El ‘Pacto del Caserío’: PP, UPN y VOX exigen a Sánchez que explique qué apaños cerró con el terrorista Otegi

Con los asesinos de sus compañeros socialistas.

En el mundo político, la falta de transparencia suele tener consecuencias.

La reunión entre Pedro Sánchez, Santos Cerdán y Arnaldo Otegi en un caserío del País Vasco, justo antes de la moción de censura de 2018, reaviva el debate acerca de la legitimidad de ciertos acuerdos y el costo, tanto político como moral, que puede implicar alcanzar La Moncloa.

La escena parece sacada de un thriller: un trayecto nocturno con Koldo García al volante hacia un caserío aislado en una zona marcada por 216 atentados de ETA, incluyendo aquel que segó la vida de Miguel Ángel Blanco.

Allí, sin periodistas ni testigos ajenos, se desarrollaron tres horas de negociaciones a puerta cerrada entre los socialistas y el líder de Bildu.

El simbolismo del lugar no podía ser más contundente: las víctimas del terrorismo y el poder de quien fue interlocutor del horror, ahora convertido en aliado esencial para la gobernabilidad.

En el Régimen Sanchista nunca hay distancias largas respecto al pasado; incluso un sencillo caserío escondido entre montañas puede marcar el rumbo entero del país.

La presión opositora: “Terrible que Sánchez haya pactado con un terrorista”

Las repercusiones de esta revelación no se han hecho esperar. Miguel Tellado, secretario general del PP, describió como “terrible” que Sánchez “haya podido pactar con un terrorista el futuro del país que él mismo intentó destruir”. Esta frase resonó en todos los medios y redes sociales, alimentando la indignación entre aquellos que consideran que ciertas prácticas políticas son inaceptables.

Este asunto no solo ha permitido al PP recuperar protagonismo en la oposición; también ha dado pie a Vox y UPN para centrar su atención en temas relacionados con la memoria histórica y la justicia. Alberto Catalán, diputado de UPN, subrayó que los ciudadanos “tienen derecho a conocer a qué precio los herederos políticos de ETA votaron a favor de Sánchez”. La cuestión es clara pero devastadora: ¿Qué concesiones se hicieron por esos votos cruciales que facilitaron el cambio de Gobierno?

La magnitud del escándalo ha superado las fronteras parlamentarias. La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, dejó claro que “ETA le ha entregado la legislatura a Pedro Sánchez”. Por su parte, el alcalde madrileño, José Luis Martínez-Almeida, lamentó que “en esos mismos caseríos donde Otegi decidía quién vivía o moría se fraguaba el Gobierno español”.

En medio de todo esto no han faltado toques irónicos. Desde las filas populares se hace mofa sobre Koldo García: “el típico conocido al que le pides que te lleve hasta un terrorista como Otegi”. Nadie puede escapar al surrealismo del momento: ver a un presidente del Gobierno viajando encubierto para negociar con alguien considerado hace poco tiempo un enemigo público.

Pactos bajo sospecha: política penitenciaria, Navarra y Pamplona

En el trasfondo del debate se encuentra una cuestión fundamental sobre la transparencia y la ética en los acuerdos parlamentarios. Como señalan desde UPN, “todos los pactos que permitieron a Sánchez llegar a La Moncloa fueron públicos, excepto el acuerdo con Bildu”. Y esa excepción, según Catalán, “no es casual”.

¿Qué se trató en ese caserío? Las sospechas apuntan hacia:

• La política penitenciaria y el acercamiento de presos de ETA a cárceles vascas y navarras; un proceso que se aceleró notablemente desde 2020 y culminó en 2023 con la finalización de la dispersión.
• El Ayuntamiento de Pamplona, donde Bildu logró la alcaldía gracias al apoyo socialista, consolidando así un eje abertzale en la capital foral.
• El Gobierno foral, donde el Ejecutivo dirigido por María Chivite ha aprobado siete presupuestos con el respaldo directo de Otegi.

No se trata solo de instituciones. El papel desempeñado por Santos Cerdán, según informes procedentes de la UCO, fue esencial para las negociaciones con Bildu. Cerdán habría gestionado traslados de presos y mantenido contactos directos con Instituciones Penitenciarias para coordinar cada uno de los beneficios otorgados. Otegi lo reconoció ante sus seguidores: “Si hay que votar los Presupuestos para liberar a 200 presos, se vota”.

El rol crucial de Cerdán y su ‘acuerdo cinco a la semana’

El caso de Santos Cerdán merece ser destacado. No solo fue quien llevó las negociaciones con Bildu; según las investigaciones realizadas, gestionó personalmente los beneficios penitenciarios para cada etarra individualmente para asegurar el apoyo necesario desde Otegi hacia Sánchez. El ritmo tan constante en los traslados llegó a ser apodado por miembros del PNV como “el acuerdo cinco a la semana”.

La clave estaba clara para Otegi: “La llave para apoyar a Sánchez era controlar las cárceles”. Así fue como la política penitenciaria se transformó en un elemento vital para obtener el respaldo decisivo de Bildu durante momentos críticos del mandato.

Silencio oficial y contradicciones desde Moncloa

El Gobierno ha optado por guardar silencio y desmentir lo sucedido. Desde Moncloa afirman que “no haremos comentarios”, mientras Sánchez califica como “mentira” las informaciones que sugieren su participación directa en negociaciones con Otegi y niega conocer a Antxon Alonso, el empresario señalado como intermediario entre socialistas y abertzales. Sin embargo, Koldo García ha confirmado haber trasladado a Sánchez y Cerdán al caserío; una cita cuya existencia no puede negarse.

La disparidad entre testimonios directos y las negativas oficiales ha incrementado aún más la desconfianza entre la ciudadanía e intensificado la sensación de que hay algo oculto detrás. Para la oposición, este “pacto encapuchado” ha quedado al descubierto; así se consolida ante sus detractores una imagen de Sánchez como un líder dispuesto a todo por mantenerse en el poder.