El Supremo ‘decapita’ al independentismo: inhabilita a Quim Torra por desobediencia

La Justicia da un duro golpe al independentismo catalán.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo confirmó la condena contra el presidente de la Generalidad de Cataluña, Quim Torra.

La resolución respalda la inhabilitación política por un año y medio por cometer un delito de desobediencia, lo que supone incapacitarlo para el cargo que actualmente ocupa, según fuentes jurídicas.

La ejecución de esta condena corresponde formalizarla ahora al tribunal que le juzgó por desobedecer a la Junta Electoral Central (JEC).

Es importante recordar que la Junta Electoral Central ordenó a Quim Torra retirar símbolos independentistas durante el periodo electoral de las elecciones del 28 de abril de 2019, que es el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

Durante la vista por el recurso interpuesto contra esta condena ante el Tribunal Supremo, celebrada el pasado 17 de septiembre, la Fiscalía solicitó la confirmación de la sentencia condenatoria mientras que la defensa del presidente argumentó, para pedir su absolución, que Torra fue tratado por la Junta Electoral Central (JEC) como «minoría nacional» por «tres palabras en una pancarta» que deberían enmarcarse en su libertad de expresión.

A pesar de la sentencia, Torra conservará sueldo vitalicio, oficina con personal de libre designación con sueldos de 100.000 euros a su disposición y coche oficial hasta el final de su vida.

La decisión de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo es histórica, ya que es la primera vez en democracia que un presidente autonómico pierde el cargo por un delito de desobediencia.

El vicepresidente Pere Aragonès, encargado a partir de este momento de las funciones de la Presidencia, tendrá que convocar una reunión del Consejo Ejecutivo para cesar oficialmente a Torra, con la firma del decreto y la publicación en el DOGC y el BOE, donde el Rey Felipe VI tendrá que agradecerle los servicios prestados.

Asimismo, el jefe del legislativo dispone de un plazo de diez días para sondear a los grupos parlamentarios si alguno de los 135 diputados tiene intención de presentarse a la investidura y si reúne los apoyos necesarios.