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«Necesito hablar con el ministro. ¿Me puedes ayudar?»
Ese WhatsApp, enviado por Francina Armengol a Koldo García el 15 de junio de 2020, resume en una sola frase cómo funcionaba la red. La entonces presidenta de Baleares, hoy presidenta del Congreso de los Diputados, usaba al asesor del ministro como correa de transmisión para llegar a José Luis Ábalos. Y Koldo, a su vez, actuaba como bisagra entre los intereses de la administración balear y los de Víctor de Aldama, el empresario considerado por los investigadores el vínculo corruptor de toda la trama.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil lo ha documentado en un informe de casi 200 páginas entregado a la Audiencia Nacional. Y lo que describe no es una relación puntual de emergencia sanitaria. Es un patrón de contactos, mediaciones y contratos adjudicados fuera de los cauces habituales que arroja una sombra muy larga sobre quien hoy preside la segunda institución del Estado.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha sacado a la luz, en un informe reciente, el papel crucial que desempeñó Francina Armengol, actual presidenta del Congreso, en las maniobras de la trama Koldo durante la crisis sanitaria en las Islas Baleares. Según los investigadores, se activó la contratación de material sanitario mediado por Víctor de Aldama sin que existiera un contrato firmado, todo ello tras una intervención directa de Armengol. Esta revelación, presentada en exclusiva por el periodista Esteban Urreiztieta en el exhaustivo análisis de El Mundo sobre las conexiones de la trama en Baleares, pone en entredicho varias irregularidades que podrían afectar aún más al PSOE.
Los mensajes que lo explican todo
La conversación del 15 de junio de 2020 es la más reveladora. Armengol escribe a Koldo: «Necesito hablar con el ministro. ¿Me puedes ayudar?». Koldo responde: «Llámame por favor». Al día siguiente, el asesor pregunta si ha logrado hablar con Ábalos. Armengol responde que no, que le ha mandado un mensaje sin respuesta, aunque sí ha hablado con el entonces secretario de Estado de Infraestructuras, Pedro Saura. «Ahora te contesta», promete Koldo en referencia al ministro.
Esa misma tarde, tres mensajes seguidos de Koldo a Armengol: «Ves», «tarde pero lo tienes», «mañana te llamo un minuto». La respuesta de la presidenta balear: «Gracias. A ver si lo puede arreglar».
Para la UCO, esta conversación permite deducir que Armengol, gracias a la intermediación de Koldo, consiguió hablar con Ábalos para resolver un problema relacionado con los test PCR que se estaban exigiendo para permitir el tránsito de pasajeros en las islas. Un problema sanitario gestionado a través del asesor de un ministro que, según la investigación, era al mismo tiempo el engranaje de una trama de comisiones ilegales.
El contrato a dedo y el millón de euros
Los mensajes no son el único elemento comprometedor del informe. Entre las comunicaciones intervenidas a la trama, los investigadores destacan un mensaje de Javier Serrano, socio de Aldama, enviado en mayo de 2020: «Primer concurso a dedo que nos hacen». Se refería a un contrato del Gobierno de Baleares para suministrar pruebas de antígenos.
La investigación detalla cómo la trama utilizó a Eurofins Megalab para captar fondos de la administración balear. Los expedientes de contratación relacionados con esta empresa sumaron un total de 1.112.640 euros entre 2021 y 2022. Contratos adjudicados en el contexto de la pandemia, por vías urgentes, a empresas vinculadas a quien la UCO considera el núcleo corruptor de toda la operación.
El informe también señala que un socio de Aldama le trasladó que habían conseguido ese contrato «a dedo» del Gobierno de Baleares para suministrar las llamadas PCR de viaje. La expresión lo dice todo: no fue una licitación competitiva. Fue una adjudicación directa.
La red más allá de Baleares
El caso Koldo nació en el Ministerio de Transportes bajo la dirección de Ábalos, pero la UCO documenta que la trama se expandió con rapidez a las comunidades autónomas gobernadas por socialistas. Baleares es uno de los casos más documentados, pero no el único. Los investigadores relacionan estos movimientos con la red encabezada por Aldama y su socio Claudio Rivas, que operó también en el sector de los hidrocarburos afectando a ministerios dirigidos por Reyes Maroto y Teresa Ribera.
El director de gabinete de Ribera, Marc Pons, aparece en el informe en relación con Koldo García y gestiones paralelas. El exjefe de gabinete de Maroto, Juan Ignacio Díaz Bidart, facilitó según los investigadores reuniones iniciales. Aldama presumía abiertamente, incluso ante notario, de sus «contactos dentro del Gobierno». Y Carmen Pano y su hija aparecen en el informe visitando sedes socialistas con maletines con dinero en efectivo bajo órdenes directas del empresario. Los mismos 90.000 euros en efectivo que, según los testimonios en el Supremo, acabaron en Ferraz.
La actitud en el juicio
En el Tribunal Supremo, donde se juzga la parte del caso relacionada con las mascarillas, Aldama mostró esta semana una actitud que los presentes describieron como desafiante: sonreía ante los testimonios más comprometedores. Koldo permanecía oculto. Ábalos mantenía una expresión seria. La desfachatez del empresario que presumía de contactos ante notario no ha desaparecido cuando ha llegado el momento de rendir cuentas.
Armengol y su cargo en el Congreso
Todo esto recae sobre quien hoy preside el Congreso de los Diputados, la segunda institución del Estado en el orden de prelación. Armengol ha declarado por escrito en el Supremo, evitando el interrogatorio directo de las acusaciones, una decisión que el columnista Federico Jiménez Losantos calificó esta semana de atropello constitucional: la igualdad ante la ley, dice la Constitución, no tiene excepciones para quienes presiden las Cortes.
Si el juez considera que hay indicios claros de prevaricación o malversación en su actuación como presidenta de Baleares, Armengol podría enfrentarse a una imputación que pondría en una posición insostenible su cargo al frente del Congreso. La oposición ya exige auditorías exhaustivas sobre los contratos vinculados al COVID en Baleares y en el resto de comunidades afectadas.
El PSOE acumula frentes judiciales que se abren más rápido de lo que se cierran. El caso Ábalos, el caso Koldo, Plus Ultra, el caso Cerdán, Begoña Gómez. Y ahora, con nombre y apellidos y mensajes de WhatsApp transcritos en un informe de la Guardia Civil, la presidenta del Congreso.
«A ver si lo puede arreglar», le dijo Armengol a Koldo en junio de 2020.*
Seis años después, quien tiene que arreglar algo es ella misma.
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