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Y faltan muchos.
La UCO de la Guardia Civil está a punto de presentar un informe que podría acarrear graves consecuencias para Ángel Víctor Torres, actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática del Gobierno de Pedro Sánchez.
Este documento, que se prevé sea entregado en octubre, examina su supuesta implicación en la trama Koldo, un caso vinculado a la compra-venta de material sanitario durante la crisis del COVID-19.
Esta situación no solo coloca a Torres en el centro del escándalo, sino que también pone de manifiesto una problemática más amplia de corrupción que ha salpicado al PSOE y al panorama político español.
La trama Koldo: Un entramado de corrupción
La trama Koldo ha captado la atención mediática en los últimos tiempos, ya que involucra a diversas figuras políticas y empresariales dentro de una presunta red corrupta. El foco del caso se centra en la adquisición de material sanitario durante la pandemia, donde se sospecha que se recurrió a empresas con conexiones turbias para conseguir contratos públicos. Koldo García, quien fue asesor de José Luis Ábalos, se presenta como una figura central en esta historia, habiendo jugado un papel clave en la adjudicación de contratos a las empresas implicadas. Asimismo, se ha señalado a Ángel Víctor Torres como un interlocutor fundamental en Canarias para estas adjudicaciones, lo que ha generado interrogantes sobre su participación directa.
Torres ha mantenido siempre que no tuvo ninguna implicación directa con las empresas corruptas. Sin embargo, los informes de la UCO y las comunicaciones obtenidas sugieren un interés cuestionable por cerrar contratos con entidades relacionadas con la trama Koldo. Además, el propio Torres reconoció haber estado involucrado en el pago de 5 millones de euros a la empresa Soluciones de Gestión por mascarillas defectuosas, mediadas por Koldo. Correspondencia interna revela que Torres tuvo contacto directo con el empresario Íñigo Rotaetxe para resolver problemas con certificaciones, lo cual expone un nivel de implicación que ha despertado críticas dentro del ámbito político.
El ministro también ha sido objeto de reproches por negociar la compra masiva de test COVID antes de que estos fueran obligatorios para los turistas. Esto ha añadido otro frente a sus críticas. En su declaración voluntaria, Aldama mencionó que Koldo le informó sobre una supuesta solicitud por parte de Torres para recibir una comisión de 50.000 euros «por el tema de las mascarillas y por el contrato en Canarias», algo que él niega pero que alimenta las sospechas sobre su involucramiento.
Torres ha sido acusado repetidamente de evadir responsabilidades y negar sus vínculos con la trama, algo que ha sido puesto en tela de juicio por el portavoz adjunto del Grupo Popular en el Congreso, Pedro Muñoz Abrines. Este último ha planteado interrogantes sobre si Torres seguiría siendo ministro si se confirmaran indicios delictivos contra él y ha cuestionado sus afirmaciones sobre nunca haber hablado con Koldo acerca de empresas específicas. También le ha reprochado su falta de transparencia respecto a sus contactos con Aldama y se pregunta por qué Koldo afirmó que colocaría mascarillas en Baleares y Canarias cuando Aragón decidió no adquirirlas.
La presión política aumenta. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha convocado una reunión urgente del Comité de Dirección del partido para evaluar cómo responder ante estos acontecimientos. Justificó este encuentro «debido a la gravedad del asunto», subrayando que «ex presidentes autonómicos hoy son autoridades del Estado mandando a personas encarceladas contactar con sus consejeros para realizar pagos a una red corrupta». Por su parte, Coalición Canaria exige al Partido Socialista que asuma responsabilidades políticas y dé explicaciones coherentes sobre lo ocurrido. Consideran que el informe de la UCO es «lo suficientemente serio» como para requerir respuestas claras «por coherencia democrática» y responsabilidad.
El Secretario Nacionalista se interroga: «si no hay nada oculto, ¿por qué no salir y explicar lo evidente?». La actitud evasiva y negadora adoptada por Torres respecto a sus conexiones con la trama sigue generando controversia dentro del debate político. A pesar del creciente clamor crítico, Pedro Sánchez ha mostrado su apoyo público hacia Torres, presentando su situación como parte de una injusta campaña descalificadora. En este sentido, destacó a Torres como «un político ejemplar e imbatible», algo también cuestionado por diversos sectores políticos.
El futuro inmediato parece incierto para Ángel Víctor Torres mientras las aguas turbulentas alrededor suyo continúan agitando el panorama político español.
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