¿Maniobra Sánchez con el censo electoral para hacer pucherazo en las generales?

Pedro Sánchez ha demostrado una proclividad enfermiza hacia la trampa y la manipulación política.

Y crece la impresión de que recurrirá a todo tipo de artimañas para mantenerse en en La Moncloa.

Desde pactos controvertidos con independentistas y batasunos hasta cambios normativos a medida, su trayectoria genera una sospecha generalizada de que hará cualquier cosa —incluido un pucherazo electoral— está en sus planes, con tal de no abandonar el poderl.

Esta percepción de falta de escrúpulos erosiona gravemente la confianza en las instituciones democráticas españolas.

La Junta Electoral Central ha decidido suspender la utilización del DNI digital para ejercer el derecho al voto.

Este sistema, promovido por el Gobierno, carecía de las garantías necesarias para prevenir fraudes. La medida se toma tras alertas que denunciaban posibles riesgos en la identificación, como la posibilidad de votar con una simple fotocopia virtual sin controles rigurosos. El Ejecutivo había reducido intencionadamente estas salvaguardias, optando por un modelo que dificultaba la detección de irregularidades.

En una revelación exclusiva, la reconocida periodista Isabel Durán, cuya labor fue censurada en TVE por sus reportajes sobre el DNI digital, expuso estas vulnerabilidades en El Debate. Varios ministros del PSOE descalificaron su denuncia como un «bulo», mientras que tanto TVE como el programa de Wyoming se mofaron de ella. Sin embargo, ahora la Junta Electoral valida esa información al anular el voto digital, evitando así un posible escándalo mayor.

Del timbre al algoritmo: un cambio silencioso

Ya no se cuenta en España casa por casa; ahora se hace a través de algoritmos. Sánchez ha culminado una transformación iniciada por Zapatero en 2011, que sustituyó el empadronamiento físico por una reconstrucción estadística sin verificación directa en los hogares. En 2021 y 2023, el Gobierno implementó modificaciones que afectan a los procesos electorales: el censo ahora se basa en datos administrativos y modelos predictivos, en lugar de censos reales.

Este «cóctel explosivo» combina la identificación digital sin controles presenciales con un padrón inflado debido a nacionalizaciones masivas. Desde 2019, la Ley de Memoria Democrática ha otorgado nacionalidad a 1,4 millones de personas, incluyendo 261.000 marroquíes y un creciente número de venezolanos y colombianos. En Madrid, el censo duplica al del resto del país, según denuncias de Isabel Díaz Ayuso, quien señala un «engorde artificial» que estrecha la brecha de 400.000 votos entre el PP y el PSOE en 2023.

• Nacionalizaciones clave: Se han solicitado 2,3 millones; hasta 400.000 podrían empadronarse en Madrid.
• Impacto electoral: Cada 20.000 nuevos votos puede mover un escaño; la mitad puede llegar a ser hasta diez.
• Regularizaciones: Aproximadamente 850.000 inmigrantes sin papeles más reagrupaciones familiares podrían sumar un millón de votantes extra para 2027.

Tanto Feijóo como Ayuso han calificado esta situación como «reparto de papeletas y no de papeles». La oposición acusa al Gobierno de interferencias en entidades como Correos, Indra, y el CIS, que son vistos como herramientas propagandísticas. La convocatoria veraniega de 2023 ya había generado dudas; ahora, este escenario está socavando la confianza democrática.

Dudas que no cesan

Desde 2023, la Junta Electoral exige presentar el DNI físico para votar por correo, con escrutinio público en las mesas electorales. Sin embargo, lo más preocupante es lo relacionado con el censo: los inmigrantes regularizados y «nuevos españoles» gracias a la Ley de Nietos están aumentando el padrón ordinario al empadronarse. El CERA (residentes ausentes) favorece al PSOE, especialmente en regiones como Castilla y León, aunque su baja participación (10%) diluye dicho efecto.

Ministros y medios afines atacaron las alertas provenientes de El Debate con sectarismo y purgaron a Durán de RTVE, una entidad que ha sido «privatizada» bajo la administración de Sánchez. Esto no fortalece nuestra democracia; al contrario, la debilita: la percepción del fraude puede ser letal aunque técnicamente no haya pruebas.

La denuncia de Ayuso subraya que el Ministerio dirigido por Bolaños está orientando los flujos hacia Madrid, lo que provoca colapsos en los servicios y altera los resultados electorales. En palabras de Tellado (PP), «No se trata solo de papeles; es cuestión de papeletas».

En cuanto a curiosidades, el voto exterior en Castilla y León otorgó 4.303 sufragios al PSOE, frente a los 3.181 del PP, sin modificar los resultados finales. Pero con un censo «calculado» y un aumento significativo en las nacionalizaciones, ¿quién audita realmente ese algoritmo? La experimentada periodista Durán sigue vigilante, recordándonos que en democracia la confianza no se mide; se verifica.