¡¡Sánchez denunciado ante el Supremo por revelación de secretos!!

En La Retaguardia de este martes 2 de noviembre, Eurico Campano analiza con Mario Garcés y Juan Gonzalo Ospina el oscuro horizonte que afronta Pedro Sánchez tras ser denunciado en el Tribunal Supremo por un presunto delito de revelación de secretos. Y es que éste posible ilícito por parte del presidente es el primero de los muchos asuntos que va a tener que afrontar en los tribunales.

Además, en el programa estará Rosa Alegría Torres, diputada ecuatoriana y presidenta de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional de Ecuador. Con sólo 30 años, forma parte de una nueva generación política que se propone recuperar el Estado de derecho en una nación golpeada por la inestabilidad, la violencia y la infiltración del crimen organizado en las instituciones.

En el programa de este martes, se analiza también el curioso caso que ha llevado el abogado Ospina contra marcas de lujo que pedían tres años de cárcel a la propietaria de un local comercial cuya inquilina vendía productos falsificados de marcas como Gucci o Dior. El caso ha sido una concatenación de chapuzas policiales y judiciales partiendo del hecho de que tanto propietaria como inquilina son de nacionalidad china y no hablan español. Básicamente, acusaron a la dueña del local de las actividades que estaba realizando la inquilina por no acreditar bien las cosas. Surrealista que en España se trabaje de esta manera.

Volviendo a España, la política en nuestro país se encuentra nuevamente en el centro de un torbellino judicial. Manos Limpias ha interpuesto una querella ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que acusa de un supuesto delito de descubrimiento y revelación de secretos. Este documento fue presentado el pasado viernes 28 de noviembre y marca un nuevo capítulo en la tensión entre la formación ultraderechista y el Ejecutivo, todo ello a raíz de unas declaraciones recientes del exministro de Transportes José Luis Ábalos.

La denuncia sostiene que Sánchez habría filtrado información confidencial relacionada con investigaciones que lleva a cabo la Fiscalía y la Audiencia Nacional sobre Koldo García, exasesor de Ábalos, durante una reunión privada celebrada en el Palacio de la Moncloa en septiembre de 2023. De acuerdo con la querella, este encuentro tuvo lugar justo antes del debate de investidura en el Congreso, un periodo crítico para el Gobierno que requería apoyo parlamentario para su permanencia. La falta de actas públicas sobre esta reunión refuerza la naturaleza secreta de lo tratado.

La acción judicial presentada por la organización que encabeza Miguel Bernad se apoya en las afirmaciones del propio Ábalos en el medio digital OkDiario, donde confesó que Sánchez le comunicó verbalmente que había una investigación activa sobre su asistente. Según se detalla en la denuncia, durante esa reunión privada en La Moncloa, el presidente le ofreció información reservada y sujeta a secreto de sumario, es decir, datos procesales que no pueden ser divulgados a personas ajenas a la investigación. Esto es lo que, según la querella, podría constituir el delito señalado en el artículo 417 del Código Penal.

El sindicato argumenta que los datos compartidos con Ábalos eran procesales y clasificados como secretos. Por ello, su revelación por parte del presidente del Gobierno—quien tiene la condición de aforado—podría ser constitutiva de delito. No solo señalan a Sánchez como responsable directo, sino que también sugiere la posibilidad de un «primer filtrador» que comunicó al presidente sobre el procedimiento, lo cual podría dar lugar a nuevas implicaciones o autores relacionados con este delito. Esta línea argumentativa abre un abanico de posibilidades que trascienden al propio presidente.

La querella presentada ante el Supremo incluye solicitudes detalladas sobre cómo debería llevarse a cabo la investigación. Bernad demanda que se inicien diligencias debido a la condición aforada del presidente, lo cual implica que corresponde al Tribunal Supremo y no a un juzgado ordinario. También pide que se cite como testigo a José Luis Ábalos para corroborar tanto la existencia del encuentro como los temas tratados con Sánchez. Asimismo, solicita ofrecer al presidente la oportunidad de declarar voluntariamente, algo esencial en este tipo de procesos.

Pero eso no es todo. Manos Limpias requiere también al Supremo que envíe un oficio a La Moncloa para solicitar la agenda oficial y el registro de accesos correspondiente al día en cuestión. Esta solicitud es especialmente relevante porque busca documentación que no solo confirme que efectivamente tuvo lugar dicha reunión, sino también quién más estuvo presente o pudo acceder a los temas discutidos. Se trata de una estrategia legal enfocada en obtener pruebas documentales cruciales para el caso.

Este movimiento judicial no es aislado; se inserta dentro de un marco más amplio marcado por las tensiones hacia el Ejecutivo relacionadas con las ramificaciones del conocido «caso Koldo». Esta causa ha salpicado a varias figuras cercanas al Gobierno, incluido Ábalos, quien se encuentra actualmente en prisión. El exasesor Koldo García también está bajo investigación y ha generado un clima político tenso. La querella presentada aprovecha este momento mediático máximo para lanzar su acusación contra el presidente.