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La política española ha entrado en una nueva fase de tensión tras la propagación de un bulo que ha sacudido el panorama nacional. El presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha cargado duramente contra la ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, por difundir falsas informaciones sobre un supuesto plan de atentado contra el presidente Pedro Sánchez por parte de un agente de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
«No puede ser que la propia portavoz del Gobierno de España se dedique a utilizar mentiras con objetivos políticos y en este caso para tratar de desacreditar a la Guardia Civil», ha sentenciado Azcón, quien ha exigido a la ministra aragonesa que rectifique y pida perdón por propagar lo que considera una campaña de desprestigio contra el cuerpo policial.
El origen de la polémica
El escándalo estalló este fin de semana cuando hasta tres ministros del Gobierno, incluida Pilar Alegría, difundieron en distintos mítines del PSOE la información falsa de que un agente de la UCO habría manifestado su intención de «poner una bomba lapa en los bajos del coche» del presidente Pedro Sánchez. La información, originalmente publicada por El Plural y posteriormente amplificada por La Sexta, resultó ser completamente falsa, como el propio medio televisivo ha reconocido posteriormente.
El bulo hacía referencia a Juan Vicente Bonilla, capitán de la UCO contratado como gerente de seguridad del Servicio Madrileño de Salud por el gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Según esta falsa información, Bonilla habría expresado intenciones violentas contra el presidente del Gobierno, algo que ha sido desmentido categóricamente.
A pesar de que La Sexta rectificó públicamente, reconociendo el error y pidiendo disculpas, ni el Gobierno ni el PSOE han emitido rectificación alguna. Por el contrario, el partido socialista ha reafirmado su posición en redes sociales, exigiendo a Ayuso que destituya al capitán Bonilla.
La reacción del PP
El presidente aragonés no ha sido el único dirigente popular en alzar la voz contra esta situación. Alberto Núñez Feijóo, líder nacional del PP, también ha exigido al Gobierno que rectifique y reconozca que los ministros María Jesús Montero, Pilar Alegría y Óscar López han mentido al difundir este bulo.
«La Sexta ha rectificado. Ahora solo queda que lo haga el Gobierno», publicó Feijóo en su cuenta de X, adjuntando el mensaje de disculpa del director de La Sexta Noticias, Rodrigo Blázquez.
Por su parte, Miguel Tellado, portavoz del PP en el Congreso, ha definido a los tres ministros implicados como «mentirosos, corruptos y desde hoy también patéticos», añadiendo que «el PSOE es mentira y toda España lo sabe».
Un conflicto que trasciende el bulo
Azcón ha calificado este asunto como «extraordinariamente grave» y lo considera «otro signo del deterioro en el que se encuentra el gobierno de España en este momento». El presidente aragonés ha sido especialmente duro con Pilar Alegría, no solo por su condición de portavoz del Gobierno sino también por ser la secretaria general del PSOE en Aragón.
«Es extremadamente grave que la portavoz del gobierno difunda bulos con total impunidad. Aunque Pilar Alegría sea la portavoz de las mentiras de Sánchez existen límites. Debería retractarse de manera inmediata y pedir perdón a la Guardia Civil», escribió Azcón en su cuenta de X.
Este episodio se produce en un contexto de creciente tensión política en España, donde la difusión de bulos y noticias falsas se ha convertido en una preocupación para la salud democrática del país. No en vano, el propio Gobierno aprobó en diciembre de 2024 un anteproyecto de Ley Orgánica Reguladora del Derecho de Rectificación, con el propósito declarado de «asegurar que los ciudadanos afectados por noticias falsas o bulos puedan ejercer su derecho a la rectificación».
La paradoja de la ley de rectificación
Resulta paradójico que sea precisamente la ministra Pilar Alegría, quien como portavoz anunció la aprobación de esta ley contra los bulos, la que ahora se encuentra en el centro de la polémica por difundir informaciones falsas. En aquella rueda de prensa de diciembre, Alegría destacó la importancia de combatir «los bulos y las fake news» por «el impacto que tienen en el debate público y en general la democracia».
El anteproyecto de ley, que sustituye a una normativa de 1984, amplía el derecho de rectificación a medios digitales e incluye a los ‘influencers’ con más de 100.000 seguidores. Según explicó entonces el ministro Félix Bolaños, «hay profesionales del bulo y de la mentira que todos los días enfangan nuestro debate público con mentiras y con falsedades».
La situación actual plantea serias dudas sobre la coherencia del Gobierno en su lucha contra la desinformación, cuando son sus propios miembros quienes difunden informaciones no contrastadas con evidentes fines políticos.
Un contexto de creciente polarización
Este incidente se produce en un momento de alta tensión política en España, donde las acusaciones cruzadas entre Gobierno y oposición son constantes. Desde diversos sectores se ha denunciado lo que consideran una estrategia gubernamental para desacreditar a instituciones como la Guardia Civil o el poder judicial.
En un artículo de opinión publicado en The Objective el pasado marzo, se acusaba al Gobierno de Sánchez de promover «ataques a la libertad de conciencia y expresión» y de utilizar «la difusión de bulos, filtraciones de materias reservadas, mentiras y tergiversaciones» como herramienta política.
Mientras tanto, en Aragón, Azcón enfrenta sus propios desafíos políticos, incluyendo tensiones con Vox por los presupuestos regionales y la gestión de menores migrantes no acompañados. Según fuentes conocedoras, Vox estaría presionando al presidente aragonés para que emita «declaraciones explícitas» en las que reconozca que «Vox tenía razón» en su postura sobre inmigración.
El futuro de la controversia
A fecha de 2 de junio de 2025, la polémica sigue abierta y no parece que vaya a resolverse en el corto plazo. La negativa del Gobierno a rectificar contrasta con la exigencia de responsabilidades por parte del PP, que ve en este episodio una muestra más de lo que consideran una estrategia de manipulación informativa desde Moncloa.
La cuestión de fondo trasciende el bulo concreto y plantea interrogantes sobre los límites éticos en la comunicación política y el papel de las instituciones en la lucha contra la desinformación. Mientras tanto, la ciudadanía observa con preocupación cómo el debate público se degrada con acusaciones cruzadas que dificultan el abordaje de los problemas reales del país.
¿Sabías que el término «bomba lapa» proviene del molusco que se adhiere fuertemente a las rocas? Este tipo de artefactos explosivos, tristemente famosos por su uso por parte de ETA, reciben su nombre por su capacidad de adherirse mediante imanes a la parte inferior de los vehículos, lo que los hace especialmente peligrosos y difíciles de detectar. La mención a este tipo específico de artefacto en el bulo difundido añade un componente especialmente sensible en España, dado el doloroso historial de atentados terroristas que ha sufrido el país.
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