Insólito: Un “error judicial” evita investigar al marido de la exdirectora de la Guardia Civil por blanqueo de capitales

Un error judicial evita la causa de corrupción contra el marido de la ex directora general de la Guardia Civil María Gámez, una investigación por la que terminó dimitiendo el 22 de marzo de 2023.

Según explica el diario ‘ABC’, la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla dictó un auto en el que estima el recurso presentado por Bienvenido Martínez Martínez, cuñado de Gámez y hermano de Juan Carlos Martínez —el marido de la antigua responsable del Instituto Armado—, contra la resolución del juez instructor, José Ignacio Vilaplana, en la que citaba a ambos como investigados por supuestos delitos de malversación de fondos públicos, prevaricación y blanqueo de capitales.

La pareja de Gámez está siendo investigada por presuntamente desviar fondos públicos millonarios desde IDEA, la agencia de la Junta de Andalucía encargada de las ayudas irregulares de los ERE, hacia una trama empresarial en la que también están involucrados su hermano Bienvenido Martínez y otro hermano llamado Manuel.

En una resolución emitida el pasado 24 de octubre, el tribunal que revisó el recurso determinó que el plazo de instrucción expiró en febrero de 2023, cuando se emitió la orden de imputación, según lo establecido en el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Este artículo fija límites temporales y extensiones para las investigaciones penales con el fin de evitar que se prolonguen indefinidamente.

De acuerdo con esta decisión, la Audiencia falló a favor del cuñado de Gámez y declaró que la instrucción del caso quedó «preconcluida» el 29 de julio de 2022. Por lo tanto, todas las acciones posteriores, incluyendo la imputación de ambos implicados y el informe pericial, serían anuladas.

El recurso presentado por la defensa de Bienvenido Martínez argumentó que no se había realizado la extensión obligatoria del plazo de la investigación principal que condujo a este caso, dentro de los límites de tiempo establecidos.

El mismo abogado que logró desestimar el caso de corrupción de Isofotón, en el que otro tribunal estaba investigando a 37 ex altos funcionarios de la Junta y a la empresa fotovoltaica de Málaga que cerró tras recibir 80,5 millones de financiamiento público de manera irregular por parte de anteriores gobiernos andaluces del PSOE, fue quien presentó esta impugnación.