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Lo ha vuelto a hacer.
Cayetana Álvarez de Toledo derrota de nuevo en los tribunales al padre de Pablo Iglesias, ya que estos avalan que se refiriese a él como «terrorista».
Si 2023 comenzó con el primer revolcón al progenitor del confundador podemita en el Juzgado de Primera Instancia número 3 de Zamora, ahora es la Audiencia Provincial de esa misma provincia la que vuelve a darle la razón a la política del PP.
La diputada popular se refirió a Pablo Iglesias en el año 2020 en el Congreso de los Diputados «hijo de un terrorista» por su vinculación a la organización terrorista FRAP.
El padre del exlíder de Unidas Podemos decidió entonces demandar a Álvarez de Toledo por utilizar ese término tanto en el hemiciclo como en una posterior entrevista al diario ‘ABC‘.
Sin embargo, el tiro volvió a salirle por la culata ya que la Audiencia Provincial de Zamora avala la expresión usada por la parlamentaria de la formación de Génova 13:
La expresión ‘terrorista’, que es en la que se centra el recurrente, así como las referencias a ‘cargarse el orden democrático’ o al ‘antifranquismo antidemocrático’ del actor, deben considerarse un juicio de valor, por lo que el derecho concernido es el derecho a la libertad de expresión, y ello sin perjuicio de que el calificativo indicado se fundamente en una serie de datos o de hechos concretos que se exponen la citada entrevista, como son la militancia del Sr. Iglesias en una organización ‘el FRAP’, de la que la demandada afirma que ‘es una organización terrorista’»
El terrorista FRAP
El Frente Revolucionario Antifascista y Patriota fue una organización terrorista creada en 1973 por el Partido Comunista de España.
En su fundación colaboraron el exministro republicano Julio Álvarez del Vayo y su grupo, la Unión Socialista Española.
El FRAP destacó por el uso de la violencia contra la dictadura de Francisco Franco.
Dos años después de su creación, en 1975, asesinó en atentados terroristas a dos miembros de las Fuerzas de Seguridad e hirió gravemente a uno más.
Tres de sus militantes fueron parte de los cinco últimos fusilados por la dictadura el 27 de septiembre de 1975.
Seis asesinatos
El FRAP se ‘estrenó’ en la violencia el 1 de mayo de 1973.
Durante las manifestaciones celebradas en Madrid y convocadas por el PCE, fue asesinado a apuñaladas Juan Antonio Fernández Gutiérrez. Un subinspector de la Brigada Político-Social (BPS) de solo 21 años.
En 1975, el FRAP realiza ataques terroristas que califican de «lucha armada» o «ataques» contra miembros de la policía política y de la Guardia Civil.
El 14 de julio de 1975, un comando del FRAP asesina de ocho disparos a Lucio Rodríguez Martín, agente de la Policía Armada con un año de antigüedad y que prestaba servicio de vigilancia en las oficinas de la compañía Iberia.
No fue el único. Otro policía es gravemente herido y en agosto varios miembros del FRAP asesinan a un teniente de la Guardia Civil, Antonio Pose Rodríguez.
Finalmente, en septiembre de 1975 abatían los miembros del FRAP a otros dos policías nacionales, Juan Ruiz Muñoz y Diego del Río Martín.
Como consecuencia por los asesinatos, fueron detenidos numerosos militantes y se celebraron dos consejos de guerra, en los que se condenó a muerte a tres militantes del FRAP (Xosé Humberto Baena Alonso, José Luis Sánchez Bravo y Ramón García Sanz), y dos de ETA (Juan Paredes Manot y Ángel Otaegui).
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