Rato creó sociedades en varios países a nombre de su ex mujer, tres hijos, su hermana y una sobrina

El ex presidente de Bankia, ex vicepresidente del Gobierno y ex presidente del Fondo Monetario Internacional, Rodrigo Rato, es sospechoso de intentar alzar bienes mediante un complejo entramado societario.

Según publica El Mundo, en las empresas bajo investigación figuran como titulares miembros de su familia, incluidos los hijos fruto de su matrimonio con su ex esposa María Ángeles Alarcó, actual presidenta de la empresa pública Paradores. También se analizan empresas vinculadas a su hermana Ángeles y una sobrina.

La denuncia cuenta con más de 80 páginas y detalla propiedades vinculadas a Rato en paraísos fiscales, incluidos Gibraltar y Suazilandia, en contra de la versión facilitada por el ex ministro en la víspera sobre que no tenía ni había tenido sociedades en territorios opacos. En la denuncia también figuran sociedades vinculadas a Rato en Holanda, Reino Unido, Estados Unidos y República Dominicana.

Expandir contenido

La Agencia Tributaria también acusa a quien fuera guardián de la Hacienda española de perpetrar tráfico de divisas por valor de 12 millones mediante operaciones en Luxemburgo, Suiza, Gibraltar, Irlanda y Holanda. El periodo investigado abarca desde 2009 hasta 2014. Rato asumió la Presidencia de Caja Madrid en 2010 y dejó el cargo en mayo de 2012.

Rato ya está imputado por el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu en la causa sobre la fusión y la salida a Bolsa de Bankia. Igualmente, se le investiga en la pieza separada en la que se analizan las ‘tarjetas black’ opacas al fisco en la que los exconsejeros de Bankia y de Caja Madrid cargaron 15,5 millones de euros, informaron fuentes jurídicas.

Igualmente, Rato aparece en sendas querellas presentadas por UPyD y Manos Limpias en relación con sobresueldos que habrían cobrado directivos de Caja de Madrid durante las presidencias de Miguel Blesa y Rodrigo Rato.

El FROB puso en conocimiento de la Fiscalía esta práctica presuntamente irregular, y el Ministerio Público la judicializó en un órgano de Instrucción de Madrid sin que por el momento el asunto haya avanzado.