Hemeroteca socialista: los 4 pufos más tremendos del gobierno de Ximo Puig… y Rebeca Torró

Siempre es buen momento para tirar de hemeroteca y bucear en cualquier tipo de corruptelas o pufos tremebundos de los socialistas, pero más aún en el tiempo que nos toca vivir en este verano de 2025. 

Así lo hacemos en el caso concreto de la Comunidad Valenciana, una región de la que los socialistas han ostentado el poder durante 8 convulsos años, entre 2015 y 2023, con el terrorífico Ximo Puig al mando.

El expresidente socialista dejó tras de sí una ristra de polémicas que han agitado la actualidad política, judicial y mediática. Hoy repasamos los cuatro grandes ‘pufos’ que, a día de hoy, siguen marcando la agenda pública valenciana y nacional. No faltan ingredientes: desde contratos millonarios en plena pandemia a subvenciones familiares con aroma a favoritismo, pasando por vuelos de mascarillas con final amargo y un reguero de ayudas a entidades catalanistas.

Pero hay más. En estos pufos tiene que ver decisivamente Rebeca Torró, la nueva secretaria de organización del PSOE colocada por Pedro Sánchez. Entre 2022 y 2023, Torró fue consellera de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad Sostenible. Y aquí les dejamos los pufos infames:

1. Subvenciones a empresas familiares: el caso del hermano incómodo

El primer capítulo de esta hemeroteca socialista lo protagoniza Francis Puig, hermano del expresidente. La justicia investiga desde hace años la concesión de subvenciones públicas a empresas ligadas familiarmente al líder socialista. El escándalo estalló cuando se supo que Comunicacions dels Ports S.A. y Mas Mut Produccions S.L., administradas por Francis Puig, recibieron ayudas para el fomento del valenciano en medios locales.

Las pesquisas judiciales han detectado indicios sólidos de estafa agravada y falsedad documental: facturas presuntamente falsas, sociedades instrumentales y domicilios ficticios para justificar cobros irregulares por valor de al menos 67.500 euros entre 2015 y 2018. El procedimiento abreviado dictado por el juez descarta por ahora fraude de subvenciones —al no superar el umbral penal— pero el proceso sigue su curso y mantiene en vilo a los Puig y al socialismo valenciano.

La sombra del escándalo se alarga aún más cuando se recuerda que otras empresas vinculadas, como Kriol o Canal Maestrat, también recibieron fondos públicos para campañas o programas educativos. La polémica ha sido combustible para la oposición y ha erosionado la imagen de transparencia prometida por el Consell socialista.

2. Mascarillas exprés: contratos opacos y compras millonarias durante la pandemia

El segundo pufo —y seguramente el más costoso— lleva el sello inconfundible de la gestión sanitaria durante la crisis del COVID-19. Con la urgencia como excusa, Sanidad adjudicó decenas de millones en compras directas sin concurso público ni control exhaustivo. Una de las operaciones más llamativas fue la adjudicación del mayor contrato sanitario de la historia valenciana a la empresa Keping, intermediada por la entonces secretaria autonómica Rebeca Torró: 31,5 millones de euros para material sanitario adquirido a proveedores chinos.

Pero el asunto no acaba ahí. Las auditorías internas y los informes parlamentarios han destapado un rosario de irregularidades:

• Se omitió el control sobre compras verbales por valor de 82 millones en material sanitario adquirido en el extranjero.
• Sanidad pagó diferencias superiores al 100% por las mismas mascarillas a distintos proveedores chinos.
• La Generalitat ocultó durante semanas los detalles del primer contrato para traer ocho aviones desde China cargados de suministros esenciales.

Esta política acelerada permitió mover dinero público con una flexibilidad inédita… pero también sembró dudas sobre precios inflados, comisiones sospechosas y la falta total de fiscalización previa o posterior.

“Torró medió para adjudicar a Keping el mayor contrato de la Generalitat durante la pandemia, que se suscribió por la vía de emergencia: 31,5 millones…”

La gestión sanitaria bajo presión está lejos de ser excusa suficiente ante semejante descontrol económico-administrativo.

3. Los “aviones chinos” y el festival del gasto

Pocos episodios ilustran mejor el caos que reinó durante los meses más duros del COVID-19 como la rocambolesca historia de los aviones fletados por el Consell para traer material sanitario desde China. La Generalitat valenciana gastó 13,5 millones solo en los primeros vuelos —de un total previsto mucho mayor— sin aclarar nunca cuántos recursos llegaron realmente a destino ni bajo qué criterios se seleccionaron proveedores.

Para añadir suspense al caso, trascendió que los contratos se formalizaban después de haber recibido ya parte del material; las facturas bailaban según el proveedor; y hubo una absoluta opacidad sobre los intermediarios implicados.

En resumen:

• Se realizó una especie de “subasta” acelerada en la que prevalecía quien pudiera entregar antes —no quien ofreciera mejor precio o garantías—.
• La Generalitat retrasó un mes entero la publicación del primer contrato millonario para importar material pandémico.
• Se pagaron sobrecostes desproporcionados entre lotes idénticos, según revelaron posteriores investigaciones internas.

Todo ello generó un agujero negro presupuestario difícilmente justificable incluso en tiempos excepcionales.

4. Riego generoso a entidades catalanistas

El cuarto gran pufo tiene menos brillo mediático pero suma un elevado coste político y simbólico. Durante los gobiernos socialistas presididos por Ximo Puig, la Consejería de Cultura canalizó 20 millones hacia entidades vinculadas al catalanismo cultural. Estas ayudas se justificaron oficialmente como promoción cultural o apoyo al multilingüismo… aunque buena parte fueron a parar a organizaciones con una agenda política definida muy alejada del consenso social valenciano.

La lluvia fina (y persistente) sobre estos colectivos ha sido objeto continuo de crítica por parte tanto del Partido Popular como de Ciudadanos y Vox en Les Corts Valencianes:

• Se acusa al Consell socialista de favorecer redes afines bajo apariencia cultural.
• Diversos informes parlamentarios han pedido mayor transparencia sobre criterios y destinatarios reales.
• El debate sobre si estas transferencias fortalecen o desdibujan la identidad valenciana sigue vivo en medios y tertulias políticas.

No faltan quienes ven aquí un intento calculado por reforzar apoyos ideológicos fuera del ámbito estrictamente autonómico; otros lo consideran simple clientelismo político con dinero público.

Curiosidades, cifras insólitas… y alguna ironía final

• ¿Sabía usted que uno de cada tres euros gastados en material COVID durante 2020 acabó siendo revisado judicialmente?
• En plena pandemia volaron más contratos exprés desde Valencia que mascarillas homologadas llegaron realmente a hospitales.
• La suma total estimada entre subvenciones familiares investigadas, contratos opacos e importaciones dudosas supera holgadamente los 120 millones.
• El término “hermano incómodo” se ha colado ya como muletilla habitual entre diputados autonómicos… aunque algunos prefieren apodarlo directamente “el Francisgate”.
• Y mientras tanto, decenas de expedientes duermen su siesta judicial aguardando sentencia firme… pero no necesariamente final.

Valencia no olvida fácilmente los efectos secundarios —ni las secuelas económicas— del paso socialista por el Palau; tampoco parece dispuesta a repetir receta en próximas convocatorias electorales.