Cancerígena doble vara de medir: Griñán (PSOE) no va a la cárcel mientras que Zaplana (PP) iba custodiado por la Guardia Civil para recibir la quimioterapia

Toman a la gente por tonta.

O al menos creen que lo consiguen.

A Dios gracias, la hemeroteca acaba poniendo en su sitio a todo el mundo.

Y ahora, con el asunto del cáncer aducido por la defensa de José Antonio Griñán (PSOE) para no entrar en prisión para cumplir condena de seis años por los EREs fraudulentos, sale a colación como la Justicia no siempre fue tan caritativa.

El mejor ejemplo lo conforma quien fuera presidente de la Comunidad Valenciana y posterior ministro de Trabajo en la segunda mitad de la última legislatura de José María Aznar, Eduardo Zaplana (2002-2004).

El político valenciano, acusado también de corrupción por el ‘caso Erial‘, si bien aún no ha sido juzgado, tuvo que ingresar en la cárcel en 2018.

Allí estuvo cerca de 260 días en los que tuvo que encarar un tratamiento contra la leucemia que le atacó en el año 2015.

Sin embargo, a diferencia del expresidente socialista de Andalucía, a Zaplana no solo no se le permitió poder abandonar la prisión, sino que cada vez que tenía que recibir una sesión de quimioterapia, tenía que ser custodiado por agentes de la Guardia Civil.

Además, si en el caso del expresidente valenciano aún no se ha celebrado el juicio, en el caso del que fuera jefe del Ejecutivo andaluz sí que se ha sustentado su caso en los juzgados y la sentencia no solo es firme, sino que además ha sido ratificada por el Tribunal Supremo.

Lo curioso del caso es que mientras la Fiscalía negó por activa y por pasiva los argumentos de la defensa de Zaplana para que este pudiera abandonar la cárcel mientras se sometía al tratamiento, a Griñán, en cambio, sí que se le aceptan esos mismos argumentos que se le tumbaron al político del Partido Popular.

Es decir, lo que para Griñán sí vale ahora, la imposibilidad de recibir tratamiento contra el cáncer de próstata que padece y que se le conceda un indulto parcial que evite su entrada en prisión basado expresamente en razones de humanidad y equidad, ni fue aceptado en el caso de Zaplana.

De hecho, Anticorrupción apeló a la gravedad de los delitos por los que se había enviado a prisión al exministro de Trabajo del PP, tales como cohecho, prevaricación, fraude, blanqueo de capitales y organización criminal, amén de  las elevadas penas aparejadas a esos delitos, a pesar de que estaba investigado pero no condenado, como ocurre en el caso de Griñán.

Incluso también se esgrimieron como argumentos a tener en consideración que, si Zaplana abandonaba la penitenciaría, podía haber un riesgo de fuga y de destrucción de pruebas.

Dudas sobre los informes médicos

Para más inri, tal y como detalla The Objective, a Zaplana también se le pusieron en solfa por parte de la Fiscalía los propios informes médicos presentados.

Según sostuvo el órgano judicial, en caso de necesitar asistencia de carácter urgente, el centro penitenciario en el que se encontraba estaba «a tan solo 19 kilómetros» del Hospital de la Fe de Valencia.

Se agregó que Zaplana recibía asistencia médica diaria en la cárcel:

El investigado está siendo controlado de forma más exhaustiva que si estuviese en libertad

La Audiencia Provincial de Valencia también abrazó la argumentación de la Fiscalía:

La probabilidad de sufrir una infección grave con riesgo vital en los próximos meses existiría también en el caso de seguir con lo que era su vida cotidiana.