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Destruyendo pruebas.
A mansalva.
Alertados, nada más y nada menos, que por el presidente del Gobierno.
La indagación sobre la trama Koldo ha sacado a la luz un nuevo capítulo que amplía de forma notable el ámbito de las acciones sospechosas atribuidas a Santos Cerdán, secretario de Organización del PSOE que se encuentra actualmente en prisión provisional.
En esta ocasión, los agentes de la Guardia Civil han registrado cómo el político socialista organizó el traslado de documentos delicados desde su hogar en Milagro, un municipio navarro, hasta un apartamento situado en una de las áreas más exclusivas de San Sebastián, perteneciente a Ernesto Gasco, presidente del Hipódromo de la Zarzuela y persona de confianza del jefe del Gobierno.
Todo esto sucedió mientras la Unidad Central Operativa (UCO) intensificaba su investigación sobre el papel de Cerdán en la red de corrupción que ha sacudido al PSOE.
La maniobra para ocultar información se llevó a cabo siguiendo un plan meticulosamente elaborado.
El movimiento crucial tuvo lugar el 6 de abril, apenas horas después de que el Tribunal Supremo autorizara la investigación sobre Cerdán tras las revelaciones del empresario Víctor de Aldama, quien afirmó haber entregado 15.000 euros en efectivo al socialista y lo vinculó con el denominado «cupo vasco» de adjudicaciones públicas.
Ese mismo día, Cerdán y Gasco realizaron un viaje conjunto desde Madrid hasta Milagro, cubriendo casi 400 kilómetros con total sigilo. Para justificar su presencia en la localidad, ambos utilizaron una coartada completamente falsa: una visita a una yeguada que no tenía relación alguna con su verdadero objetivo. El desplazamiento se realizó en un vehículo oficial del Hipódromo, lo que añade una nueva capa de irregularidad a estos hechos.
Una vez fuera de la yeguada, ambos se dirigieron directamente a la casa de Cerdán en Milagro, donde accedieron al interior para retirar varias cajas con documentos. Este material fue cargado en un vehículo y posteriormente sacado del municipio en una maniobra coordinada con el avance de la investigación policial. La segunda parte del operativo finalizó en el piso de Gasco en San Sebastián, donde los documentos quedaron depositados fuera del alcance inicial realizado por la Guardia Civil. Este inmueble vasco, adquirido hace cuatro años mediante una hipoteca sorprendentemente baja de solo 200.000 euros, contrasta notablemente con los precios actuales de propiedades similares en esa zona, que rondan más de medio millón. Esta discrepancia no es baladí dentro del marco investigativo que examina detenidamente los movimientos patrimoniales de los implicados.
El Hipódromo como despacho paralelo de la trama
Esta nueva revelación se suma a otro escenario que ya había captado la atención de los investigadores: el Hipódromo de la Zarzuela funcionó durante años como un despacho paralelo donde Cerdán mantenía reuniones discretas con empresarios en un reservado del restaurante La Cantina. Este espacio, alejado del público general y reservado para perfiles específicos, se convirtió en punto neurálgico para encuentros que no trascendían públicamente y que hoy forman parte del análisis exhaustivo llevado a cabo por los investigadores. Fotografías y testimonios corroboran que Cerdán utilizó ese lugar para establecer contactos relacionados con la red corrupta destapada por la UCO. La figura de Gasco como presidente adquiere así mayor relevancia, especialmente teniendo en cuenta su cercanía a La Moncloa, donde ocupó cargos técnicos y estratégicos durante momentos clave para el Gobierno.
El papel del presidente del Hipódromo vuelve a aparecer con fuerza en este caso, algo que los investigadores no pasan por alto. Su nombramiento al frente de esta entidad pública tras finalizar su etapa gubernamental ha sido examinado por los agentes como parte de un patrón más amplio relacionado con colocaciones estratégicas. El Hipódromo, una institución con una estructura interna particularmente sensible y frecuentada por personajes influyentes, se transformó bajo su dirección en un lugar donde convergían intereses políticos, económicos e incluso ilícitos. Su rol en las reuniones clandestinas con Cerdán y su activa participación en los desplazamientos ahora investigados explican el interés que despierta su actividad entre quienes llevan adelante este caso.
El aviso de Sánchez a Ábalos: una primicia que cambia la narrativa
En una primicia publicada por el periodista Alejandro Entrambasaguas, se ha revelado que Pedro Sánchez alertó expresamente al exministro José Luis Ábalos sobre la investigación que estaba llevando a cabo la UCO, dándole así la oportunidad para eliminar pruebas comprometedores. Esta acción podría constituir un intento potencialmente obstruccionista hacia la justicia y añade nuevas dimensiones a las responsabilidades que podrían recaer sobre los dirigentes socialistas. El aviso presidencial permitió a Ábalos tomar medidas preventivas para salvaguardar documentación relacionada con sus actividades dentro de esta trama corrupta, coordinándose probablemente con otros miembros involucrados, incluido Cerdán. Este episodio pone en evidencia cómo el entramado político dentro del PSOE operaba como un mecanismo protector entre sus líderes más relevantes.
La red de comisiones ilegales cuantificada
Los investigadores han logrado cuantificar el alcance real del entramado criminal donde Cerdán desempeñaba un papel central. Según los informes presentados al Tribunal Supremo, el exministro Ábalos pactó con esta red el cobro ilegal superior al millón de euros en comisiones indebidas. La persona encargada de hacer llegar esos fondos era precisamente Cerdán, quien actuaba como intermediario distribuyendo sobornos. Los agentes han identificado cinco contratos públicos adjudicados a Acciona, cuyos detalles revelan conversaciones intervenidas a Koldo García, asesor cercano a Ábalos; esto habría generado una deuda superior al millón mencionado anteriormente. De esta cantidad total, al menos 620.000 euros ya habrían sido cobrados mientras lo restante sigue pendiente.
El primer bloque ilícito asciende a 550.000 euros y proviene principalmente dos contratos otorgados en la Región de Murcia: uno es una gran obra para soterrar las vías ferroviarias murcianas valorada por encima de 158 millones; el otro corresponde al desarrollo del Corredor Mediterráneo entre Pulpí y Vera, tasado en más 121 millones. Ambas adjudicaciones generaron pagos ilegales integrados dentro del circuito económico gestionado por Koldo García y sus intermediarios. Además, hay otros 70.000 euros vinculados al alquiler relacionado con Koldo; mientras tanto, 450.000 euros están asociados con tres contratos adicionales: uno para construir un tramo autovía entre Arrúbal y Navarrete (en La Rioja), otro para instalar nuevos tirantes en el Puente del Centenario (en Sevilla), y finalmente uno relacionado con integrar ferrocarriles dentro urbanismo urbano en Sant Feliú de Llobregat, Barcelona.
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