antes y un después en la política nacional. El Partido Popular decidió por primera vez respaldar una iniciativa de Vox que tiene como fin eliminar el arraigo como forma de regularización migratoria. Aunque esta proposición de ley no salió adelante, la postura del PP abre un nuevo capítulo en la ya convulsa política migratoria en España, con implicaciones que trascienden los titulares y que agravan aún más las tensiones entre los diferentes bloques parlamentarios.
Hoy, 21 de septiembre de 2025, la decisión tomada por los populares ha reavivado el diálogo sobre cómo abordar la inmigración, la integración y los derechos humanos. El arraigo, esa figura legal que durante casi dos décadas ha permitido a miles de personas salir de la irregularidad tras años de residencia y demostración de vínculos laborales o familiares, se ha transformado en el centro del debate.
La propuesta de Vox: eliminar el arraigo y endurecer la política migratoria
La iniciativa presentada por Vox es clara: su meta es cerrar las puertas a una de las escasas vías legales para regularizar a quienes residen en España sin documentación. Defendiendo esta medida con un discurso centrado en la urgencia por “proteger la identidad nacional” y detener lo que consideran un “exceso en las regularizaciones”, la diputada Rocío De Meer llegó a describir al arraigo como una “trampa”, denunciando un incremento del 650% en los residentes por arraigo familiar durante los últimos cinco años.
Entre las propuestas del partido liderado por Santiago Abascal se destacan:
- Eliminación del arraigo como vía de regularización para evitar lo que ellos llaman un “regalo desmesurado” de derechos.
- Deportaciones masivas y prohibición de regularizaciones colectivas.
- Endurecimiento de la Ley de Extranjería y revisión exhaustiva de los procesos para obtener la nacionalidad.
Como suele suceder, no faltaron las acusaciones desde la oposición, que tachó esta iniciativa de racista y defendió que se requieren mecanismos legales para integrar a quienes ya forman parte del tejido social español.
La posición del PP: entre críticas y apoyos
El apoyo del Partido Popular a la propuesta presentada por Vox ha sido interpretado como un cambio estratégico significativo. Hasta ahora, los populares habían abogado por un control migratorio efectivo pero evitando caer en discursos criminalizadores. En esta ocasión, aunque Maribel Sánchez, diputada del PP, enfatizó que el debate debía ser “responsable y sin caer en criminalizaciones injustas”, al final decidieron apoyar la tramitación de la propuesta presentada por Vox.
No obstante, el PP ha intentado matizar su postura, reiterando su rechazo a “cualquier discurso cargado de odio” y abogando por revisar el modelo migratorio sin “criminalizar al extranjero solo por serlo”. Sin embargo, muchos han interpretado este gesto como una aceptación parcial del marco discursivo propuesto por la ultraderecha y un intento por disputarle este espacio político en medio de una creciente polarización.
El rechazo parlamentario y las reacciones sociales
Finalmente, la iniciativa fue desestimada por la mayoría del Congreso, con 177 votos en contra frente a 169 a favor (de Vox y PP), además de una abstención. Los partidos del Gobierno y sus aliados acusaron a los proponentes de querer retroceder décadas en derechos fundamentales y convivencia social. Por otro lado, organizaciones civiles y sindicatos como UPTA han advertido sobre el “peligroso precedente político” que representa siquiera debatir sobre eliminar el arraigo.
En términos económicos, las reacciones no tardaron en llegar. La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos recordó que los inmigrantes constituyen más del 14% del total de trabajadores autónomos y alrededor del 13% del empleo asalariado, advirtiendo que bloquear el arraigo podría comprometer seriamente tanto el tejido productivo como el estado del bienestar.
Consecuencias y escenarios para la política migratoria
Este episodio representa un punto decisivo en lo que respecta a la política migratoria española. Que el PP haya decidido alinearse con Vox, aunque matizando su discurso, genera múltiples consecuencias:
- Tensión interna dentro del bloque conservador, con sectores dentro del PP incómodos ante esta adopción de posturas extremas.
- Dificultades para alcanzar consensos sobre una cuestión tan delicada como es la migración, donde históricamente ha existido cierto acuerdo básico sobre vías legales ordenadas para lograr integración.
- Riesgo evidente de retroceso en derechos humanos y cohesión social, al cuestionar mecanismos consolidados que han demostrado ser eficaces para prevenir marginalidad y economía sumergida.
- Impacto internacional, dado que España había sido vista recientemente como ejemplo positivo en políticas integradoras comparadas con otros países europeos.
Debate social y relato político
El debate sobre inmigración en España no solo permanece activo sino que se intensifica con cada nueva sesión parlamentaria. Vox busca aprovechar el descontento social así como las percepciones sobre inseguridad; mientras tanto, el PP parece estar atrapado entre las exigencias de su electorado más conservador y su necesidad de mantener una imagen responsable como partido gobernante. Por su parte, el Gobierno junto con los partidos progresistas insiste en promover una narrativa centrada en convivencia e integración junto con defensa acérrima de los derechos humanos.
En este contexto agitado, se anticipan semanas movidas. No faltarán titulares llamativos ni debates acalorados tanto en platós televisivos como en redes sociales. Sin embargo, lo que está realmente en juego va mucho más allá de simples estrategias partidistas: se trata del modelo social y convivencial que España desea construir para las próximas décadas.
Curiosidades y datos sobre el caso
- La figura jurídica del arraigo fue introducida dentro de la Ley de Extranjería desde 2000; ha permanecido vigente con diversos ajustes bajo gobiernos variados.
- Más de 900.000 autónomos podrían enfrentar desaparición en los próximos diez años debido a falta de relevo generacional; fenómeno donde juega un papel crucial la inmigración.
- La regularización mediante arraigo exige acreditar varios años residiendo legalmente así como carecer de antecedentes penales; desmontando así el mito sobre una “barra libre” para obtener documentos.
- El debate acerca del arraigo ha generado repetidamente acaloradas discusiones dentro del Congreso; diputados provenientes de diferentes partidos han reivindicado sus propias historias familiares ligadas a procesos migratorios. Como suele decirse entre pasillos políticos: “en este país quien no tiene un abuelo emigrante tiene un tío que se marchó a Alemania”.
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