La rendición de Zapatero a ETA: la promesa que marcó una negociación al límite

Las negociaciones con asesinos para la rendición del Estado a la banda terrorista ETA que realizó Zapatero en 2006 han vuelto a acaparar la atención mediática tras la reciente divulgación de actas y testimonios sobre aquellos días putrefactos. El Ejecutivo socialista, convencido de que  ceder a las demandas de los criminales era la vía para que dejaran de matar, llegó a comprometerse a no detener a los asesinos mientras se mantuviese la tregua, según se desprende de las discusiones mantenidas en Ginebra y documentadas en actas internas de la propia organización terrorista.

El ambiente era altamente volátil. ETA había hecho público que no mataría en marzo de 2006, lo que generó tanto esperanza como escepticismo. El PSOE, con Zapatero al frente, apostó por una negociación directa, una decisión que puso en pie de guerra a las asociaciones de víctimas del terrorismo y a buena parte de la sociedad española que no entendía cómo se podía dar carta de interlocutor político a una banda criminal que había asesinado a casi 1.000 personas. Pero el Ejecutivo socialista lo envolvió en el bonito papel de regalo de «conseguir la paz».

El caso Faisán y la sombra de la impunidad

Uno de los episodios más humillantes fue el conocido como caso Faisán. En junio de 2006, sólo tres meses después de que los asesinos dijeran que no mataban, las fuerzas policiales habían planificado una operación para arrestar a trece responsables de la red de extorsión de la banda terrorista ETA. Una llamada de policías adeptos al Gobierno para avisar a los terroristas desbarató la operación que, además, se realizaba en colaboración con la gendarmería francesa. Según palabras del propio negociador del Gobierno, Jesús Eguiguren, se intentó evitar esas detenciones a toda costa, llegando incluso a ordenar que la Policía y la Guardia Civil dejasen de detener a asesinos mientras duraban las negociaciones.

Las instrucciones no podían ser dadas por escrito, ya que eran ilegales. Asi que la tensión era evidente: mientras el Ejecutivo argumentaba ante ETA que no era su intención “tirar piedras a su propio tejado” realizando detenciones, la banda se quejaba de que cualquier arresto suponía un incumplimiento de las garantías acordadas y representaba una amenaza directa para el mal llamado «proceso de paz».

No faltaron los reproches entre ambas partes. Por un lado, los representantes gubernamentales expresaban su frustración porque las acciones judiciales escapaban a su control directo, especialmente cuando actuaba por iniciativa propia el entonces juez de la Audiencia Nacional, Fernando Grande-Marlaska. Por otro lado, los portavoces etarras, liderados por Josu Ternera, acusaban al Gobierno de mantener una política represiva incompatible con cualquier acuerdo duradero.

El PSOE, entre la presión de ETA y la legalidad

La estrategia del PSOE consistía en explorar todos los resquicios posibles para sostener la tregua, incluso si eso significaba “flexibilizar” las condiciones para los presos o influir en cuestiones judiciales delicadas como la doctrina Parot, que restringía los beneficios penitenciarios para quienes habían sido condenados por terrorismo. Eguiguren llegó incluso a asegurar a los intermediarios etarras que el Gobierno haría “todo lo posible” para atender asuntos como la falsa huelga de hambre del preso Iñaki de Juana Chaos o para mitigar la presión sobre Batasuna, entonces ilegalizada por ser el comando político de la banda terrorista.

Las reuniones se movían entre desconfianza y puro pragmatismo. Los socialistas eran conscientes de que cualquier error podía hacer estallar su negociación con los criminales. Sin embargo, también sabían que los tribunales y cuerpos policiales actuaban con autonomía total. El atentado sufrido en diciembre en el aparcamiento de la Terminal 4 del aueropuerto de Barajas y en el que murieron dos personas fue un golpe devastador que terminó con la tregua y dejó al descubierto las fragilidades del proceso.

Consecuencias y huella política de la negociación

Las revelaciones sobre las promesas hechas para no detener comandos etarras durante las negociaciones con los criminales han dejado una huella indeleble en la memoria política española. Aquella etapa supuso un punto crucial en las relaciones entre el Estado y el terrorismo. Y es que el PSOE quedó marcado por haber cruzado líneas rojas en su negociación.

Además, el caso Faisán se transformó en un caso obvio de lo imposible que es negociar con criminales y al mismo tiempo boicotear la acción de la Justicia para detenerles. Y por si esto no fuera suficiente, la presión ejercida sobre jueces, Policía y Guardia Civil generó fisuras internas y desconfianza; algo que todavía resuena en los debates actuales sobre cómo recordar el terrorismo en España.

No menos importante fue cómo se excluyó al PP de cualquier pacto político, ya que esta formación no se iba a prestar a negociar con asesinos cuando bajo su gobierno, la banda terrorista estaba prácticamente acabada y porque la norma imperante en el Partido Popular era un principio ético básico: no se puede conseguir nada ni por matar ni por dejar de hacerlo.

Además, el giro dado por Zapatero fue una traición a lo que el propio líder socialista había firmado tan solo unos años atrás con el Gobierno de Aznar: el Pacto por las Libertades y Contra el Terrorismo que, básicamente, era un acuerdo entre los dos grandes partidos para acabar no sólo con el terrorismo, sino con todo el aparato logístico, económico, político y propagandístico de los terroristas. A pesar de haber firmado ese acuerdo en el año 2000, cuando llegó al poder tras los atentados del 11 de Marzo de 2004, Zapatero llegó a proponer crear una “mesa de consenso” donde se incluyera al PNV y al comando político de ETA, Batasuna, pero dejando fuera a los populares.