Rafael Rubio (PSOE), el ‘acosador’ político de Rita Barberá, escondió casi 200.000 euros en mordidas

Es lo que popularmente se viene a llamar Justicia divina.

Pero es que además el personaje es reincidente en estas lides.

Rafael Rubio, socialista en la Comunidad Valenciana y más conocido por ser el ‘acosador’ político de Rita Barberá, vuelve a ser noticia y no precisamente por sus buenas prácticas.

Quien denunciaba las supuestas corruptelas de la que fuera alcaldesa de Valencia acaba de quedar nuevamente al descubierto por los casi 200.000 euros que escondió de diferentes mordidas.

Los informes de la UCO (Unidad Central Operativa) de la Guardia Civil en el ‘caso Azud‘ dan cuenta de como el concejal socialista habría percibido «comisiones ilícitas» por parte de la presunta trama corrupta del empresario Jaime Febrer.

Rubio ya fue noticia hace justo un año, en 2021, siendo subdelegado del Gobierno en Valencia, cuando efectivos de la Benemérita entraron en su domicilio y en el del que fuera vicealcalde de la ciudad, Alfonso Grau (PP).

Además, el empresario Jaime Febrer, además de casi una decena más de personas que están siendo investigadas en el marco de la operación Azud en la que ya fue detenido en 2019 el cuñado de la exalcaldesa Barberá.

Dicha operación policial investiga el supuesto cobro de comisiones a contratistas en el Ayuntamiento de Valencia, según han confirmado fuentes de la investigación.

La delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Gloria Calero, tuvo que anunciar cese inmediato Rubio tras la detención.

Los arrestos se produjeron en Valencia, Alicante, Madrid, Baleares y Tomelloso. Todos están investigados por participar en una red de presunto cobro de comisiones a cambio de adjudicaciones urbanísticas en suelo público y de adquisición de solares a precios ventajosos.

Según las investigaciones de la Guardia Civil, Grau pudo haber cobrado mordidas de un millón de euros y Rubio, que fue portavoz socialista en el Ayuntamiento de Valencia, 500.000 más, en metálico o en especie, por facilitar el derecho de contratación en parcelas de propiedad municipal a empresas constructoras, entre ellas la que pertenecía a Jaume Febrer, Construcciones Valencia Comstitución (CVC), disuelta judicialmente en 2013 pero que es considerada por la UCO como el eje central de la trama.