La Policía detiene a los dos máximos responsables de la aerolínea Plus Ultra

La escena es impactante: agentes de la Policía Nacional irrumpiendo en la sede de Plus Ultra para registrar oficinas y clonar servidores, mientras la UDEF detiene al dueño, Julio Martínez, y al CEO, Roberto Roselli, por un presunto delito de blanqueo de capitales. Simultáneamente, la UCO de la Guardia Civil investiga empresas asociadas al entorno del PSOE y a la SEPI por supuestas irregularidades en contratos públicos. Esto ocurre tras las detenciones de la exmilitante socialista Leire Díez, apodada como la “fontanera” del partido, y del expresidente de la SEPI Vicente Fernández. Todo en menos de 48 horas. No se trata solo de un caso aislado; es un ecosistema complicado.

La aerolínea que se erigió como emblema del rescate de 53 millones de euros otorgado por el Gobierno a través del fondo de la SEPI en 2021 vuelve a estar en el epicentro del debate político y judicial. Esta vez no se cuestiona si era o no una “empresa estratégica”, sino que ahora hay una investigación penal que apunta directamente a sus máximos responsables y a cómo se gestionó ese salvavidas público.

Qué ha pasado ahora con Plus Ultra

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) ha arrestado al propietario de Plus Ultra, Julio Martínez, y al director ejecutivo, Roberto Roselli, en una operación que se encuentra bajo secreto sumarial.
De manera simultánea, agentes de la Policía Nacional han registrado la sede central en Alcobendas (Madrid) para clonar servidores y recopilar información fiscal y contable, bajo la dirección del Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid.

Las primeras informaciones indican que:

• La investigación se centra en un presunto delito de blanqueo de capitales relacionado con el rescate de 53 millones.
• El objetivo del registro es acceder a datos internos sobre el uso real de los fondos públicos, pagos realizados, relaciones comerciales y trazabilidad del dinero.
• Las diligencias están bajo secreto, sin declaración pública por parte de la aerolínea.

Por lo tanto, ya no se trata únicamente de si era necesario rescatar a Plus Ultra; sino que ahora se investiga qué ocurrió exactamente con ese dinero una vez salió de la SEPI para ingresar en las cuentas de la compañía.

El viejo rescate que nunca dejó de ser problema

El rescate por valor de 53 millones de euros a Plus Ultra, aprobado en 2021 durante los momentos más críticos de la pandemia mediante el fondo destinado a empresas estratégicas gestionado por la SEPI, fue uno de los movimientos más controvertidos del Gobierno liderado por Pedro Sánchez.

Algunos aspectos clave sobre aquel episodio:

• Plus Ultra fue presentada como una empresa estratégica dentro del sector aéreo, a pesar de su tamaño reducido, escasa cuota en el mercado y conexiones significativas con Venezuela.
• Informes periciales designados por el juzgado que investigó el rescate indicaron que la aerolínea mostraba signos claros de insolvencia y riesgo inminente de cierre desde 2019, lo cual, según su criterio, debería haberla descalificado para recibir esa ayuda.
• Por otro lado, tanto la SEPI como consultoras externas argumentaron que la compañía no estaba ante una causa evidente de disolución en el momento del salvamento.
• La Abogacía del Estado y la Fiscalía de Madrid defendieron entonces que no existían indicios suficientes para considerar ilícita la concesión del apoyo financiero.

Aquel procedimiento judicial concluyó en un archivo debido a un error procesal relacionado con plazos que impidió seguir incorporando pruebas. El sobreseimiento fue más consecuencia técnica que substancial. Ahora, con las nuevas detenciones y registros, el caso resurge con fuerza, esta vez bajo el escrutinio directo de la Fiscalía Anticorrupción.

El cruce con el caso Leire Díez y la SEPI

Mientras los agentes policiales realizaban su entrada en Plus Ultra, paralelamente la UCO registraba diversas empresas vinculadas a Servinabar, una mercantil relacionada con el exsecretario general del PSOE Santos Cerdán, ubicadas en puntos como Madrid, Sevilla y Zaragoza. Estos operativos forman parte de una causa liderada por el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, bajo dirección del juez Antonio Piña, e involucra también a miembros anticorrupción.

En esta investigación:

• Se han detenido a Leire Díez, exmilitante socialista conocida como “fontanera” del PSOE, así como a Vicente Fernández, ex presidente della SEPI. Ambos son investigados por presuntas irregularidades relacionadas con contrataciones públicas.
• A ambos les imputan delitos como fraude, falsedad documental, malversación, tráfico de influencias y prevaricación.
• Además se ha producido un tercer arresto: Antxon Alonso, empresario vinculado a Servinabar y figura clave dentro del entramado investigado por supuestos cobros ilegales.

Aunque las autoridades aseguran que no está demostrado que ambas causas —la relacionada con Plus Ultra y Servinabar— sean idénticas, las conexiones políticas son innegables:

• La aerolínea fue rescatada gracias a fondos otorgados por una SEPI presidida entonces por Fernández.
• Ahora esa misma SEPI aparece registrada dentro del macrooperativo llevado a cabo por UCO relacionado con adjudicaciones irregulares y comisiones ilícitas.
• Y así es como Plus Ultra vuelve a estar bajo observación pública respecto al manejo real esos 53 millones recibidos previamente.