‘Caso Mascarillas’: El juicio de Ábalos y Koldo mete a Torres y Armengol en el Supremo

El escándalo de las mascarillas que emergió durante la pandemia sigue revelando vínculos sorprendentes en lo más alto del Gobierno.

José Luis Ábalos, exministro de Transportes, y su asesor Koldo García comparecerán ante el Tribunal Supremo el 7 de abril de 2026, junto al empresario Víctor de Aldama, por presuntas comisiones ilegales en contratos de material sanitario.

En una reciente decisión, el Alto Tribunal ha aceptado que comparezcan como testigos el ministro Ángel Víctor Torres y la presidenta del Congreso, Francina Armengol, ambos involucrados en adjudicaciones cuestionadas durante sus mandatos como presidentes autonómicos.

Este escándalo, que estalló en 2024, pone de manifiesto cómo la urgencia provocada por la Covid-19 se convirtió en un pretexto para llevar a cabo compras millonarias sin los controles adecuados.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha documentado en informes recientes una «relación fluida» entre la trama y altos cargos, evidenciada por mensajes de WhatsApp que muestran intervenciones directas para acelerar pagos.

En Canarias, bajo la dirección de Torres, se adjudicaron contratos por 12,3 millones de euros a Soluciones de Gestión, empresa vinculada a Aldama, a pesar de que los precios estaban «fuera de mercado» y el material resultó defectuoso. Funcionarios habían alertado sobre irregularidades, pero Torres tomó las riendas personalmente: «Estoy encima de tu pago», le escribió a Koldo el 1 de julio de 2020.

Conexiones en las islas y el Ministerio

La red se extendió hasta Baleares, donde Armengol estaba al frente de la compra de 1,48 millones de mascarillas FFP2 por un total de 3,7 millones de euros. El material llegó en condiciones deplorables e inutilizable, aunque se emitió un certificado que permitió más contratos. A pesar del archivo por parte del Supremo a una querella presentada por Vox contra Armengol debido a la falta de nuevos indicios –remitiendo el caso a la Audiencia Nacional–, la UCO está elaborando informes sobre su patrimonio y las adjudicaciones. Vox ha denunciado prevaricación y malversación, pero el tribunal ha priorizado las investigaciones en curso sobre los contratos que suman un total de 39,9 millones de euros otorgados a Soluciones de Gestión por Puertos del Estado, Adif y otras entidades.

Torres, actual ministro de Política Territorial, rechaza cualquier implicación: «No hubo indicaciones ni órdenes mías», afirmó en 2024. Sin embargo, la UCO contradice su versión con mensajes donde solicita pagos urgentes y se queja por demoras: «Déjame el día de hoy que me voy a cagar». Aldama lo acusó también de exigir una comisión extra de 50.000 euros, más allá de lo acordado, mientras persisten las investigaciones sobre proyectos valorados en 6,4 millones destinados a otra empresa relacionada con la trama. En Baleares, una reunión clave tuvo lugar en Madrid el 15 de julio de 2020 con la participación de Torres, Koldo y Ábalos, «para hablar sobre facturas», aunque Armengol fue invitada pero no asistió.

La UCO detalla cómo Koldo facilitó contactos esenciales: en diciembre del año 2020 proporcionó a Ábalos autorizaciones sanitarias para Megalab, otra compañía vinculada a Aldama. Celebrando que «el pollo está en el horno», Canarias realizó compras adicionales por valor total de 5,36 millones, con declaraciones del exviceconsejero Antonio Olivera confirmando adquisiciones: «Es posible que nos quedemos con dos millones de unidades». Además, Torres presionó a Salvador Illa para obtener tests destinados a aeropuertos: «No hay puta manera con Illa».

Antecedentes y posibles ondas expansivas

Este caso tiene sus raíces en 2020, cuando comenzaron las comisiones monetarias a Koldo desde 2019 hasta 2022. Ábalos recibió documentos importantes proporcionados por su asesor para facilitar amaños dentro del ámbito sanitario. El Supremo ha desestimado cuestiones previas planteadas por las defensas y ha programado el juicio para abril. Torres expresó «satisfacción» ante el informe elaborado por la UCO, defendiendo las compras realizadas bajo un supuesto «interés general» para salvar al sector turístico.

Las consecuencias potenciales son serias. Si se demuestran influencias indebidas, Torres podría verse obligado a dimitir, lo cual debilitaría aún más al Gobierno en medio de una crisis política profunda. Por su parte, Armengol podría enfrentarse a un examen parlamentario riguroso como presidenta del Congreso, aunque ella niega haber dado falsos testimonios. El PSOE parece estar acumulando «pesadillas»: informes sobre los patrimonios tanto de Ábalos como Cerdán están ya en camino.

El Supremo llama ahora a ambos como testigos; esto podría destapar más chats o reuniones relevantes . Aldama parece arrepentido e incluso apunta hacia Zapatero ampliando así el espectro .

Curiosamente, Torres utilizó expresiones soeces en mensajes oficiales («No hay puta manera»), mientras que socios cercanos a Aldama celebraban con frases como «pollo en el horno» al recibir autorizaciones . En Baleares reservaban stock suficiente pero continuaron comprando igualmente. El juicio programado para el próximo 7 de abril promete seguir ofreciendo sorpresas dignas del mejor culebrón isleño entre togas.