Continúan los privilegios para ETA: Ángel María Tellería, el asesino de la primera mujer policía, sale de prisión

Visualiza un lunes cualquiera en la cárcel de Zaballa, en Álava. Ángel María Tellería Uriarte, conocido como Antxoka, atraviesa la puerta principal de lunes a viernes. Aunque pernocta en la prisión, sus días están destinados a «tratamientos asistenciales». Así comienza la semilibertad de este preso de ETA, condenado por el asesinato de la primera mujer policía que murió a manos de la banda: María Josefa García Sánchez, una inspectora de 23 años que fue tiroteada en Zarautz (Gipuzkoa) el 16 de junio de 1981.

El comando Goierri Kosta, al que pertenecía Tellería junto a Txapela y Diente Puto, fue interceptado durante un control policial. En lugar de rendirse, respondieron con granadas y metralletas. La inspectora perdió la vida en ese ataque. Antes, el grupo había perpetrado un ataque en el bar Haizea en la misma localidad, donde murieron cinco personas, incluyendo a cuatro guardias civiles. Desde 1972, Tellería había estado integrado en ETA y formaba parte del histórico comando Txabi Etxebarrieta. Este grupo se encargó también de colocar bombas en la Casa Cuartel de Erandio, así como en la Oficina del DNI en Bilbao y una ikurriña trampa en Arrigorriaga. En 1980, huyeron a Francia y posteriormente a México.

Fue capturado en febrero de 2017 en Guanajuato, justo días antes de que sus delitos prescribieran, gracias a una colaboración entre las autoridades mexicanas y españolas. Tras su extradición, la Audiencia Nacional lo condenó a un total de 26 años por asesinato, además de otras penas por pertenencia a banda armada y tenencia ilegal de armas, acumulando hasta 42 años. Sin embargo, solo han sido necesarios ocho años para que este etarra obtenga su permiso.

Antecedentes de un terrorista prófugo

Tellería se beneficia del controvertido artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, lo que le permite salir bajo un régimen considerado por muchos como un indulto encubierto. El Gobierno Vasco ha aprobado esta medida sin ofrecer detalles sobre su tratamiento penitenciario. Este hecho recuerda situaciones similares recientes:

• Hace apenas una semana, Soledad Iparraguirre (‘Anboto’), exjefa de ETA, salió también de Martutene.
• En febrero, fue el turno de Garikoitz Aspiazu (‘Txeroki’), otro destacado líder con este mismo artículo.

Este patrón ha reavivado los debates sobre justicia transicional tras la disolución de ETA. Asociaciones como la AVT han alzado la voz ante lo que consideran favoritismos políticos: ¿realmente se está promoviendo una reinserción o es simplemente una concesión? Desde que ETA dejó las armas en 2018, más de cien miembros han accedido a regímenes más flexibles como terceros grados o semilibertades.

Consecuencias políticas

Esta decisión complica aún más las relaciones dentro del pacto antiterrorista. Tanto el PP como Vox acusan al Gobierno liderado por Pedro Sánchez de ceder ante las demandas de Bildu, su socio preferente. Desde el Ejecutivo vasco defienden que se trata simplemente del avance normal dentro del sistema penitenciario español; sin embargo, el momento elegido –justo después de permitir otros permisos– suscita sospechas sobre posibles concesiones.

Las repercusiones podrían ser varias:

• A nivel judicial: Recursos presentados ante Instituciones Penitenciarias o incluso ante el Tribunal Supremo podrían poner en entredicho este permiso.
• A nivel social: Se prevén manifestaciones por parte de policías y guardias civiles tanto en Vitoria como en San Sebastián.
• A nivel político: Crece la presión para endurecer leyes relacionadas con los derechos humanos y memoria democrática; algunos consideran que son demasiado laxas respecto a los terroristas.

En un país que ha sufrido más de 800 muertes debido a ETA, este paso provoca inquietud y malestar social. ¿Estamos ante un acto justo o ante una especie de amnistía disfrazada?

Para añadir más contexto interesante: Tellería se autodenominó «colaborador puntual» durante su juicio, pese a haber estado implicado durante décadas con comandos terroristas. Además, fue detenido en México no solo por sus delitos relacionados con ETA sino también por vínculos con narcotraficantes. Por último, cabe recordar que María Josefa era la primera mujer inspectora; su placa permanece honrada en el memorial dedicado a los policías caídos ubicado en Madrid.