De la alegría o la estupefacción, según el caso, a la incomprensión. La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) hecha pública el pasado viernes ha causado incertidumbre entre los dirigentes políticos de la región.
El fallo, de 16 folios, no arroja luz sobre aspectos procesales clave y, en otros casos, sus pautas entran en contradicción con el propio reglamento de la Junta General del Principado e, incluso, con el Estatuto de autonomía.
Por todo ello, y para evitar que ninguna formación asuma de manera particular la iniciativa, el Parlamento asturiano pedirá aclaraciones en los próximos días al TSJA a través de un escrito.
Los puntos sombríos al parecer de los diputados regionales -y de expertos consultados- tienen tanto que ver con los fundamentos de la sentencia como las consecuencias que arroja.
Así, entre las primeras dudas, existe divergencia en cuanto a la anulación de los 332 votos irregulares.
PSOE e IU, además de la Fiscalía, califican de «desmedida» la decisión, pues según su juicio las papeletas no alteraban el resultado final de las elecciones, para lo que alegaban probabilidades estadísticas.
Todo lo contrario opina Foro Asturias, que precisamente impugnó dichos votos obligando al TSJA a recurrir a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional para anularlos.
Junto a esta discrepancia existen otras dos dudas de gran calado para el futuro político de la región. A la espera del fallo del Constitucional, las formaciones desconocen hoy por hoy quién podrá volver a votar en los comicios que obliga a repetir el TSJA y cómo afecta este proceso a la elección del presidente del Principado.
Respecto al censo electoral, la Justicia asturiana no da indicación en su fallo de si los llamados a las urnas serán el total de votantes residentes ausentes o bien sólo aquellos que participaron en las pasadas elecciones del 25 de marzo.
Los emigrantes asturianos en el exterior superan los 90.000, si bien apenas 4.000 solicitaron el voto, de los cuales 573 correspondían a la circunscripción occidental, la que el TSJA obliga a repetir.
Este hecho es capital para otorgar el escaño en juego entre PSOE y Foro, en tanto que la participación puede definir el color político del Principado.
Desprecio
Por último, la sentencia desprecia alguno de los plazos recogidos en el reglamento de la Junta General y el Estatuto autonómico.
Así, el TSJA propone un periodo de tres meses, desde el viernes 27 de abril de 2012, para la repetición del voto emigrante en la circunscripción electoral, una decisión que confronta con el plazo de dos meses que el Estatuto de autonomía del Principado concede para la elección del presidente regional.
Expertos en Derecho constitucional consultados consideran que la Justicia asturiana «debería haber tenido en cuenta esos plazos» y que los estimados son «lesivos y desproporcionados».
De igual modo, consideran que el Constitucional corregirá esos periodos adaptándolos a la situación política que atraviesa la región y que rige en sus normas.
Sobre todas estas cuestiones preguntará la Junta al TSJA. Mientras, las circunstancias aplazarán los contactos entre grupos políticos durante la próxima semana.
De hecho, algunas fuerzas comentan que no habrá acercamientos hasta que se conozca el fallo del Constitucional, toda vez que cualquier conversación previa puede resultar inservible.
Y todo ello mientras la crisis se recrudece y Asturias cumple su tercer mes con un Gobierno en funciones sin vislumbrar un futuro claro para la nueva etapa política.
NOTA.- leer artículo original en ‘La Gaceta’
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