Ábalos ‘aterriza’ en los juzgados: se hace oficial la querella contra el ministro por prevaricación

José Luis Ábalos ha sido oficialmente denunciado por el presunto delito de prevaricación.

Periodista Digital ha accedido a la querella interpuesta contra el ministro de Transportes por parte de Sergio Cebolla de Ávila, líder del Partido Laócrata, a raíz de las denuncias de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de estar siendo sometidos a presiones para borrar las imágenes tomadas por las cámaras de seguridad del Aeropuerto de Madrid-Barajas Adolfo Suarez, como ha adelantado en exclusiva este diario.

La medida judicial se suma a las las diligencias interpuestas tanto por el Partido Popular como por Vox ante la Fiscalía General de España, así como a la petición de Ciudadanos presentada en Estrasburgo para investigar todos los hechos ocurridos en el Aeropuerto de Madrid-Barajas Adolfo Suarez a través de la Comisión Europea que vinculen al gobierno de España con la vicepresidenta del régimen venezolano, condenado por sus ataques a la democracia, la violación de Derechos Humanos y nexos con el crimen organizado.

Sergio Cebolla de Ávila, líder de la agrupación política, ha liderado la nueva ‘embestida’ legal contra el ministro de Pedro Sánchez a partir de las informaciones exclusivas que ha publicado Periodista Digital, donde los funcionarios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado denunciaban el interés del «gobierno progresista para que las imágenes de las cámaras de seguridad desaparezcan».

En este sentido, consideran que se habría cometido «la presunta comisión de un delito de prevaricación tipificado en el artículo 404 del Código Penal».

Es importante recordar que el artículo 404 del Código Penal fija el siguiente tipo penal: «a la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo se le castigará con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de nueve a quince años”.

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La medida legal toma en consideración la importancia de los plazos para evitar la destrucción o borrado de las imágenes de las cámaras de seguridad. En este sentido, fuentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado indican que:

“Al menos que exista una orden explícita, las grabaciones externas son eliminadas a los siete días, mientras que aquellas que son tomadas en el interior se borran a los 15 días. A pesar de que no ha habido una orden directa de destruir las grabaciones, sí existen un gran control sobre el material y presiones para que se borren en cuánto sea posible”, explican a Periodista Digital.

Sin embargo, temen que “debido a la polémica que está rodeando al encuentro, nos den una orden directa para su destrucción”.

La querella también solicita tres aspectos fundamentales para la preservación de las pruebas de los hechos ocurridos en el Aeropuerto de Madrid-Barajas Adolfo Suarez.

En este sentido, solicitan a la Sala Segunda del Tribunal Supremo que:

• 1. se aseguren y custodien las grabaciones de todas las cámaras de seguridad (tanto dentro como fuera del terminal ejecutivo);
• 2. que se aseguren y custodien los planes de vuelos y registros del avión donde llegó a España la vicepresidenta de Nicolás Maduro;
• 3. que se aseguren y custodien los planes de vuelo y registro de los pasajeros del vuelo comercial con destino a Doha (Catar), del que salió Delcy Rodríguez de España.

Las presiones judiciales contra Ábalos se suman a las medidas internacionales que, según ha adelantado este diario, estarían avanzando Estados Unidos a través de la Interpol junto a la DEA y el FBI, ya que Delcy Rodríguez también está solicitada por sus vínculos con el narcotráfico. Justamente, se podría cursar una orden de captura internacional contra el ministro de Transportes, lo que habría sido el motivo inesperado de la cancelación de su viaje a Colombia.