Ábalos acusa a Armengol de prevaricar y el PSOE entra en pánico por la trama de las mascarillas

Otra más.

Y todo corruptos.

José Luis Ábalos no se ha limitado a entrar en la cárcel de Soto del Real.

Desde su reclusión en este centro madrileño, donde fue recluido el pasado jueves tras la orden del Tribunal Supremo, el exministro de Transportes ha decidido lanzar duras acusaciones contra la presidenta de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, Francina Armengol, acusándola abiertamente de prevaricación en relación con los contratos de mascarillas gestionados durante la pandemia.

Este movimiento no solo busca diluir responsabilidades, sino que también pone al descubierto las profundas divisiones dentro del Partido Socialista Obrero Español, donde las disputas internas se han convertido en un campo de batalla judicial.

La decisión del magistrado Leopoldo Puente de enviar a prisión provisional y sin fianza tanto a Ábalos como a su exasesor Koldo García ha supuesto un punto de inflexión en la política española.

Por primera vez, un diputado en activo ingresa en una prisión por corrupción, un hecho que ha remecido los cimientos del hemiciclo.

Sin embargo, lo que ocurre ahora desde las celdas es aún más revelador: el exministro no solo critica a sus compañeros de partido, sino que les atribuye responsabilidades por delitos administrativos.

«Me desprecia a mí, desprecia al Tribunal Supremo y desprecia al Congreso de los Diputados», ha manifestado Ábalos sobre cómo siente que está siendo tratado, aunque sus palabras también parecen dirigidas a aquellos que no le brindan apoyo desde las altas esferas socialistas.

El expediente fabricado en Baleares

Lo que Ábalos cuestiona se encuentra precisamente documentado por la Guardia Civil en sus exhaustivos informes.

El Gobierno balear, bajo el mandato de Armengol, desembolsó 3,7 millones de euros de fondos públicos a la trama liderada por Koldo García durante una crisis sanitaria, aun cuando los técnicos de la administración insular alertaron sobre la mala calidad e inutilidad médica del material sanitario adquirido. No se trató de un error administrativo menor; fue un pago que nunca debió haberse efectuado, según los investigadores.

La mecánica del fraude seguía un patrón repetido en otras comunidades autónomas y ministerios. La negociación con Soluciones de Gestión, empresa vinculada al exasesor personal de Ábalos y asociada al empresario Víctor de Aldama, fue completamente verbal.

Posteriormente, el expediente administrativo se elaboraba a posteriori, sin dar oportunidad a que otras empresas participaran en un proceso licitatorio abierto y transparente. Este procedimiento violaba todos los principios fundamentales de contratación pública, incluso en situaciones excepcionales como una emergencia sanitaria.

Los investigadores de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil llegaron a una conclusión devastadora: pese a la urgencia que justificaba ciertos procedimientos acelerados, el proceso era esencialmente ilegal. La adjudicación estaba predestinada para beneficiar exclusivamente a esta compañía.

No había competencia ni transparencia; solo una decisión preconcebida tomada en despachos donde prevalecían los contactos políticos y empresariales adecuados.

Las mascarillas defectuosas que se pagaron igual

El caso ocurrido en Canarias resulta especialmente ilustrativo porque permite observar cómo funcionaba esta trama en acción. Cuando el viceconsejero de Presidencia isleño, Antonio José Olivera, preguntó a Koldo García si le parecía bien adquirir dos millones de mascarillas, legitimaba un proceso ya viciado desde su origen.

Los técnicos canarios mostraron dudas inmediatas; desconfiaban de los datos proporcionados y estaban preocupados tanto por el elevado precio unitario como porque una parte significativa del material no era apto para uso médico.

Sin embargo, esos problemas técnicos no detuvieron el engranaje fraudulento.

Lo que sí generó fueron presiones constantes. Koldo García insistía repetidamente a Olivera para que se llevaran a cabo los pagos hacia Soluciones de Gestión. El viceconsejero respondía que lo consultaría y aseguraba que el abono debía ser inminente. Dos días después llegaban nuevas insistencias: era claramente la presión del intermediario sobre la administración pública, reflejando un tráfico de influencias evidenciado por mensajes y conversaciones recuperadas por la Guardia Civil a partir de dispositivos incautados.

Lo sucedido en Baleares fue esencialmente lo mismo, aunque con cifras que requieren explicaciones claras por parte del gobierno regional.

En ese momento, Armengol estaba al frente cuando ocurrieron estas adjudicaciones irregulares. Su administración utilizó dinero público manchado por corrupción. Y ahora, desde su celda, Ábalos lanza graves acusaciones contra ella por prevaricación y delitos administrativos relacionados con su gestión financiera pública. Si estas acusaciones prosperan podrían abrir nuevas líneas investigativas ante la justicia.

La implosión socialista en directo

El enfrentamiento entre Ábalos y la dirección del PSOE ha evolucionado hasta convertirse en un espectáculo repleto de acusaciones mutuas que revelan la fragilidad política del partido. Mientras el exministro lanza dardos desde prisión, figuras socialistas como Diana Morant le instan públicamente a renunciar a su acta como diputado: «Si aún le queda algo de decencia política debe renunciar», expresó la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades.

Otros miembros como Susana Díaz, expresidenta andaluza, admitieron ser testigos «muy duros» ante situaciones donde personajes clave del partido acaban tras las rejas por ser «presuntos golfos» y «delincuentes».

La estrategia seguida por Ábalos es diáfana: si ha de enfrentarse al encierro carcelario no lo hará solo. Si sus compañeros deciden abandonarlo, él arrastrará consigo su caída política. Acusa directamente a Armengol, cuestiona las decisiones gubernamentales e involucra incluso a Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez, citándola respecto a otros asuntos bajo investigación.

Es el comportamiento típico del traicionado quien considera ya superflua cualquier lealtad política.

El Tribunal Supremo cierra el círculo

El magistrado Puente ha sido claro y contundente en su veredicto. Ha desestimado los argumentos presentados por la defensa de Ábalos, quienes alegaban que su ingreso carcelario pretendía presionarle hacia una «declaración colaborativa». El fiscal jefe anticorrupción, Alejandro Luzón, fue especialmente firme durante su intervención: «Ningún poder del Estado puede evadir su responsabilidad ante la acción penal».

Esta afirmación parece haber sido una respuesta directa ante cualquier insinuación sobre un trato preferencial para Ábalos dado su estatus como exministro o diputado.

La acusación fiscal solicita veinticuatro años para Ábalos y diecinueve años y medio para Koldo García por presuntos delitos relacionados con pertenencia a organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y malversación entre otros cargos adicionales solicitados por las acusaciones populares lideradas por el Partido Popular que piden hasta treinta años para ambos añadiendo prevaricación y falsedad documental entre sus cargos. Estas penas explican claramente por qué el riesgo considerado para una posible fuga fue catalogado como «extremo» por parte del tribunal.

La pandemia como salvoconducto para la corrupción

Lo acontecido durante las compras masivas en España no constituye un fenómeno aislado; toda Europa enfrentó problemas similares: una relajación generalizada en los controles administrativos para adquirir material médico debido al apremio generado por situaciones críticas abrió grandes oportunidades para tramas corruptas. Políticos e intermediarios aprovecharon esas circunstancias para enriquecerse mediante comisiones ilegales o mediante productos defectuosos con certificados falsificados.

En Italia hubo redes donde médicos simulaban administrar vacunas cobrando hasta quinientos euros; mientras tanto en Lituania grupos falsificaron documentos inflando precios relacionados con maquinaria destinada al suministro sanitario con propósitos fraudulentos utilizando fondos europeos destinados para ello. La Fiscalía Europea advirtió sobre cómo esta crisis sanitaria expuso «las debilidades estructurales» presentes dentro del control europeo sobre fondos públicos.

En España, sin embargo, el caso conocido como Koldo se ha erigido como símbolo emblemático dentro del entramado corrupto bajo el Gobierno actual dirigido por Pedro Sánchez; todo giraba alrededor asegurar contratos sanitarios hacia Soluciones de Gestión gracias al acceso adecuado dentro del Ministerio correspondiente fomentando así conexiones políticas más allá incluso con gobiernos autonómicos socialistas como Canarias o Baleares donde esta empresa facturó más cincuenta millones durante varios contratos sanitarios obteniendo beneficios millonarios adicionales gracias al manejo irregular realizado.

El silencio Koldo en Audiencia Nacional

Mientras tanto mientras Ábalos lanza acusaciones desde su celda penitenciaria su exasesor Koldo García ha optado por otra estrategia completamente opuesta; ante su comparecencia ante Audiencia Nacional decidió negarse rotundamente declarar respecto contratos irregulares vinculados con mascarillas adquiridas dentro Canarias; aunque ejerce derecho procesal también habla volúmenes sobre él mismo; simultáneamente Víctor De Aldama quien ocupó rol clave dentro trama decidió colaborar activamente permitiendo así destapar detalles significativos acerca operatividad real detrás fraude acontecido.

Las investigaciones han permitido establecer conexiones importantes donde Aldama mencionó ante juez cómo expresidente canario Ángel Víctor Torres deseaba colaboración activa aerolínea Plus Ultra facilitándole transporte material sanitario requerido; todo estaba interconectado formando parte red donde contactos políticos se convertían oportunidades negocio mientras fondos públicos eran utilizados indebidamente beneficiando amigos allegados involucrados directamente.

El precio político dela corrupción

Lo sucedido actualmente dentro PSOE refleja crisis legitimidad mucho más allá tribunales; cada vez más líderes socialistas ingresando prisión debido corrupción evidencian tramas implicando gobiernos autonómicos dirigidos partido generan daño irreparable credibilidad institucional; capacidad gobernar puesta seriamente duda; confianza ciudadanos instituciones públicas resquebrajada rápidamente.

Ahora mismo Francina Armengol presidenta Congreso Diputados enfrenta situación incómoda: además ser objeto acusaciones realizadas Ábalos también ocupa uno altos cargos institución actualmente encargada investigar propios compañeros partido convirtiéndose conflicto intereses poco común vista política española contemporánea.

Lo que ocurra desde este momento será crucial; declaraciones realizadas Ábalos desde cárcel junto acusaciones dirigidas hacia Armengol podrían abrir nuevas líneas investigación o simplemente ser descartadas como intentos diluir responsabilidades personales; lo cierto es caso Koldo apenas comienza fase destructiva donde miembros propios partido pueden convertirse principales acusadores entre ellos mismos

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