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El fallo puede estar listo a principios de mayo

El Constitucional se decanta ahora por eliminar el término “nación”

Los magistrados trabajan ya con un nuevo borrador de la ponencia

Miguel Gil 29 Mar 2010 - 13:10 CET
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El Tribunal Constitucio­nal se decanta hoy por constatar que Cataluña “ni es ni será nación” en su retrasadísimo fallo sobre el Estatuto de Cataluña, que, entretanto, va implan­tándose por la vía de los hechos. así lo trasladan a La Gaceta fuentes jurí­dicas de la máxima solven­cia, al tanto de los porme­nores de las deliberaciones y reuniones informales que vienen sucediéndose en el seno del tribunal para llegar a un acuerdo.

Asimismo, aventuran que tras Semana Santa van a precipitarse los acontecimientos y “podríamos tener una sentencia a comienzos de mayo”. los 10 magistra­dos del Tribunal Consti­tucional que deliberan sobre los recursos del Par­tido Popular y del Defen­sor del Pueblo ya estudian un nuevo borrador oficial de la ponencia que redac­ta la magistrada progre­sista Elisa Pérez Vera (ya han debatido al menos otros cuatro).

Hasta el momento, se han precipitado los encuentros tratando de aproximar posiciones en el “confesionario”, tal y como definen jocosamen­te al despacho de la presi­denta del Tribunal Cons­titucional, la progresista María Emilia Casas. En estas charlas oficiosas no han participado todos los magistrados y se trata, según las fuentes consul­tadas, “de un método de trabajo completamente irregular”.

GRUPOS CLAROS

“Están como siempre, con dos bloques definidos y más marcados que hace meses”, relatan. los 10 magistrados, cinco ads­critos al denominado blo­que progresista y otros tantos al conservador, no han sido capaces de encontrar una solución a la constitucionalidad de la norma catalana. En su día se especuló sobre la posición “permeable” del progresista Manuel ara­gón. Sin embargo, confor­me ha ido trascurriendo el tiempo, aragón “se ha decantando hacia la del bloque progresista”.

El pasado acercamiento de este magistrado hacia los conservadores llegó a interpretarse “como una maniobra” para tratar de ahormar un tercer bloque posibilista que “al final tirara hacia la constitu­cionalidad del Estatuto con concesiones míni­mas”. Candidato oficioso a la presidencia del Tri­bunal Constitucional, ahora “vuelve” a su blo­que natural.

El reparto de una nueva ponencia implica la inten­ción de acelerar los pasos, y por eso se especula con un Pleno tras Semana Santa. En caso de blo­queo, bastante probable, o se varían posiciones mientras se delibera, o María Emilia Casas utili­za su voto de calidad. De lo contrario, se dilataría el fallo o se aplica el artícu­lo 254 de la ley Orgánica del Poder Judicial.

Según éste, “1. la vota­ción, a juicio del presiden­te, podrá tener lugar sepa­radamente sobre los dis­tintos pronunciamientos de hecho o de derecho que hayan de hacerse, o parte de la decisión que haya de dictarse; 2. Votará prime­ro el ponente y después los demás magistrados por orden inverso al de su antigüedad. El que presi­da votará el último; 3. Empezada la votación, no podrá interrumpirse sino en caso de fuerza mayor”. Las fuentes jurídicas consultadas predicen que “lo más probable es que acabe aplicándose” este artículo.

“Las declaraciones del otro día de Zapatero no son casuales”, apuntan las mismas fuentes. El presi­dente del Gobierno viene defendiendo sin concesio­nes la constitucionalidad del nuevo Estatuto cata­lán que él mismo impulsó, pero el pasado martes, haciendo lo propio, mati­zaba sobre la “nación” catalana incluida en el texto: “a mí no me produ­ce inquietud que se pro­dujera esta definición, pero jurídicamente, desde el punto de vista constitu­cional, es más adecuado que digamos que es una nacionalidad y que políti­camente es una comuni­dad autónoma”.

Para el Tribunal Cons­titucional, España es una nación, y no una nación de naciones discutida y discutible. Ése es el esce­nario en el que hoy traba­jan los magistrados, en lugar de la interpretación sobre el concepto nación incluido en el preámbulo que venían barajando a lo largo del año pasado.

PARALIZADO

El Tribunal Constitucio­nal lleva prácticamente paralizado desde hace cuatro meses (han alum­brado sentencias de Sec­ción, pero ni de Sala ni de Pleno). El TC no aborda nuevos asuntos. Tras más de tres años y medios sin pronunciarse sobre el Estatuto catalán, empie­zan a estar muy nerviosos “porque esto ya es un escándalo”, confiesan pro­nosticando que tras Semana Santa “va a haber un desenlace”.

El Partido Popular fue el primero en presentar un recurso de inconstitucionalidad con­tra el Estatuto de Catalu­ña. Fue el 31 de julio de 2006, y el 28 de septiem­bre fue admitido a trámi­te. Se acerca abril de 2010 y la sentencia no aparece por ninguna parte. Recien­temente la presidenta del Tribunal Constitucional, en respuesta a preguntas de la GaCETa desde los pasillos del Congreso de los Diputados, declaraba que la sentencia llegaría “muy pronto”.

FALLO INCÓMODO

El Estatuto de Cataluña ha ido derivando en un auténtico campo de minas para los políticos confor­me van acercándose las elecciones catalanas. Ni a los populares ni a los socialistas les interesa hoy que salga a la luz un fallo que, casi con total proba­bilidad, no va a contentar absolutamente a nadie y podría enrarecer el ambiente de cara a los comicios.

Más allá de los políticos, la sentencia marcará un antes y un después en el prestigio del Constitucional.De momento, la gestión del fallo se ha ganado un des­crédito generalizado, “aún más del que ya acu­mulaba”, concluyen. En cualquier caso, el males­tar de los magistrados ha llegado también a los letrados, que afirman que “están hartos” de esta situación.

LA NORMA CATALANA

El contenido de la norma catalana tiene en jaque al Consti­tucional. Tras casi cuatro años, no ha sido capaz de resolver los puntos polémicos del ‘Estatut’. Donde parece que hay unani­midad para rechazar el texto es en la creación de un poder judicial autonómico. Otro punto caliente es el término nación, pues ahora parece que se quiere eliminar. Siguen sin resolverse las transferencias, la relación de bilaterali­dad, los símbolos y los derechos históricos.

Originalmente publicado en La Gaceta.

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