La revelación de Lobato: un torpedo al relato de Moncloa que hunde al fiscal García Ortiz y destapa la trastienda de la conjura contra Ayuso

Están quedando como Cagancho en Almagro.

Todos, porque todos estuvieron en la sucia conjura contra Isabel Díaz Ayuso.

El proceso judicial contra el fiscal general del Estado ha puesto al descubierto la maquinaria de derribo orquestada desde La Moncloa y Ferraz contra la presidenta madrileña, en marzo de 2024.

Siguiendo órdenes directas de Pedro Sánchez, el entonces secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, coordinó la ofensiva, un plan que revela no solo ambición política, sino una corrupción que data de años atrás.

La Guardia Civil, a través de la UCO, ha desenterrado el primer indicio de la podredumbre de Cerdán: una escritura privada de 2016, por la que adquiría el 45% de las acciones de Servinabar, empresa navarra que germinó la trama de amaños y sobornos que ahora lo salpica.

Pero el pulso del escándalo late en el testimonio de este miércoles del exlíder socialista madrileño, Juan Lobato, quien relató con crudeza la mañana fatídica del 13 de marzo de 2024.

A primera hora, Lobato recibió la llamada de Cerdán: «A las nueve, en el control al Gobierno, Pedro va a pedirle a Feijóo la dimisión de Ayuso. Tú haz lo mismo».

Ipso facto, a las 8:51 horas, Lobato disparó un WhatsApp en su círculo íntimo: «Me llama Santos. Pedro va a pedir ahora a Feijóo que dimita Ayuso. Y q lo pidamos nosotros tb».

Ese mensaje, extraído del móvil que Lobato entregó voluntariamente al Supremo el 24 de noviembre de 2024, es la huella digital de la conspiración.

Todo arrancó el día anterior, cuando eldiario.es destapó el caso del novio de Ayuso con un titular demoledor:

«La pareja de Ayuso defraudó 350.951 euros a Hacienda con una trama de facturas falsas y empresas pantalla».

Fue la mecha. Los socialistas desataron su artillería, con Cerdán como puente letal entre Moncloa y Ferraz, el hombre de máxima confianza de Sánchez y número tres del PSOE.

En el Tribunal Supremo se respira un ambiente cargado de tensión en estos días. La comparecencia de Juan Lobato, exlíder del PSOE madrileño, ha dejado a la cúpula del Gobierno y a la Fiscalía General del Estado ante una situación incómoda, cuando no directamente comprometida.

Este caso, que gira en torno a la filtración de un correo relacionado con el fraude fiscal del novio de Isabel Díaz Ayuso, ha sacudido los cimientos de la política madrileña y puede tener repercusiones en todo el país.

Lobato, quien acudió como testigo al juicio contra el fiscal general Álvaro García Ortiz por un presunto delito de revelación de secretos, no escatimó en detalles: admitió haber recibido instrucciones directas para hacer uso del famoso correo intercambiado entre el abogado del novio de Ayuso y un fiscal durante las tensiones parlamentarias.

El mensaje crucial llegó la mañana del 14 de marzo de 2024: “En Moncloa y en Ferraz quieren el máximo ruido y jaleo para tapar el máximo tiempo posible las elecciones de Cataluña y que no hay presupuestos”. Un recordatorio claro de que, en ocasiones, la política es un teatro donde los guiones se escriben desde despachos bien decorados.

El papelón de Moncloa y Ferraz: ¿quién mueve los hilos?

Las revelaciones hechas por Lobato no solo incomodan a la Fiscalía, sino que también afectan directamente a Moncloa y a la sede socialista de Ferraz. Según su testimonio, fue desde arriba donde se dio la orden para atacar al entorno de Ayuso, siendo Santos Cerdán, entonces secretario de Organización del PSOE, quien le transmitió la consigna: “Sánchez va a pedir su dimisión y es un asunto nacional”.

La cronología revela una serie de mensajes y advertencias, donde también aparece Pilar Sánchez Acera, exasesora en Moncloa y actual secretaria de Organización del PSOE madrileño. Ella fue quien envió a Lobato una captura del correo con una advertencia: “Cuidado con los datos personales”. La presión se incrementó rápidamente: “Sácasela en la pregunta: ‘¿Quién miente, señora Ayuso, usted o su novio?’”. La escena recuerda esos momentos previos al levantamiento del telón, donde todos los actores deben tener muy claro cuál es su papel.

La versión oficial, en apuros: amnesia selectiva y “prudencia” parlamentaria

Tanto Lobato como Sánchez Acera han intentado desvincular al Gobierno y a la Fiscalía de la recepción del documento. Sánchez Acera sostiene que obtuvo la información a través de un periodista cuya identidad no recuerda y que no hubo órdenes explícitas desde Moncloa. Por su parte, Lobato argumenta haber actuado con “prudencia”, utilizando el correo solo cuando ya había sido publicado por medios digitales. Según su propio relato, no le afecta una revelación de secretos si su origen es legítimo: “La revelación de secretos a mí no me afecta si tiene un origen legítimo”.

Sin embargo, esta versión enfrenta varios obstáculos:

• Sánchez Acera cambió su teléfono móvil y no conserva los mensajes originales.
• No recuerda el nombre del periodista que le habría enviado el documento.
• La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha destacado contradicciones entre los relatos ofrecidos y los datos objetivos registrados en su informe.

El juez instructor, Ángel Hurtado, tampoco parece convencido. Ha señalado que las afirmaciones de la asesora “chocan frontalmente” con lo recabado por la UCO.

García Ortiz, entre la espada y la pared

El gran perjudicado en este embrollo es sin duda el fiscal general Álvaro García Ortiz. Acusado por presunta filtración del correo electrónico del abogado González Amador, García Ortiz enfrenta un proceso donde ya no solo está bajo escrutinio su figura, sino también cómo funciona realmente la Fiscalía y su relación con el poder político.

La declaración de Lobato, quien registró ante notario los mensajes clave siete meses después de lo sucedido, ha avivado las sospechas sobre una estrategia coordinada para maximizar el impacto mediático del caso e impactar negativamente en la imagen de Ayuso. El propio Lobato, técnico tributario, dejó claro su temor sobre el origen del correo: “Por prudencia necesitaba saber de dónde venía; si no parecía que me lo había dado la Fiscalía”.

El fiscal Salvador Viada, quien también ha testificado como testigo, ha puesto énfasis en lo esencial: “Aquí hay dos partes sobre las que hay que hacer hincapié. Uno es la motivación o móvil. Que no tiene importancia desde el punto penal. La razón por la cual la fiscalía decide actuar respecto a este tema…lo trascendente es el delito cometido”. O sea, lo relevante no es tanto el motivo como el hecho objetivo detrás de esa filtración.

Las penurias de García Ortiz: de fiscal jefe a protagonista involuntario

Este caso ha llevado a García Ortiz a vivir una crisis sin precedentes dentro de la Fiscalía en tiempos recientes. No solo pesa sobre él la sombra posible injerencia política; también está presente una percepción pública que indica que dicha institución está supeditada a intereses partidistas. Su defensa busca desvincular las acciones fiscales cualquier consigna política; sin embargo, tanto las presiones mediáticas como los testimonios surgidos en el Supremo no facilitan su situación.

Además, este escándalo ha tenido efectos colaterales imprevistos. Alberto González Amador, pareja actual de Ayuso, relató ante el tribunal las penurias personales sufridas tras esta filtración. De hecho llegó a confesar que consideró marcharse fuera del país o incluso acabar con su vida. Un testimonio desgarrador que pone sobre la mesa las consecuencias humanas derivadas de estas luchas políticas.

Apuntes finales: política, memoria selectiva y un caso para recordar

• Este caso pone en evidencia la fragilidad en la separación de poderes en España cuando están involucrados intereses políticos.
• Aunque Lobato sigue siendo diputado autonómico y senador tras estallar esta polémica, dimitió como líder del PSOE madrileño.
• Sánchez Acera ha ascendido dentro del PSOE madrileño e insiste en que nunca recibió el correo original desde Fiscalía; solo obtuvo una imagen ya circulante entre medios.
• La investigación abierta por el Supremo ha excluido posibles responsabilidades directas desde Moncloa; sin embargo, sigue abierta ante nuevas derivadas judiciales o políticas.

En un país donde los secretos suelen durar menos que un caramelo frente a niños impacientes, lo revelado por Lobato vuelve a demostrar algo evidente: en política española, muchas veces lo real supera cualquier ficción imaginable.