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El lunes, Pedro Sánchez reapareció en la sectaria y sumisa Cadena SER tras un mes de silencio para exculpar de nuevo a Marruecos, repartir la culpa entre mafias, Rusia, Israel y la «internacional ultraderechista», y colocarse del lado de Marlaska frente a su propia ministra de Defensa.
Menos de 24 horas después, la Delegación del Gobierno en Madrid comunicaba al Ayuntamiento que no autorizaba la concentración de apoyo a Ceuta prevista este miércoles a las 8 de la noche en Cibeles, a la que acudirán sin duda Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal.
La secuencia, torpe y mal calculada, corre el riesgo de conseguir exactamente lo contrario de lo que busca: en lugar de apagar la protesta, la alimenta.
La entrevista: Marruecos absuelto, otra vez
En su primera comparecencia mediática desde el estallido de la crisis, Sánchez volvió a descartar cualquier responsabilidad marroquí en la entrada masiva del 30 de julio: «No hay ninguna información ni de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ni del CNI u otro centro de inteligencia que alumbre alguna duda sobre la participación de las autoridades marroquíes. En migración la cooperación es francamente positiva», sostuvo en la SER.
Fue más allá al advertir, casi como una amenaza velada hacia quienes cuestionan a Rabat: «Esta crisis solo se va a poder resolver con la cooperación y no la falta de confianza (en Marruecos)» y «si no hay cooperación con Marruecos esta crisis no se soluciona. Al contrario, se agrava». Preguntado por si teme «enfadar» al país vecino, lo negó, aunque el propio tono de sus respuestas dijera lo contrario.
El catálogo de responsables alternativos que ofreció fue, cuando menos, amplio: además de las mafias que, según él, tergiversaron una sentencia del Tribunal Supremo sobre las entradas a nado, señaló a Rusia, a Israel «por el apoyo de su Gobierno a Palestina» y, por primera vez, a la «internacional ultraderechista». Todos, según su relato, habrían «pescado en el río revuelto» de Ceuta. La acusación contra Moscú, sin embargo, se topó al día siguiente con un desmentido incómodo: fuentes de la Comisión Europea, citadas por El Debate, precisaron que la injerencia rusa detectada en la desinformación sobre Ceuta se produjo después de la invasión, no antes, lo que vacía de contenido buena parte del argumento presidencial sobre un supuesto origen exterior orquestado de la crisis.
El Rey, corregido por los datos
El titular de la entrevista lo protagonizó, paradójicamente, alguien que no estaba en el estudio: Felipe VI. Sánchez anunció que el Monarca viajará «próximamente» a Ceuta porque «así se lo ha pedido él al monarca», después de semanas de informaciones sobre la tensión entre Moncloa y Zarzuela por este mismo asunto. No se resistió, en el mismo aliento, a marcar distancias: presumió de ser el presidente que más veces ha visitado la ciudad autónoma en su cargo y afirmó que Don Felipe «lleva 20 años de reinado» sin haber pisado nunca Ceuta ni Melilla. El dato es falso: el Rey lleva reinando 12 años, desde su proclamación en 2014, no 20. Es un error menor en apariencia, pero revelador: un presidente que corrige la agenda de la Jefatura del Estado en directo y, de paso, se equivoca en la cifra que sostiene su propio reproche.
Marlaska gana el pulso a Robles, en directo
Sánchez aprovechó también la entrevista para saldar, a su manera, el enfrentamiento público entre sus dos ministros del Interior y Defensa. Frente a la afirmación de Margarita Robles en el Congreso de que el CNI sí había seguido de cerca las convocatorias que precedieron al asalto, el presidente rebajó esas alertas a simples «informes de situación» que, según él, en ningún momento anticiparon la magnitud real de lo ocurrido: «Nadie predijo que íbamos a tener una avalancha de esas características», zanjó, desautorizando de facto a su propia ministra de Defensa y dando la razón a Grande-Marlaska. Sobre las cerca de 5.000 personas que, según sus propias cifras, seguían sin destino claro en Ceuta —1.200 de ellas menores— no fue capaz de ofrecer una fecha de retorno: «Van a ser razonables, vamos a intentar agilizarlos al máximo», se limitó a decir. Sobre sus propias vacaciones de un mes, no hubo autocrítica: «He trabajado y he descansado, también ese es mi derecho. Un presidente del Gobierno no desconecta».
Un día después: Cibeles, prohibida
Menos de veinticuatro horas más tarde, ese mismo Gobierno decidía bloquear una de las imágenes que más incomodaban a Moncloa. La Delegación del Gobierno en Madrid comunicó este martes al Ayuntamiento que no autorizaba la concentración en apoyo a Ceuta convocada para este miércoles, Día de Ceuta, a las 20:00 horas frente a la sede del Consistorio en Cibeles. Al acto estaba previsto que acudieran el alcalde José Luis Martínez-Almeida, los líderes nacionales del PP y Vox, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, y el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano. La concentración formaba parte de una convocatoria mucho más amplia, impulsada por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), con actos previstos frente a los ayuntamientos de todo el país tras la entrada de más de 70.000 migrantes a finales de julio.
El argumento jurídico esgrimido por la Delegación del Gobierno no carece de fundamento técnico: sostiene que ni los alcaldes ni los propios ayuntamientos pueden ser titulares del derecho fundamental de reunión, reservado a personas físicas, partidos y asociaciones, y que por tanto el Consistorio madrileño no estaba legitimado para cursar esa solicitud concreta. Es una interpretación que ya había defendido la Abogacía del Estado en 2019 y que, en términos estrictamente jurídicos, tiene recorrido. Pero conviene no confundir la forma con el fondo: el Gobierno insiste en que no ha «prohibido» la marcha, sino que ha «desautorizado» al Ayuntamiento como convocante, dejando abierta la puerta a que ciudadanos o partidos —no el propio Consistorio— presenten una nueva solicitud. Esa matización jurídica, sin embargo, no ha apaciguado a nadie: el Ayuntamiento de Madrid ha denunciado «este intento del Gobierno de Sánchez de boicotear las muestras ciudadanas de apoyo al pueblo de Ceuta», y tanto Feijóo como Abascal han anunciado que acudirán a la plaza igualmente. «Le tienen miedo a que España hable», ha llegado a decir el líder del PP.
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Lo que dijo/hizo el Gobierno |
El dato verificado |
Por qué importa |
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«No hay información que dude de Marruecos» |
Robles y Marlaska se contradicen sobre lo que el CNI sí detectó |
Debilita la exculpación presidencial |
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«El Rey lleva 20 años reinando sin ir a Ceuta» |
Felipe VI reina desde 2014: 12 años, no 20 |
Error público al reprochar algo al Jefe del Estado |
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Culpa a la injerencia rusa |
Bruselas sitúa esa injerencia después de la invasión, no antes |
El origen exterior de la crisis pierde sustento |
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Delegación del Gobierno veta Cibeles |
Se basa en que el Ayuntamiento no es titular del derecho de reunión |
Argumento legal real, pero políticamente contraproducente |
Por qué la prohibición es un error, no un acierto
Más allá de si la interpretación jurídica de la Delegación del Gobierno se sostiene o no ante un tribunal, la decisión es un error de cálculo político de manual. Prohibir —o «desautorizar», da igual el matiz semántico— una concentración de apoyo a una ciudad española que acaba de vivir la mayor entrada irregular de su historia, justo el día en que se conmemora su fiesta local, convierte automáticamente el acto en un símbolo mucho más potente que si se hubiera dejado celebrar sin ruido. Cada minuto que Moncloa dedique a explicar por qué no se puede convocar en Cibeles es un minuto que no dedica a explicar la gestión de la crisis migratoria, y cada titular sobre el veto es un titular que multiplica la convocatoria en otros más de 260 municipios que sí la han mantenido, de Barcelona a Sevilla, pasando por Bilbao y Valencia. El resultado previsible no es menos gente en la calle: es más.
Lo llamativo es que esta torpeza llega apenas un día después de que el propio presidente, en la SER, exculpara una vez más a Marruecos, se equivocara en la cifra de reinado de Felipe VI y cargara la responsabilidad de la crisis sobre actores externos cuya implicación, al menos en el caso ruso, ya ha sido matizada por la propia Comisión Europea. No hace falta imaginar motivaciones ocultas para explicar el patrón: entre la entrevista y el veto a Cibeles hay una misma lógica de fondo, la de un Gobierno que prefiere gestionar el relato antes que la crisis, y que, al hacerlo, tropieza una y otra vez con los mismos datos que se empeña en esquivar.
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