Es para miccionar y no echar gota.
El ministro de Consumo, Alberto Garzón, se vanagloria de haber sacado adelante la primera ley en España para regular el servicio de atención al cliente. Pero tiene trampa la cosa:
El problema es que esta normativa no incluye a organismos como Hacienda, el Servicio Público de Empleo o la Seguridad Social, que son precisamente los que más quejas han recibido por parte de los ciudadanos a la hora de intentar resolver problemas administrativos y se han topado, por contra, con innumerables trabas a la hora de poder entablar conversación con un operador físico:
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